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Una publicación de la asociación SER

Voluntad Política y Concertación

El Estado peruano es un aparato muy complejo, que muchas veces es difícil de ser entendido por politólogos y abogados especializados en el sector público. Sin embargo, más allá de las trabas burocráticas que se tienen que enfrentar a la hora de establecer una política pública, hay un elemento central –y el primer paso- que forma parte del proceso de implementación de la misma: voluntad política. Esta hace alusión al respaldo de una política pública, para su implementación, de parte de los principales responsables de la toma de decisiones en un gobierno. 

En estas últimas semanas, hemos sido testigos de una polarización de actores sociales y políticos respecto del tema antidrogas. El sector conservador y escéptico frente a los nuevos mecanismos  de lucha contra las drogas se ha mostrado reacio ante la designación de Ricardo Soberón y sigue, hoy en día, considerando que es mejor retirarlo del cargo (argumentando hasta cuestiones personales). El sector más liberal apunta a su ratificación, pues consideran que la estrategia usual de lucha contra las drogas ha fracasado y es necesaria una redefinición del rol de Estado frente a este fenómeno. 
 

Frente a esta situación se han sumado sectores del gobierno, involucrados en la lucha antinarcóticos, que en su momento se mostraron divergentes al nuevo modelo a ser implementado. Este es el caso del Ministerio de Interior, que llegó a señalar que la erradicación de cocales era su competencia y que no iba a detenerse pese a la suspensión de una semana de la que fuimos testigos. 
 

La situación requiere entonces de concertación política intersectorial. No podemos establecer una política integral en la que cada sector se reparte tareas orientadas a alcanzar objetivos distintos. Sería muy contraproducente y los resultados nunca serían los esperados. Es por eso que es necesario, en primer lugar, el consenso entre todos los organismos responsables que tienen  relación con el tráfico ilícito de drogas (como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el de Educación, el de Justicia, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y  Seguros, el INPE, entre otros) para el diseño previo de la nueva estrategia que DEVIDA implementará para los años 2012–2016. En segundo lugar, en el momento de la ejecución de políticas por cada uno de los responsables, la coordinación se impone como un mecanismo de gran importancia para evitar la superposición de funciones que, como es común en muchos organismos estatales, no hacen más que retrasar la consecución de los objetivos generales. En tercer lugar, la evaluación de resultados termina siendo una herramienta necesaria para la revisión de la efectividad de la estrategia. 
 

El día de ayer, el Director de DEVIDA, Ricardo Soberón, se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para explicar el lineamiento general de la política antidrogas del país. En la exposición, se pudo apreciar a un Soberón serio, preparado, consciente de la problemática de las drogas, con un solo discurso y muchas ganas de enfrentar este fenómeno. Sin embargo, se requiere voluntad política para poder implementar todas las mejoras y herramientas estratégicas a las que hizo mención (como la instalación de garitas móviles de control, el reforzamiento de la inteligencia policial, el control de insumos, el lavado de activos, entre otros). Es por eso que para lograr cambios no basta con buenas intenciones, sino también es necesario el apoyo de los principales tomadores de decisiones en la esfera gubernamental, apoyo que terminará plasmándose en “voluntad política”. 
 

Violencia Social
 

Los campesinos cocaleros han comenzado a hacer huelgas y bloqueos de carreteras exigiendo al gobierno central la no erradicación de cocales, tal y como lo prometió el Presidente Humala. Ese bolsón electoral, al que el Partido Nacionalista se aferró en época de elecciones, estalla en busca de respuestas por parte del gobierno. Sin embargo, hay que considerar que el cambio de política pública a favor de los cocaleros (con el tema del empadronamiento y la no criminalización de este sector) no puede ocurrir de la noche a la mañana, debido a la compleja maquinaria del Estado, a presiones de sectores internos y hasta externos y a lo que hoy hemos visto como “voluntad política”. 
 

Esperemos en todo caso que el Gobierno actual no cometa los errores del pasado en cuanto a protestas sociales se trata. Hay que abrir el paso al diálogo, a la negociación. Ya es muy conocido que si se utiliza la herramienta de la represión, las cosas se pueden salir de control y probablemente se tenga que lidiar con algo parecido a lo sucedido en Bagua, lo que espero que no suceda.