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Una publicación de la asociación SER

Señor Presidente: La CONFIEP no es el Perú

Foto: Presidencia de la República

Teresa Santillán. Abogada

El covid-19 no sólo confirmó que tenemos un deficiente sistema de salud; que la pobreza, y la desigualdad impactan más fuerte en los que menos tienen; sino que el “sistema económico” impuesto hace casi 30 años, está hecho para beneficiar a las grandes empresas.

Así, el 6 de abril, en medio de la desesperación por la pandemia y con altas posibilidades de que muchas personas se queden sin empleo y sin dinero; y que muchas empresas quiebren,  se creó mediante Decreto Legislativo N° 1455 el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos, más conocido como “Reactiva Perú”, con el objetivo de financiar fondos de capital de trabajo de las empresas, para tener con que pagar a sus trabajadores y proveedores, y “asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional”.

A simple vista parecía una medida bien pensada: apoyar a las empresas para mantener el dinamismo económico. Pero en el camino se fue viendo que no todas son “suficientemente atractivas” para este Programa, como las microempresas y las pequeñas empresas. Esto se confirmó el domingo 14 de junio, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas en pos de la transparencia en la información, publicó la primera lista de las 71,553 empresas que han accedido a este Programa. Y al vuelo se observa que de los 24 mil millones de soles entregados, el 71% fue a dar a las grandes empresas, mientras que a las pequeñas empresas y microempresas, el 20% y 3% respectivamente.

El escándalo se acrecentó cuando nos enteramos que varias empresas cuestionadas por corrupción son beneficiarias de este programa, es más el propio Presidente en conferencia de prensa, expresó “Si se está haciendo un esfuerzo de apoyar con liquidez para que no se rompa la cadena de pagos, que no se filtren ahí los que no deben”, y apelando a los bancos a que revisen los filtros para acceder al programa, así como se apelaba a la “solidaridad”.

¿Pero qué hay detrás de todo esto? Y ¿Qué no estamos viendo?

Nuestro país tiene una de las más altas tasas de empleo informal. Por ello el aislamiento social ha mellado directamente en la población que obtenía ingresos de la informalidad, y quienes pese al “estado de emergencia” tuvieron que salir a la calle bajo la consigna, “o te mata el virus, o te mata el hambre”, ya que los bonos llegaron tarde o nunca. Y tampoco se pensó en estrategias o acciones para aplacar la informalidad, y reactivar el ingreso de las familias que como siempre se las tienen que ingeniar para subsistir.

Desde otra arista nos preguntamos ¿Quién debería administrar el programa? ¿No debería ser el propio Estado?, pues sí debería. Sin embargo, nuestra limitada capacidad de gestión, y la demora en los procedimientos hizo que la administración del Programa este a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), y también la verificación de los créditos que otorgan las Entidades del Sistema Financiero. No obstante ¿el decreto que crea el programa pudo haber incluido como parte de las condiciones, que la empresa que acceda al beneficio no esté vinculadas con actos de corrupción? Particularmente creo que sí, así como se estableció en el artículo 6, que las empresas beneficiadas no deben tener deudas tributarias, se pudo poner “un candado” y no sólo apelar a la buena voluntad de quienes sabemos no la tendrán.

En ese sentido, ¿Hubo intención por parte del gobierno de reactivar la economía del país? Pues parece que no, el beneficio siempre es para las grandes empresas, y no para las pequeñas empresas, microempresas, o para los negocios familiares. Esta “reactivación” en la economía no va a tener impactos en la población pobre y pobre extrema, quienes son los que conforman el país, los que se quedan luego de que las empresas se van, los que sufren la precariedad. Señor Presidente: la CONFIEP no es el Perú.