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Una publicación de la asociación SER

Una autoridad que cumplió su deber

San José de Ticllas, distrito de la provincia de Huamanga. Como prácticamente la totalidad de distritos ayacuchanos, sufrió los embates de la violencia política, especialmente en la década de los ochenta. La capital distrital albergó temporalmente una base militar, que después fue trasladada a otra comunidad vecina. En ella hubo detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Una exhumación de fosas practicada por el Ministerio Público muchos años después confirmó las atrocidades cometidas por las fuerzas del orden.

El distrito también fue atacado por Sendero Luminoso, quien realizó varias incursiones a distintas comunidades, generando miedo, muerte y destrucción. Una de estas incursiones – la que motiva esta historia – se produjo en 1989. Para entonces ya era suficientemente conocida la forma de accionar de los senderistas. Formaba parte de esa dinámica el ataque contra instituciones públicas, entre ellas los registros civiles que eran inmediatamente incendiados por los subversivos.

No ocurrió así en San José de Ticllas. El joven registrador Tito Rojas Llactahuamán había asumido el cargo en 1985, con apenas 26 años de edad. Luego de la mencionada incursión tuvo la precaución de esconder en su domicilio los libros de actas del distrito. Posteriormente, poco a poco fue llevando todos estos libros hacia Huamanga, y los fue almacenando en su vivienda en dicha ciudad. Los documentos permanecieron allí hasta el año 1994, cuando los retornó a San José de Ticllas.

Casi 30 años después, don Tito sigue ejerciendo como registrador en su distrito. Gracias a su gesto, cientos de registros de nacimientos, matrimonios y muertes, es decir parte importante de la historia documental de su comunidad, fue resguardada. De este modo, la población de San José de Ticllas no ha sufrido la afectación al derecho a la identidad como pobladores de otros distritos en los que los senderistas sí destruyeron los registros civiles.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) encontró que las principales autoridades del país, especialmente las políticas y las judiciales, abdicaron de sus responsabilidades democráticas (Informe Final. Conclusiones generales 74, 76, 123 y 127). Pero también reconoció el coraje de quienes, sobreponiéndose a la brutal violencia de esos tiempos, supieron cumplir su deber para con el país y con sus conciudadanos. Por ello, Salomón Lerner, Presidente de la CVR, en el discurso pronunciado al entregar el Informe Final al Presidente Alejandro Toledo, reconoció que, además  de los relatos “de vergüenza y de deshonra” incluidos en el Informe, lograron también recoger “el testimonio de numerosos actos de coraje, gestos de desprendimiento, signos de dignidad intacta que nos demuestran que el ser humano es esencialmente digno y magnánimo”, entre ellos los de “quienes no renunciaron a la autoridad y la responsabilidad que sus vecinos les confiaron”.

Una historia como la referida en estas líneas destaca por contraste con lo que podemos ver en el contexto actual del país, donde los principales líderes políticos del país están severamente cuestionados por su participación en actos de corrupción, traicionando el mandato y la confianza que recibieron de otros peruanos y peruanas. Testimonios como el de este anónimo registrador en un pequeño pueblo andino nos muestran que la fidelidad al deber cívico es un valor que aún podemos encontrar entre nosotros, resistiendo en medio de la pobredumbre moral a la que intentan someternos. Puede ser esa la fuente que alimente la indignación y la inteligencia que se requiere para lograr una transformación ética de nuestra escena política.

 

Twitter: @RivasJairo