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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Sociedad civil y patrimonio cultural

¿Qué espera la ciudadanía organizada para proteger su patrimonio cultural?

Hasta ahora se ha invocado principalmente a los cambios de política de las autoridades públicas para procurar un mejor tratamiento del patrimonio cultural. De hecho tanto las políticas nacionales como las limitaciones institucionales no han contribuido sustancialmente para garantizar la protección de un recurso tan escasamente valorado en las cuentas nacionales y en los modelos de crecimiento económico. Las plausibles iniciativas que surgen de algunas entidades públicas y sus respectivos funcionarios se enfrentan al mismo aparato estatal en cuyo seno la distribución de poderes se inclina hacia formas de acumulación que básicamente se sostienen en políticas extractivas primarias sujetas a una  vulnerabilidad  de precios y mercados, y que en muchos casos consideran las expresiones culturales materiales como un obstáculo.

Nada más lejano a la realidad: el aprovechamiento de las potencialidades culturales (junto a las naturales) del territorio peruano podría significar la oportunidad para que actores económicos, sociales y políticos se articulen desde una visión distinta de comprender al país y su diversidad de oportunidades para construir desarrollo. Pero eso significa contar con un punto de partida: mirar al Perú con futuro, con proyección de largo plazo, con beneficio inclusivo para todas las personas. Mientras el modelo extractivista sesga las opciones de crecimiento y se enfrenta a otras, la puesta en valor del patrimonio cultural es compatible con la diversificación de las capacidades y potencialidades de los territorios, siempre y cuando supere los proyectos de corto plazo, construya institucionalidad, concierte esfuerzos entre intereses diversos y favorezca particularmente a las poblaciones locales.

Sin embargo, esta preocupación sobre la falta de voluntad política de los gobernantes para proteger el patrimonio que le hemos encargado no se limita a las autoridades políticas y a los funcionarios públicos. Trasciende al conjunto de la sociedad en la que la mayoría de hombres y mujeres siguen mostrando una escasa valoración sobre la significancia del recurso cultural para mejorar su calidad de vida, no solo concebida como beneficio material sino como identidad y orgullo de sentirse parte de una historia que nos proyecta hacia el futuro. Son innumerables los lamentables ejemplos de destrucción de patrimonio cultural en un escenario muy complejo en que está de por medio muchas veces la sobrevivencia misma de poblaciones. Mientras esa riqueza no sea considerada como una oportunidad para superar la pobreza, persistirá su destrucción o degradación.

En este contexto apelamos a la sociedad civil organizada como un sector que debiera empezar a tomar la iniciativa para lograr progresivamente incorporar el patrimonio cultural como parte de la vida y el desarrollo de la gente. Muchas instituciones sociales poseen la suficiente capacidad para ponerlo en la agenda pública y hacer la incidencia necesaria en ese camino. Vale resaltar la reciente decisión del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Asociación APORVIDHA de Cusco de presentar una demanda de acción popular contra el DS 054-2013-PCM que convierte de negativo en positivo el silencio administrativo cuando algún inversionista solicite el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). El eje de la demanda es la inconstitucionalidad de la norma en tanto establece una situación de “desprotección del patrimonio histórico cultural de la nación”, además de señalar que dicho recurso es fundamental para la identidad cultural de los peruanos y peruanas.

Iniciativas como éstas debieran estar acompañadas de campañas ciudadanas y mediáticas que resalten la importancia de convertir los bienes culturales en verdaderos símbolos patrios, dándole la significancia que se merece en los correspondientes planes de desarrollo de los Municipios y Regiones, comprometiendo tanto la inversión pública como la privada.  Podemos hacerlo.