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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Sustitución de cultivos en el post conflicto colombiano

Es necesario partir del Fracaso de la Guerra contra las Drogas, pero considerando, al mismo tiempo, la retracción económica de commodities y exportaciones (2016) y sus efectos sobre la conceptualización y puesta en práctica del principio de responsabilidad compartida. Por ello, se debe reconfigurar el valor de nuestra biodiversidad, los bonos por cambio climático y la cocaína no producida. Ya se ha dicho tanto en la OEA como en la ONU, que no se puede seguir haciendo más de lo mismo, pero para ello debemos salir del entrampe al que nos lleva la dicotomía “prohibición/legalización”. Incluso, ante el hecho concreto del aumento de los cultivos de coca en Colombia, paralela a suspensión de fumigación, en últimos dos años.  

Por otro lado, hay que asumir las consecuencias que implican supeditar un proceso doméstico (conflicto armado, cese al fuego, post conflicto), a un problema de escala global, determinado indefectiblemente por la demanda mundial de cocaína: 22 millones de consumidores que generan 85,000 millones de dólares, que no puede ser resuelto en países andinos. Ello determina la obligación de adoptar el “proper sequency” dando “palo y zanahoria”, pero no como política de gobierno sino como política de Estado que no hay erradicación ni reducción sostenible, sin previa sustitución de pensamiento, procesos y cultivos.

El reto de Colombia es tener en el plano interno, la misma valentía mostrada en el escenario global. El pobre resultado UNGASS (abril 2016) muestra la resistencia al cambio, que viene de abajo hacia arriba. A nuestros gobiernos, les queda determinar las implicancias/retos locales de dicho fracaso, saliendo del estrecho enfoque de Reducción de la Oferta. Un segundo cambio paradigmático es salir del estrecho enfoque ético-moral para pasar a uno económico-procuctivo, entendiendo la sustitución como un instrumento de paz y no de la estrategia anti drogas. Esto último, solo se consigue revisando y readecuando estrategias, leyes, presupuestos e instrumentos de gestión, partiendo desde la zonificación y el ordenamiento territorial. La velocidad y la gradualidad la pone la lógica campesina del desarrollo rural

Lo que propongo no significa paralización, pues simultáneamente, se puede desinflar el globo de los ingresos ilícitos, y en ese sentido las Políticas de Drogas deben dirigirse a identificar y desmantelar patrimonios, rutas y redes. Por ello planteó cinco retos que son centrales:

1. Conciliación entre objetivo de eliminación cultivos y alternativas de desarrollo integral comunitario.

No se trata de conciliación, sino de subordinación pauteada. En 30 años, las políticas se han subordinado a la “guerra”, y no han funcionado. La primera opción del Estado no es la legalización, siquiera la regulación, sino el desarrollo integral comunitario, desde lo local y no desde lo internacional. Por ello garantizar la participación en todo el proceso, no solo es un hecho, sino debe expresar respeto. Los que participan no son convidados de piedra, ni hay que dividirlos, al contrario incluso deben participar en la evaluación.

2. Cuanto le costará al país deshacerse de cultivos ilícitos. Es una opción real la sustitución? Fumigación glifosato? Cuál es la alternativa social y económicamente más eficiente?

Debemos poner en claro los efectos nocivos de la fumigación con glifosato. Esta es dañina, y además, perjudica y no garantiza la sostenibilidad del desarrollo, pero si podría inhibir el crecimiento de cultivos ilícitos (por los costos que genera a los narcotraficantes). Es un argumento usado por sus defensores, aquí y allá. Se trata de una opción del Estado y podría tratarse de la última ratio en una escala de sanciones sociales e institucionales con el que incumple sus obligaciones.  Considero que la experiencia indica que no hay sociedad que haya triunfado de forma permanente en esta materia. Por ello lo que tenemos que hacer es gestionar el problema y volverlo manejable.  

3. Cómo conciliar la necesidad de acompañar/respetar comunidades con la obligación de combatir narcos/redes criminales.

En aquellos lugares donde coexisten, en un primer momento se debe optar por las comunidades, hasta tenerlas de aliadas, para luego ir desplazando y aislando las redes para luego caerles encima. El nuevo enfoque debe partir por reconocer los derechos de ciudadanía, los derechos y obligaciones de los campesinos. Pero también, desde el Estado, se debe priorizar el ataque con mucha fuerza y precisión a patrimonios ilícitos, redes empresariales, que se encuentran lejos de la parcela campesina.

4.  Riesgos tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, para llevar a cabo los objetivos sobre drogas planteados en los Acuerdos de Paz

Entre los factores endógenos tenemosdeficiencias estructurales e históricas, pobre estructuras del Estado, desconfianza de organizaciones sociales tras la guerra (lo que exige pasos inmediatos), un tejido social débil que hay que reconstruir y apoyar, facilidad de presencia de diversos tipos de grupos criminales..

Entre los factores exógenos se encuentran lapresión internacional, los condicionamientos, el apuro en mostrar resultados, los factores políticos. Sabemos que hay apuro y urgencias, que los ojos del mundo están puestos sobre Colombia, pero hay que exigir el respeto a la soberanía y al mismo tiempo garantizar el derecho de autonomías[2].

5. Experiencias/Aprendizajes Internacionales en materia de Sustitución de Cultivos.

Considero que la larga y profusa experiencia colombiana[3] se puede nutrir de las otras dos experiencias Andinas, en el caso peruano, el equilibrio entre lo empresarial-gremial, es decir la priorización de derechos económicos, manejo de mercados, y el aprovechamiento al máximo de las condiciones favorables. En el caso boliviano, la apuesta por el control social, como primer instrumento de control de la existencia de cultivos de coca y de amapola en los territorios; dejar en manos de las comunidades, este primer paso de vigilancia y de llegar a acuerdos sobre límites, procesos, graduaciones.   

Por último consideramos que:

· Los recursos frescos no basta que alimenten las políticas de Estado sino nos garantizan que lleguen directamente a las economías locales, a sus cadenas de valor; Y no hay que olvidar que pueden haber límites del libre comercio cuando este pudiera afectar el proceso de sustitución de cultivos.

·  Las Políticas de Estado suelen ser sectoriales y por ello no garantizan transversalidad, ante esto es necesario que incorporen lo macro, lo micro, lo sectorial, lo operativo/logístico.

·  Lo Presupuestal no puede determinar la realidad, sino a la inversa. La voluntad política debe ser determinante, como nos lo enseña la experiencia peruana sobre la fallida reforma del 2011.

·  La construcción de nuevos indicadores, sobre organización social, instauración y puesta en funcionamiento de cadenas de valor es clave. Deben ser indicadores precisos para garantizar la sostenibilidad de la sustitución, la consolidación de derechos de propiedad y acceso de mercados. Avanzar en los denominados indices de vulnerabilidad trabajados por el Ministerio de Justicia de Colombia[4]. Los resultados van de la mano con la construcción de conocimiento científico (al igual que en Uruguay con la regulación del cannabis)


[1] Abogado peruano, M.A en Política Internacional, Universidad de Bradford Inglaterra. Past Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH.

[2] Contradicciones de la Ley de Crimen trasnacional, posible extradición de productores.

[3] Erradicación, fumigación, sustitución, convivencia, etc.

[4] Lineamientos para Plan Nacional de Intervención Integral para Reducción de Cultivos Ilícitos en Colombia