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Una publicación de la asociación SER

Y el fiscal se fue de vacaciones

Foto de izquierda a derecha: Edwar Brandon Quispe Ccuno (procesado), David Velazco Rondon (abogado FEDEPAZ), Alejo Vidal Ccorpuna (procesado), Octavio Ccorpuna Pinares (procesado), Juan Lima Huamani (procesado), Mirtha Vásquez (abogada de APRODEH), Javier Mamani Coaquira (procesado), Eliana Galindo (abogada de APRODEH), Mar Perez (abogada observadora de la CNDDHH).

Es martes 14 de agosto,  nueve de la mañana, en Tambobamba- Apurimac, estamos ante el Juzgado Mixto de esa provincia, después de varias horas de viaje, para realizar una audiencia en un proceso penal que se les sigue a campesinos de Cotabambas, tras el conflicto con Minera Las Bambas en el 2015.  Estamos todas las partes presentes,  los campesinos procesados han llegado desde muy lejos por sus propios medios; uno de ellos impresiona mucho, viene acompañado de su madre y evidencia una fuerte discapacidad, apenas puede hablar y se le nota abstraído, no puede sostenerse por sí mismo. Su familia atribuye su situación a que recién ha sido operado, sin embargo está presente, tiene que estarlo, la justicia tiene mano dura para los débiles.

Apiñados en un pequeño cuarto de una casa que funge como Juzgado, el Fiscal hace su primera intervención y solicita que se suspenda la audiencia, la razón, no es el fiscal que está a cargo del caso, el que lo estaba se fue de vacaciones y además le dejó la carpeta de investigación incompleta.  La Juez accede a este pedido luego de consultar con las partes (entiéndase partes como abogados y procuradores, pero no a los campesinos procesados) que no muestran oposición, salvo los abogados de los investigados que provienen de organismos de Derechos Humanos y dejan constancia de los costos y consecuencias de frustrar una diligencia.

Esta conducta del Ministerio Público y el Juzgado indigna, pero ya no sorprende, tras años de defensa de comunidades y líderes procesados por estas causas, hemos sido testigos de estas prácticas recurrentes y normalizadas dentro del sistema de justicia, sobre todo en los niveles locales, en las provincias, en las profundidades de un país donde la justicia se reduce al poder y la orden de un Juez o Fiscal.

A medida que se ha ido descubriendo, el aparato de corrupción que determinaba el funcionamiento del núcleo del sistema judicial del país, no queda duda de que hace falta una refundación de este poder. La corrupción no es el único problema que aqueja a nuestro sistema de justicia, la ineficiencia de la que adolece en términos de celeridad y calidad, visibilizada en la poca atención y lenta resolución de los procesos, es una constante que se reproduce en el nivel más micro de este sistema y se hace más aguda. 

Como lo han ido identificando las diferentes comisiones de reforma del sistema judicial, incluyendo la Comisión Wagner, el sistema de control y fiscalización de jueces y fiscales -OCMA y Control Interno- no sirve para nada. ¿Cómo puede ser que en provincias no haya forma de controlar jueces y fiscales que van obstruyendo la administración de justicia por descaradas negligencias? Y se requiere un nuevo sistema de control, pero además una mejor selección de los magistrados que sean personas idóneas moral y técnicamente. De otro lado, es hora de que se mida el impacto que ha tenido el aumento considerable de sueldos de magistrados, que pareciera haber causado un efecto contrario al esperado: los abogados pugnan por estos cargos motivados solo por los sueldos y sin interés ni compromiso con la administración de justicia.

Es necesario, revisar la reforma considerando el tema de los recursos, no centrado solo en los sueldos de los operadores, sino en cómo mejorar las condiciones materiales para la atención de los usuarios. ¿Cómo puede ser que los Juzgados en provincia funcionen en pequeñas casas acondicionadas, que no haya lugares para abogados ni menos para procesados o agraviados, los cuales tienen que esperar fuera de los locales o escuchar por las ventanas lo que va ocurriendo en sus casos? 

La reforma tiene prioridades y es urgente que se empiece a echar adelante.  Es muy importante la persecución y sanción de jueces y fiscales corruptos que hay que extirparlos del sistema, pero es necesario que se mejore la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano que todos los días pone en manos de este sistema ordinario, la resolución de sus conflictos.   Si eso no cambia el costo de la corrupción va a seguir siendo asumido por los más débiles, por la gente pobre que se somete voluntaria o circunstancialmente a estos procesos judiciales.   

 

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Mirtha Vásquez: Abogada de Aprodeh y Grufides