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Una publicación de la asociación SER
Licenciado en Filosofía por la PUCP. Especialista en conflictos sociales con interés en temas de reconocimiento, filosofía política e interculturalidad. Melómano.

A un mes de la disolución del Congreso

La disolución del Congreso, el pasado 30 de septiembre, fue un hecho dramático que ha permitido a la ciudadanía tener una “válvula de escape” para liberar la frustración y desprecio hacia la clase política peruana, la corrupción y la inoperancia estatal.

Sin embargo, creer que esto nos llevará a un “paraíso social” y que nuestro país ingresará por la senda del desarrollo social, de la honestidad y de un hacer bien colectivo sería sobreestimar el hecho político de la disolución constitucional del Congreso.

El legislativo disuelto ha sido el rostro de una de las muchas deformaciones que asolan a la sociedad peruana. Una deformidad identificada con la impunidad, la prepotencia, la falta de respeto y el ataque al sistema democrático de nuestro país. (Cómo olvidar la apertura de la Plaza Bolívar y del Congreso por parte de parlamentarios -muy parecidos a religiosos fanáticos- a grupos que promueven el desprecio y la negación de derechos a ciudadanos y ciudadanas peruanas).

No obstante, el drama que ha significado cerrar una institución pilar de la democracia peruana nos ha demostrado que nuestra forma de convivencia está seriamente amenazada por intereses particulares que ven en las fallas de nuestra democracia un medio para favorecerlos.

Así, al observar a las otras instituciones estatales, el panorama no es el mejor. El Poder Judicial y el Ministerio Público no son ejemplos de confianza ciudadana. A pesar de esto, aún existe la sensación del “nada cambia” y de no atacar a la impunidad o del uso de la treta de “guardar perfil bajo hasta que todo se calme y vuelva la normalidad”. Esto permite la invisibilización u ocultamiento de agentes que promueven la corrupción desde el aparato estatal.

Temo que como sociedad estamos corriendo el riesgo de quedar “conformes” en la lucha por adecentar nuestra política con solo la disolución del Legislativo. Por consiguiente, si bien es cierto que esta medida constitucional ha sido un paso para limpiarlo, todo será insuficiente si no nos replanteamos y reformamos las estructuras que permitieron la llegada de impresentables poco capacitados para ejercer la función de “padres y madres de la patria”. La disolución solo será una pausa en la dinámica perversa de elegir malas autoridades. 

En una y otra parte, la conformidad puede conducirnos a resignarnos con una justicia para privilegiados, con políticos impunes que llegan al poder no a servir sino a imponer criterios que no tienen nada que ver con el bien común. Encima, introduciendo en la burocracia no a servidores públicos sino a personajes serviles con el poder de turno, cuya lealtad no es hacia la ciudadanía sino a quienes los pusieron allí. Logrando así desprestigiar aun más a la función pública.

En estos tiempos en que se abre la posibilidad del cambi tenemos la oportunidad política de ejercer una autocrítica colectiva que nos permita dejar de mirarnos el ombligo y pasar a mirar los ojos a los demás, averiguando así cómo reconocernos. Tal vez nos demos cuenta que durante los últimos años no hemos hecho bien muchas cosas. Entre muchas, reafirmar la idea de que no ha bastado el “desarrollo económico” para tener una sociedad mejor. Se ha reducido la pobreza, pero se han degradado las relaciones interpersonales.

Al mismo tiempo,  es significativo presenciar cómo algunas ideas de las democracias liberales que formaban parte de nuestros consensos colectivos son ahora repudiadas por un creciente grupo de personas que ven en ellas una “amenaza” a sus “valores tradicionales”. Y que esta reacción sea usada como bandera electoral por inescrupulosos políticos o fanáticos religiosos que en sus delirios mesiánicos pretenden imponernos a todos y todas sus “valores de fe”.

“La democracia no da de comer” suelen decir los que suspiran por las autocracias. Por supuesto que sí da de comer. En democracia podemos dignificar nuestra política, obtener la oportunidad de crear un sistema que no sea permisivo con la corrupción y así sancionar a los pillos. Sin dudarlo, la putrefacción del sistema democrático no genera empleos.

Para concluir, aún hay mucho trabajo por hacer. Son tiempos para que después del cierre del Congreso comencemos a extender reformas en otros ámbitos del Estado. Y que esto le permita recuperar el reconocimiento ciudadano, persuadiendo a quienes consideran al aparato estatal como un botín en vez de un medio de servicio útil que sirve para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.