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Una publicación de la asociación SER

A un año del conflicto Conga

Se ha cumplido un año desde que se agudizara el conflicto por el proyecto minero Conga en Cajamarca.  Si bien se gestó mucho antes de octubre y noviembre del 2011, fueron justamente estos meses, con los anuncios oficiales del gobierno sobre la ejecución del proyecto y la respuesta contundente de la población oponiéndose al mismo, los que marcaron el inicio de una situación compleja y delicada que parece no encontrar salida hasta hoy, pese al anuncio de una suspensión temporal del proyecto.

Lo que tenemos ahora son una serie de documentos técnicos que siguen poniendo en tela de juicio la inocuidad de Conga o la capacidad de mitigar sus impactos, asimismo, un importante sector de la población en contra de la realización del megaproyecto, sobre todo en Cajamarca donde la oposición llega al 78% (1). Pero también tenemos 5 muertos producto del conflicto, cientos de denunciados, varias promesas del gobierno de garantizar que este proyecto no causará daños y, finalmente, el inicio de la construcción de los reservorios en la zona en conflicto como expresión de la decisión de la empresa de seguir adelante.

Lo cierto es que lo único que se ha ganado es la confirmación en diversos espacios de que Conga más que ser un proyecto que presenta serias deficiencias en su planteamiento y aprobación, es la expresión del colapsado sistema ambiental que tiene el Perú, de los límites de la política de inversiones y de la casi nula capacidad que tiene el gobierno para solucionar problemas de esta naturaleza. Esto ha sido observado también por la comunidad mundial, pues Conga se ha vuelto un asunto de interés general. Incluso, entidades de carácter ético, como el Tribunal Latinoamericano del Agua, se han pronunciado mostrando su preocupación.

Ahora se presenta una paradoja, pues el propio Estado peruano empeñado en viabilizar Conga y que ha aprobado sin mayores objeciones el EIA, ha sancionado por intermedio de la OEFA a Minera Yanacocha por incumplir normas ambientales en este proyecto; entonces no sólo cabe preguntarse sobre cuál es la postura oficial frente a este problema, sino ¿cómo es que se impone en el país una decisión que no tiene el acuerdo del propio gobierno, que tiene el rechazo de la población y por si fuera poco recibe el repudio de la comunidad internacional?

Nota:

1)    Encuesta de Ipsos Apoyo. Agosto del 2012