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Una publicación de la asociación SER

¿Y la redistribución del canon?

TITULAR: La tantas veces anunciada (y no ejecutada) redistribución de canon

En la siguiente nota, su autora propone una serie de medidas que el gobierno central debería tomar, antes de emprender la tan anunciada redistribución del canon, si es que aspira a que esta sea realmente eficaz y duradera

TERESA SANTILLÁN

Mucho se ha discutido en torno a la propuesta del gobierno central de modificar la legislación, a fin de poder efectuar una redistribución del canon minero en las regiones. La fórmula de repartición actual, a decir del congresista Martín Belaunde[i], ha resultado compleja de entender, pues la redacción del art 5.2 de la Ley de Canon N° 27506 puede ser una real o aparente superposición, entre los literales a), b) y c), referidos al porcentaje repartido entre los gobiernos locales, provinciales y regionales.

Es así como un 10% corresponde al distrito donde se ubica la mina, 25% a la provincia, 40% al departamento y el 25% al gobierno regional. ¿Inconstitucional o inequitativo? La Constitución, en la parte in fine del artículo 77, establece: “Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.” Habrá que preguntarnos qué se entendió por “adecuada” en la legislación. Tengamos en cuenta que el canon no es un pago. Se trata de una compensación que el Estado hace los gobiernos regionales y locales por la extracción de los recursos naturales.

Otorgar un 10% a la municipalidad distrital, que la provincia ejecute obras dentro de esa misma circunscripción y que, además, también lo haga el gobierno regional lo haga, implica una superposición real y de mucho más de un 10%.

Las municipalidades distritales, durante estos diez años, han sido receptoras de un presupuesto que ha crecido vertiginosamente; dinero excesivo para pueblos pequeños, de pocos habitantes, donde es visible la desatención de las necesidades básicas de la población, pues son lugares que no cuentan con agua potable, electrificación o desagüe. Para embaucar a la población o poder pregonar que sí se hace obra, las autoridades de estas localidades se han visto en la necesidad de emprender, de forma desesperada, proyectos de inversión en los que se gasta gran cantidad de dinero, construyéndose grandes estadios, coliseos, lozas deportivas, nuevas plaza de armas o palacios municipales. En muchos casos, las municipalidades receptoras del canon no han tenido, pues, la capacidad suficiente para hacer un gasto eficaz, enfocado en las necesidades de la gente, y han terminado concretando obras absurdas.

No obstante, debemos reconocer que para muchas municipalidades, el presupuesto asignado desde las arcas del Estado no ha sido suficiente como para efectuar proyectos de gran envergadura. Por eso, las obras se efectúan con dinero del canon, la inversión municipal está hecha con estos mismos fondos, lo que no significa que estos sean parte determinante en nuestra economía. Resulta que las entidades, más allá de promover otros tipos de ingresos a la municipalidad, como generar una cultura del pago de impuestos, por ejemplo, o establecer cobros por servicios a través de sus instrumentos de gestión, se han mantenido únicamente con este ingreso, convirtiéndose así en canon-dependientes.  

El incremento del presupuesto también ha generado, en las municipalidades, el aumento de actos de corrupción, que el Sistema Nacional de Control no ha podido manejar. De realizarse una futura redistribución del canon, la capacidad logística y técnica de la Contraloría sería más que nula. ¿Cómo efectuar control en todas las municipalidades distritales, si su lógica procedimental sigue siendo centralista? ¿Cómo confiar en una institución, cuyos procedimientos no han demostrado la disminución de los índices de corrupción? ¿Por qué confiar en un ente que ha tenido el mínimo contacto con la población?

Sin intentar ponerle más dramatismo a la situación, sumemos a este panorama el impacto que generaría la aplicación de la nueva ley para la no reelección de autoridades en los gobiernos locales y regionales, gestiones que en cuatro años no terminan de madurar sus políticas locales. ¿Qué tan efectiva puede ser la ejecución presupuestal en tan sólo cuatro años, considerando que aún no se termina de perfeccionar el Sistema Nacional de Inversión, y que acaba de ser implantada la nueva ley de contrataciones?

Para este 2014, Ollanta Humala prometió plantear una redistribución del canon, una propuesta que ha tenido sus retrocesos, que pareciera coge impulso y luego choca contra las limitaciones que las propias municipalidades han puesto, y a la que la propia población se podría resistir. Recordemos la violencia surgida entre tacneños y moqueguanos, por el canon que genera  la empresa Southern Perú.

Los argumentos del gobierno central para una futura redistribución son poco creíbles, pues la reducción de las diferencias entre los ingresos económicos municipales no es garantía de desarrollo. Reparemos en un ejemplo clave: el distrito de Hualgayoc, que pese a recibir un considerable monto por canon minero, sigue estando en extrema pobreza. Darle parte de este presupuesto a otro distrito de la provincia, como Chugur, no significa que ambas localidades se van a desarrollar proporcionalmente. Lograr tal objetivo va más allá del simple otorgamiento de dinero.  

Consideremos también que el sistema de resolución de conflictos que el Estado utiliza, no  asegura tampoco que esta propuesta sea elaborada y ejecutada de la mejor forma. La obligación del gobierno es acercarse a la población, mantenerla informada de la composición del canon, transparentar la información, explicarle que no es permanente, que la fluctuación de este depende del valor del mineral, y que, a su vez, este costo no es determinado por el Estado ni la empresa privada, sino por el mercado.

Aunque pareciera que el Gobierno Nacional ha abandonado la idea de la redistribución, no debería dejar de buscar el  fortalecimiento de los gobiernos locales para que hagan un efectivo uso de este presupuesto. Para apuntalar nuestro Sistema Nacional de Control, no bastan Oficinas Regionales de Control; necesitamos procedimientos ágiles para cerrarle el paso a la corrupción que se ha visto beneficiada con este presupuesto. Se necesita planificar y priorizar las necesidades de la población, para no seguir alimentándola de concreto, y también urge mejorar los sistemas de resolución de conflictos sociales ¿No los hay, acaso, entre habitantes de territorios ubicados en un mismo departamento? Recién luego de todo eso, se podrá pensar en cuál es la mejor manera de redistribuir el canon, ya sea dentro de las regiones, o de manera interregional. Finalmente, disminuir el ingreso a unos para dárselo a otros, resulta ser justo, ¿no? 

“Algunas entidades se han mantenido únicamente con este ingreso, convirtiéndose así en canon-dependientes”


[i]BELAUNDE MOREYRA, Martín. “Derecho minero y concesión” 2013.