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Una publicación de la asociación SER
Sociólogo sanmarquino

"Su comisión, congresista"

Foto: Andina

 

¿El actual Congreso de la República es de los peores de nuestra historia? Allí está la congresista Yesenia Ponce para responder a esta pregunta. Con sus evidentes mentiras ha pretendido aparentar lo que no es; volvió a hacer noticia al dejar la bancada que la acogió (Cambio 21) y aceptar el desesperado pedido de ingresar al oficialismo para salvarlo de su extinción. Hambre y necesidad se juntaron. No es sino la confirmación del el esquema mercantilista con que se sostienen los últimos parlamentos.

Formalmente, las funciones de un congresista son la legislación, la representación y el control político. Ponce, como buena parte de sus pares, presenta un deficitario desempeño funcional. Si bien los “padres de la patria” no tienen capacidad de gasto, sí dedican más tiempo e interés a ser “intermediarios” (o gestores de intereses) entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para el acceso a obras públicas, en particular las de infraestructura vial. “Eso es lo que le gusta a la gente” (y a las y los congresistas), por los beneficios tangibles e intangibles, lícitos e ilícitos, que acarrea. Ello ha sido lo “normal” con las bancadas oficialistas, y la tendencia se ha extendido en este último período hacia la bancada fujimorista, no obstante los objetivos de confrontación y obstrucción que ha desplegado frente a los gobiernos de PPK y de Vizcarra. Fieros en el discurso y voto opositor pero también siempre dispuestos a relacionarse con los decisores de obras públicas para sus respectivas regiones.

Videos y audios evidencian este doble registro de varios congresistas fujimoristas. En un video grabado por uno de sus colaboradores, Ponce se jacta en una reunión con autoridades locales de ser amiga de Vizcarra (ministro de Transporte y Comunicaciones en ese momento). Casi yuntas  e íntimos. Presume que lo ayudó a “ablandar” posturas entre sus pares en el contexto del pedido de facultades del gobierno de PPK; también se ufana de poder sugerirle obras, incluso más allá del departamento. Hasta comenta que es objeto de celos de sus colegas por tener llegada con los ministros. No es solo una febril fantasía: es un calculado esfuerzo por aparentar ser la persona indicada para cualquier gestión con el gobierno nacional y el MTC. Así, pone a disposición sus “buenos oficios”... y sus condiciones para esa intermediación.

Un modus operandi similar nos muestran los llamados “mamaniaudios”. El intento de salvar de la vacancia a PPK, llevaron a sus ministros y funcionarios a ofrecer futuras obras públicas a quienes se sentían dispuestos a romper palitos con la bancada fujimorista. Mamani jugó a ser indeciso para grabar conversaciones con los que luego serían los “Avengers”. En ambos casos, la racionalidad mercantilista alrededor de la obra pública parece ser el leitmotiv del ser congresista. Hacer negocio vía la representación política, ya sea como receptor del ‘diezmo’ o como decisor de la empresa que ejecutará la obra.

La pluralidad y amplitud de este proceder se expresa también en el caso “Los temerarios de crimen”, en Chiclayo, donde el fiscal sindica a 5 congresistas como presuntos involucrados con la red de corrupción del ex alcalde David Cornejo: Becerril (FP), Velásquez Quesquén (Apra), Flores (PPK), Bruce (PPK) y Vásquez (APP). Según un colaborador eficaz, por “gestionar” obras en el presupuesto público, Becerril solicita 5% para él y otro 5% para su hermano y la “gente de Chiclayo”. No es el único. Otro testimonio refiere la mediación del congresista aprista en el otorgamiento de la buena pro de varias obras a favor de sus compañeros empresarios.

Los casos son muchos y muy extendidos. Tanto así que buena parte de la agenda de muchos congresistas en sus semanas de representación, es la de presentar informes de obras públicas a la que vienen haciendo seguimiento y/o convocar a funcionarios públicos para que informen del estado situacional de las mismas.

¿Cómo responde a todo esto el gobierno nacional? Activa o pasiva, por acción u omisión, es la pieza clave de este engranaje mercantilista. El sector más comprometido debe ser el MTC. Las obras viales, por sus altos montos y el impacto político, son las más codiciadas. Muchas están comprometidas en el caso Lava Jato, o con el “Club de la construcción”. Funcionarios de Provias Nacional están procesados y los de Provias Descentralizada, por ahora pasan debajo del radar, aunque es el terreno propicio donde los congresistas ejercen con más desparpajo su mal habida intermediación.

El discurso presidencial en la lucha contra la corrupción es fuerte, pero en los ministerios no se oye padre. El gobierno debe, y puede, lanzar estrategias efectivas de transparencia y rendición de cuentas sobre las obras públicas, el quid de la lucha contra la corrupción. Esto también pide a gritos una reforma política, para dejar sin margen a los congresistas y que las autoridades subnacionales o las empresas constructoras no los requieran para gestionar obras. Las obras deben ser previsibles en el marco de un planeamiento estratégico del desarrollo territorial, y sus beneficiarios deben ser informados regularmente e involucrados activamente. Con eso podrían desaparecer los “facilitadores”. En tiempos de entrampe entre Ejecutivo y Legislativo, esta puede ser una línea de acción que pueda dejar como legado el actual gobierno.