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Una publicación de la asociación SER

Tamshiyacu y Santa Clara de Uchunya: a la espera de victorias para nuestra Amazonía

Fotos ©Oxfam Diego Pérez.

Clémence Abbes. Politóloga y coordinadora del proyecto “Protegiendo la Amazonía en Oxfam de Perú.

El primero de setiembre se cumplieron seis años del asesinato del dirigente ashaninka Edwin Chota y sus compañeros que luchaban contra la invasión de taladores ilegales en la comunidad de Saweto, en la región Ucayali. Este caso que tuvo gran cobertura mediática es parte de la triste y larga lista de violaciones a derechos humanos y ambientales impunes en la Amazonía peruana. Y así cómo se atenta contra los que protegen el bosque, se atenta contra el bosque mismo: hace más de un año se espera la sentencia definitiva por tráfico ilegal de productos maderables, resultado de un proceso de deforestación, en Tamshiyacu, en la región Loreto; y el 25 de setiembre se cumplirá un año de espera de la sentencia del Tribunal Constitucional para el caso de la comunidad Santa Clara de Uchunya contra Ocho Sur P S.A.C., una empresa de palma aceitera que invadió y deforestó el territorio de la comunidad en la región Ucayali.

Realidades y territorios distintos unidos por la impunidad

Los familiares de las víctimas, comunidades nativas y campesinas, ciudadanos organizados, e incluso el mismo Estado peruano, están a la espera de que se condene definitivamente a los responsables de estos crímenes, a pesar de que los hechos hayan transcurrido hace casi una década.

Los casos de Tamshiyacu y Santa Clara de Uchunya son ramas de un mismo árbol. Hace diez años, el “Grupo Melka”[1] llegó al Perú para desarrollar plantaciones de gran escala en la Amazonía y desencadenó una serie de conflictos territoriales con las comunidades indígenas y campesinas aledañas a las plantaciones. En Tamshiyacu, localidad en las laderas del río Amazonas, los ribereños fueron presionados por la empresa del Grupo Melka, Cacao del Perú Norte (hoy Tamshi S.A.C.) para vender sus terrenos a precios irrisorios, los líderes de las comunidades fueron amenazados y el proceso de acaparamiento de tierras afectó hasta el cementerio de la comunidad. La empresa deforestó ilegalmente cerca de 2,000 hectáreas de bosque primario para instalar una plantación de cacao. En julio de 2019, después de un largo proceso judicial, Tamshi S.A.C. fue sentenciada a una reparación de quince millones de soles y tres penas de prisión fueron dictadas contra ex funcionarios de la firma por los crímenes ambientales cometidos. El exgerente, Rubén Antonio Espinoza, fue sentenciado a ocho años de prisión pero está hoy prófugo. Por su parte, la empresa apeló la sentencia y está a la espera de que se revierta la sentencia histórica tomada en primera instancia.

En cuanto a Santa Clara de Uchunya, una comunidad Shipibo-Konibo situada en el distrito de Nueva Requena, Ucayali, el Grupo Melka arrasó con 10,000 hectáreas de bosque para constituir dos empresas, PDP S.A.C (hoy Ocho Sur P) y PDU S.A.C (hoy Ocho Sur U). La expansión de la frontera agrícola tomó forma con la adquisición de parcelas a través de traficantes de tierras que involucraban a funcionarios de la Dirección Agraria del Gobierno Regional de Ucayali. De esta manera, la comunidad fue despojada de 7,000 hectáreas de su territorio ancestral. Después de años de lucha y movilización, los líderes y lideresas de la comunidad, junto con su federación indígena y el apoyo de organizaciones de sociedad civil, lograron obtener una audiencia en el Tribunal Constitucional. En esta cita inédita, ya que era la primera vez que esta institución aceptaba un caso relacionado a expoliación de un territorio indígena, los líderes de la comunidad pudieron contar su historia frente a los magistrados y a los abogados de la empresa Ocho Sur P. La comunidad sigue a la espera de la sentencia del Tribunal.

En ambos casos, campesinos, campesinas e indígenas perdieron tierras en las cuales podían cultivar, el acceso al bosque en el cual cazaban y acudían para proveerse en plantas medicinales y las quebradas en las cuales pescaban. Perdieron la libertad de desplazarse por el bosque. Hace ocho años que tienen que cohabitar con fronteras fijadas por plantaciones privadas y sus guardias de seguridad armados. Hace ocho años que estas fronteras les recuerdan cada día la impunidad de la cual gozan estas empresas.

¿La recta final?

Los próximos meses podrían ser decisivos en los desenlaces judiciales del Grupo Melka. Se espera que la Corte Superior de Loreto pueda fijar una fecha de apelación y confirmen la histórica sentencia tomada en primera instancia. Retroceder sería una pérdida tremenda para la lucha contra la deforestación y la impunidad en el país. A su vez, se espera que el Tribunal Constitucional emita sentencia y fije un precedente considerable en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Perú.

Mientras se espera que ello ocurra, es importante tener en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha adquirido desde el 2019 las facultades de fiscalización y sanción del sector agrario, antes gestionados por el Ministerio de Agricultura y Riego. En este marco, la OEFA está implementando procesos administrativos de sanción contra Tamshi S.A.C. y Ocho Sur P y U. Además, tiene el poder de sancionar de manera ejemplar a estas empresas que siguen trabajando y generando ganancias sin contar con un instrumento de gestión ambiental y transgrediendo la ley.

En un momento en el cual el país está sufriendo de las consecuencias de una pandemia, que ha impactado gravemente a los pueblos indígenas, se necesitan estas victorias para los defensores de derechos humanos ambientales y para la protección de la Amazonía.

El Poder Judicial de Loreto, el Tribunal Constitucional y la OEFA tienen en sus manos la esperanza de ciudadanos y ciudadanas que necesitan creer que se puede obtener esta clase de victorias y que los pueblos indígenas y defensores de nuestra Amazonía obtendrán, por fin, justicia.

palma

 

 

 

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Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Clémence Abbes. La Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1] El “Grupo Melka” designa las distintas empresas peruanas creadas por el inversionista checo-estado unidense Dennis Melka. Las empresas fueron constituidas desde el 2010, pero los procesos de acaparamiento de tierras y deforestación se intensificaron a partir del 2012. Véase Convoca, 10/03/2016. “Amazonía arrasada”  https://amazonia.convoca.pe/