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Una publicación de la asociación SER

VRAEM, el pupiletras del desarrollo

Por Ricardo Soberón Garrido [1]

Ninguno de los gobiernos anteriores ha sabido cómo responder a la compleja realidad del conocido VRAEM [2]; ni siquiera en los primeros períodos de García o de Fujimori, cuando se triunfó en la primera etapa de la guerra contra Sendero Luminoso (1985-2000), contando con el apoyo de las rondas de autodefensa, denominadas CODEPAS. En aquella época, había los mismos problemas institucionales para identificar, para separar a la población de la criminalidad que se buscaba combatir. Ahora la situación ha cambiado, pues el Perú del 2014, ha disfrutado del crecimiento económico y la reconversión (¿debilitamiento?) del Estado y sus capacidades institucionales. La descentralización es un enorme esfuerzo político, inacabado y con muchos defectos que se expresan a través de la cantidad de presidentes de gobiernos regionales acusados, presos o requisitoriados. 

Recientemente, el gobierno decidió entregarle al Ministerio de Agricultura, el manejo del diálogo y los acuerdos con la población organizada de esta región, en Pichari, en Lima y en Huamanga. Se sostuvieron sendas reuniones con actas no validadas por la población. El corolario fue la dación del Decreto Supremo 011-MINAGRI, que concedió la creación del Proyecto Especial VRAEM, que pretende establecer las bases del desarrollo. Es decir, hemos pasado del Plan VRAE (2006), Plan VRAE II (2009) y CODEVRAEM (2011) al PROVRAEM (2014). En todas estas experiencias institucionales, DEVIDA ha sido permanente compañera,  desde su pequeñísima y reducida oficina regional en Huamanga.

Hay un problema de fondo, que comete el gobierno del presidente Humala, bajo la férula neoliberal a ultranza que conduce su administración: Plantea esta nueva propuesta a la región más pobre y desguarnecida del país, dentro del nuevo marco de la “diversificación productiva” recientemente presentada como respuesta al bajón de nuestros principales indicadores, debido a lareducción de la demanda de mineralesen China. Se trata de un plan a cinco, diez y 15 años, que requiere grandes movidas de planeación, a cargo del CEPLAN, del Acuerdo Nacional y de otros entes estratégicos.

El problema actual de las comunidades y ciudades del VRAEM es que están lejos de las primeras diez regiones cuyas cadenas productivas pudieran ser parte de esta reconversión. Con serias deficiencias en salud, educación, transportes y economía, ¿cómo podremos escogerlas como prioridad en la acción del gobierno?

En su jornada ante el Congreso (20/8), la Premier Ana Jara ha protagonizado quizá una de las mejores presentaciones hechas por Premier alguno y en las condiciones más adversas. En el caso que nos ocupa, ha anunciado la erradicación de 30 mil hectáreas de coca, el 2014,y de 26 mil, el 2015. Hasta lo que conocemos de las reuniones con los dirigentes, se ha establecido un número de mil hectáreas reducidas de coca hasta fin de año en el VRAEM, pero no se han establecido los mecanismos y protocolos de acción del personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH): quiénes sí y quiénes no.

El CORAH, a cargo del eterno Zárate Gambini, no tiene los mejores estándares de acción con la población rural de la selva alta, y como buen funcionario adscrito y obediente del Narcotics Affairs Section de la Embajada de EE.UU en el Perú, Zárate piensa que puede hacer lo que quiere. El gobierno ha dispuesto el establecimiento de mecanismos de control de insumos químicos, y en materia de Desarrollo Alternativo, se anuncia la atención a 5,200 familias y la rehabilitación de 6,800 hectáreas de cultivos alternativos. Por último, se estarían produciendo problemas de paralelismo, divisionismo y de intromisión de alcaldes afines al gobierno, con el fin de seguir debilitando las legítimas organizaciones de la población. Ese es un problema de partida del ministro Benítez.

Notas:

1. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), www.ciddh.com

2. Ausencia histórica del Estado de Derecho (PJ, gobiernos locales sólidos), población estigmatizada, múltiples modalidades de TID, remanentes de subversión, rampante corrupciónentre población, candidatos, alcaldes, consejeros, etc.