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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Vizcarra: la batalla continúa

Fue desesperación al ver que perdían su impunidad. Fue el mismo fujiaprismo que de manera exasperada empezó a nombrar a los magistrados del TC, el que puso su propia cabeza en la guillotina. Ahora lo hechos están consumados. Martín Vizcarra continúa como Presidente de la República y ha llamado a nuevas elecciones.

En setiembre de 2000 se desmoronó la dictadura. 19 años después, también en setiembre, el Congreso de mayoría fujimorista se autoliquidó. Hubo muchos actos previos, crímenes, encubrimientos y contubernios, pero los detonantes siempre son identificables. En el 2000 fue el video Kouri-Montesinos, en el 2019 la desesperación de varias bancadas por asegurar su impunidad vía el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. En el 2000, al igual que ahora, también se creó un camino dentro de los márgenes constitucionales para salir de la crisis, y así transitar hacia una democracia.

Vale la pena recordar que las únicas dos mujeres magistradas que ha tenido este Tribunal Constitucional jugaron un rol demasiado valioso. A finales de 90 fue Delia Revoredo, una mujer valiente que salió a pechar a la mafia fujimorista. Ahora fue Marianella Ledesma, una mujer que tuvo las agallas de denunciar el chantaje. Sin su denuncia el escenario sería hoy muy distinto.

¿Es constitucional lo que ha hecho el gobierno? Sí. La Constitución no es una fórmula matemática, es un conjunto de normas orgánicas, y ejercer derecho dentro de los márgenes constitucionales implica crear -encontrar rutas para salir dela crisis- caminos nuevos que permitan defender a las personas, garantizar sus derechos humanos. Ese es el fin primordial, del derecho y de la Constitución (revisen el artículo 1°). Y es por esa obligación de defender a las personas, que el camino se va hacer más cuesta arriba que nunca para el Presidente Vizcarra.

Porque el respaldo dado ante esta medida por la sociedad civil no es un cheque en blanco. Conocemos las fallas en un sistema que aún no protege los derechos humanos y que, en muchos casos, los viola.

Porque mientras escribo estaría a punto de anunciarse un paro en Cotabambas por los incumplimientos en las mesas de diálogo; los pueblos indígenas en la Amazonía aún no ven implementado el Plan de Salud que vienen exigiendo hace años; el oleoducto sigue drenando petróleo y los líderes que protestan por esto están siendo criminalizados; en Espinar la ciudadanía sigue contaminada y tampoco hay medidas efectivas para proteger su salud; las mujeres víctimas de esterilización forzada siguen a la espera de una mesa de trabajo institucionalizada para empezar con un plan de reparaciones; las personas trans siguen siendo violentadas y aún no hay un registro estatal que acopie estos hechos ni legislación que les proteja; la política xenofóbica implementada por el ministro del Interior ya hizo que el Estado peruano tuviese que rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, por dónde miremos las violaciones de derechos continúan.

Así que después del aplauso por la medida valiente y constitucional de disolver el Congreso, pasamos a lo importante y lo urgente, porque ya pudo con el fujiaprismo señor Presidente (aunque reconocemos que aún la batalla no termina), pero las personas siguen exigiendo sus derechos humanos ¿para esto último, dará la talla Presidente?