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Una publicación de la asociación SER
Investigadora del Instituto Chr. Michelsen, Global Fellow del Center for Law and Social Transformation, y docente PUCP. Psicóloga, Magister en Salud Internacional (Instituto de Medicina Tropical Charité, U. Berlín), doctorada en psicología (U. Bergen).

¿Y las víctimas del señor Molina?

Es difícil señalar qué es lo más perverso en el caso de las declaraciones de la congresista Maritza García sobre la violencia de género, si son sus primeras declaraciones culpando a las víctimas por provocar a los agresores, o sus justificaciones citando supuestas fuentes científicas, que además de ser inexistentes, se basan en la palabra de un psicólogo, que es presentado como doctor y supuesto experto, o descubrir que ese supuesto experto es un agresor.  Tampoco podemos olvidar que este agresor, sancionado por tocamientos indebidos a menores, fue invitado a brindar una charla sobre violencia de género, en una audiencia descentralizada organizada por el Congreso de la República, y que en esa charla, en la que se presenta con traje de trabajador de salud asistencial, como queriendo presentarse con autoridad médica, miente a la audiencia,  afirmando que en todos los casos revisados por la ciencia la única razón por que un hombre mata a una mujer es cuando una mujer dice “me voy con otro”. Increíblemente, luego que se destapara públicamente que este supuesto experto es un agresor, la congresista Maritza García ha seguido refiriéndose a él como doctor, experto, y calificando sus argumentos como científicos.

Todo esto es muy perverso, pero hay dos elementos del caso que captaron mi atención, y están relacionados con la normalización de la violencia y de la inacción del estado. De un lado, la congresista Maritza García usó para justificar su posición los casos de feminicidios que ocurren en los penales. La congresista además de culpar a las víctimas no cuestiona, que esos casos ocurrieron dentro de establecimientos estatales, que en principio están bajo el control del estado, y que deberían ser seguros para las mujeres. Pero eso la congresista ni lo menciona, como si fuera un detalle secundario, ni piensa en qué se puede hacer para que los penales sean seguros para las mujeres que van a visitar a sus familiares. Para la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, la seguridad es responsabilidad de las mujeres que no deben exponerse.

El caso de la denuncia y sanción por tocamientos indebidos contra el Sr. Molina, nos vuelve a mostrar como en el Perú, una persona puede utilizar su posición de poder para abusar de una población vulnerable, como son menores de edad internados en albergues infantiles.  Esos menores que deberían ser protegidos por el estado, pueden ser abusados, y sus agresores salir impunes con tan solo una sanción administrativa, que además puede ser fácilmente apelada. No se conoce mucho del caso de los tocamientos indebidos a menores por parte del señor Molina en un albergue infantil, pero necesitamos preguntar si se le denunció ante el Ministerio Público, y si no fue así, ¿por qué? ¿Por qué los tutores de los menores abusados decidieron en contra de la ley, solo abrir un proceso administrativo? También hay que preguntar al Colegio de Psicólogos del Perú si psicólogos colegiados que son agresores sexuales no deberían recibir alguna sanción. 

Debemos trabajar para detener la violencia en instituciones públicas, en población bajo tutela del estado.  Las prisiones y los albergues infantiles deben ser lugares seguros en los que las personas no deben ser víctimas de ningún tipo de violencia.