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Una publicación de la asociación SER

Seriedad en la firma de actas de acuerdos

Foto: CAAP

Según el último Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo Nº 170, del mes de abril pasado, se registraron 196 conflictos sociales: 144 activos y 52 latentes. Y de estos, 82 casos se encuentran en proceso de diálogo. Para este organismo del Estado, el diálogo sería “[el] momento en donde se desarrolla un proceso comunicacional en el que los actores intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas”.

Normalmente estos espacios de diálogo tienen como horizonte lograr ponerse de acuerdo mediante compromisos que se firman en actas de acuerdos. Usualmente estos documentos son una suerte de garantía escrita para los demandantes que se obtienen de las partes demandadas. El acta de acuerdo es el punto de partida para la transformación del conflicto social.

Pero también es verdad que estas actas en algunas ocasiones no han sido honradas por alguna de las partes, normalmente por quienes fueron los demandados. Ya sea por falta de seriedad, torpeza o porque la firma de esos documentos fueron una “estrategia” o medio para “ganar tiempo”.

En este sentido, en una entrevista en El Comercio (http://gg.gg/adlj4), el nuevo viceministro de Gobernanza y Territorio, Raúl Molina, ante la pregunta de si se continuarán firmando actas en mesas de diálogo, respondió que “en lo posible, no”. Y que no deseaba de “que sea la práctica”.  Según afirmó, “las mesas de diálogo fueron una respuesta a la falta de respuesta. La gente ya se aburrió de eso”.

Tiene razón cuando afirma que para algunos actores en conflictos la fórmula de firmar actas es una metodología que hoy en día ya “aburrió”. Pero este aburrimiento puede haber surgido porque la experiencia ha demostrado que la firma de esos compromisos no ha sido garantía para resolver los distintos problemas y demandas propios de la conflictividad social. El desprestigio de ese documento no es por su propia naturaleza, sino que muchas veces no se han honrado los compromisos adquiridos. Si no se cumplen, ¿por qué creer que la “gente” no se aburrirá con esa fórmula?

Pero el desafío no solo viene por allí. Como lo discutíamos con unos colegas expertos en conflictos sociales creíamos que optar por no firmar actas de acuerdo es un asunto más complejo. Por ejemplo, la firma de estos documentos no dejará de ser una fórmula para bajarle la intensidad a los conflictos sociales en los momentos de crisis. Y lo será porque no siempre los encargados de atender los casos de conflictividad tienen muchas opciones para negociar o satisfacer la atención del conflicto.

Así, imaginemos que el gestor o funcionario responsable de atender el conflicto social comience la negociación señalando que no tiene autorización para firmar algún compromiso. Por un lado, esto sería ponerle una camisa de fuerza al "gestor" del conflicto, que podría ser un funcionario de alguna oficina de gestión social o de algún ministerio, quien para cumplir lo dispuesto puede que termine dando vueltas y vueltas las negociaciones. Con esto evita llegar a un punto en donde esté obligado a concretizar su negociación en la firma de un acta. El problema es que de esta forma su “mesa de diálogo” se percibe como una “mecida” pudiendo agudizar el conflicto.

Por otra parte, los actores en conflictos sociales legítimamente podrían preguntarse sobre la conveniencia de dialogar con el representante del Estado quien no garantiza que cumplirá lo acordado debido a que no puede firmar actas de compromisos. Contrariamente a los que se desea, esto podría ser un incentivo para que los demandantes exijan la presencia del Premier o el ministro del sector, quienes supuestamente sí garantizarían el cumplimiento de los acuerdos no firmados.

Igualmente, no olvidemos que los liderazgos de los que protestan en los conflictos sociales están sometidos a presiones, no solo por sus dirigidos, sino por las disputas de poder al interior de las organizaciones que se organizan entorno a las protestas. La supervivencia o la afirmación de los liderazgos es lograr cosas concretas por parte del Estado. Y normalmente ha sido a través de la firma de compromisos expresados en actas de acuerdos.

Además, el acta es la formalidad para que el compromiso verbal sea real en el mundo occidental. Si lo vemos en términos interculturales, para los Pueblos Indígenas el acta es la forma de defender y reclamar sus derechos. Es la condición asumida para exigir, de acuerdo a los términos en que está constituido formalmente el Estado peruano, el cumplimiento de cualquier acuerdo firmado.

Es importante reconocer que el Estado no debe comprometerse con algo que no se puede cumplir. Lo mejor es tener gestores de conflictos capaces de convencer de que la solución a las demandas no pasa solo por firmar acuerdos sino por evaluar seriamente los compromisos antes de ser firmados. Este es el reto.