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Una publicación de la asociación SER

Un cuerpo criminalizado

La situación de violencia contra las mujeres nos ha sobrepasado: niñas, adolescentes y mujeres, no hay distingo. De hecho, en el Perú, una menor se encuentra más propensa a padecer una agresión sexual que a morir en un accidente de tránsito. Sí, ese mismo Perú, el país de los 3 mil violadores de niñas[1], que de cuando en cuando repasa y actualiza su estadística para horrorizarse. Ese mismo Perú, que invierte tiempo y recursos en perseguir a las congresistas que alertan sobre esta situación, en lugar de destinarlo a proteger a sus ciudadanas. Ese Perú, que antes que un país es una marca, la misma que esconde sus números de sangre y cuida su imagen a pesar del ultraje a sus mujeres.

En un escenario así, es necesario reevaluar nuestras prioridades y des-ideologizar los debates vinculados con el cuerpo femenino. Esta tarea nos involucra a nosotros como sociedad, a las mujeres como sujetos en riesgo y a las autoridades como tomadores de decisiones. Estas últimas deben concentrar sus esfuerzos en erradicar la cultura de la violación y brindar soporte a las víctimas de una vorágine de violencia que no pudieron prevenir. Sobre lo primero, son conocidos los continuos sabotajes a la implementación del enfoque de género en las políticas públicas, situación en la que, lamentablemente, se está cediendo demasiado. Respecto a lo segundo, tenemos a un Estado que, cuando llega, lo hace para expropiar la voluntad de las mujeres respecto a una maternidad que no eligieron. Se adjudica ser el mejor llamado para responder por ellas, incluso, en situaciones tan hostiles y criminales como las originadas por la violencia sexual, a pesar de que el violador es el único culpable.

Al respecto, se ha presentado en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley N° 387[2], quedespenaliza el aborto en casos de violación sexual y de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina[3]. Esta iniciativa, presentada por la congresista Indira Huilca (Movimiento Nuevo Perú) y respaldada por congresistas de diversas bancadas, no ha sido considerada para el debate correspondiente[4]. Ni siquiera los picos más altos de violencia o la indignación generalizada por casos emblemáticos, han servido para priorizar este asunto.

¿En qué momento la Comisión de Justicia va a presentar un dictamen sobre el mismo? ¿Cuándo llegará al Pleno?[5] Muy por el contrario, medidas contrarias a los derechos de las mujeres y los tratados internacionales tienen más cabida en el debate público y en la agenda parlamentaria. Durante semanas se discutió la pena de muerte para violadores tanto en los medios de comunicación como en los Pasos Perdidos del Parlamento, a pesar de saber que es inviable. Como si ello no fuera poco, estos días se está debatiendo en la Comisión de Mujer –acaso la llamada a proteger nuestros derechos– el Proyecto de Ley sobre “Cunas Salvadoras”, que complejiza y obstaculiza la lucha de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y vulnera los derechos de los niños y niñas. (Actualización: este PL ha sido aprobado en la Comisión de la Mujer a pesar de contar con las opiniones desfavorables de todas las instituciones vinculantes en la materia). 

Queda claro que ese no es el camino. La mejor forma de abordar el complejo asunto del embarazo no consentido es impulsando un debate serio y alturado sobre la propuesta presentada por la congresista Huilca. Su aprobación e implementación reducirá los supuestos de maternidad forzada, despenalizando las decisiones que la víctima asuma respecto de su propio cuerpo.  

En este punto, es oportuno puntualizar que quienes aducen que este es un debate entre la vida y la muerte, están alimentando un falso dilema. La defensa de la vida es, ante todo, la defensa de la dignidad, de la calidad de vida, y de la oposición a la tortura. Defender la vida es preocuparnos por el futuro de esa menor de 9 años que dio a luz en Puno hace algunas semanas, o por adolescentes como María, que a los 19 años fue violada por compañeros de su colegio en Huánuco, pero que al llegar a la posta pública, no tuvo acceso a la pastilla del día siguiente (AOE) porque había una sentencia del Tribunal Constitucional que le impedía al Estado proveerla[6].

La defensa de la vida pasa por defender a las mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad[7], o por preguntarse por la situación de miles de mujeres vejadas y asesinadas durante el conflicto armado interno, cuyos cuerpos fueron utilizados como campos de batalla para saldar las cuentas de la guerra. Y, por último, la defensa de la vida implica preocuparse por las mujeres que son víctimas frecuentes del acoso callejero, la violencia sexual y el feminicidio.

No hay duda que el Estado debe impulsar este Proyecto de Ley por ser un asunto de sanidad y salud pública. No existirá democracia real en un Estado que no garantice el diagnóstico, seguimiento y acompañamiento de toda mujer que decide interrumpir su embarazo, de la misma manera en la que apoya a aquella que desee continuarlo. Como históricamente nos hemos acostumbrado a suplantar las decisiones de las mujeres, este tema nos parece un asunto cerrado. No lo es.

Congreso de la República: no flores, no regalos, necesitamos derechos humanos.  


[1]Ver reportaje de David HidalgoFabiola Torres y Mayté Ciriaco. En: Ojo Público: https://ojo-publico.com/especiales/ser-nina-en-america-latina/peru-el-pais-de-los-3-mil-violadores-de-ninas.html

[2]“Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas y malformaciones incompatibles con la vida”.

[3]Cabe precisar que el término jurídico para referirnos a este procedimiento es “interrupción voluntaria del embarazo” (IVE). La terminología es relevante porque no se promueve ni impulsa el aborto, sino que respeta la decisión de quien decide interrumpirlo libremente.

[4]El Proyecto de Ley es ambicioso, porque además propone políticas públicas a favor de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, la implementación de la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas y servicios integrales de atención a las personas sobrevivientes de violencia, trata, explotación sexual, garantizando acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia y profilaxis de VIH. Ver más en: http://www.indirahuilca.pe/ninasnomadres/

[5]Tal y como mencionaron varias congresistas, se solicitó la realización de un Pleno Mujer para el 8 de marzo, pero no prosperó.

[6]Puede leer más de este caso en: http://aoe.promsex.org/maria-vs-peru/

[7]Recomiendo leer “El caso peruano de esterilización forzada” por Alejandra Ballón.