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Una publicación de la asociación SER

Condena de seis años de cárcel a Walter Aduviri genera rechazo en Puno

Luego de que el Juzgado Colegiado de Puno emitiera la condena de seis años de cárcel para el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya por el “Aymarazo”, se generaron diversas reacciones sobre una decisión que tendrá un gran impacto político en la región Puno.

Para el abogado Tirso Vargas a Walter Aduviri no le corresponde la vacancia, porque aún falta que su sentencia esté consentida o ejecutoriada en última instancia, es decir la Corte Suprema de Justicia; por ello no descartó que el gobernador regional pueda retornar a su cargo, siempre y cuando la apelación o un nuevo recurso de casación le sean favorables.

Sin embargo dijo que el Consejo Regional de Puno deberá abordar la suspensión de Aduviri, luego el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditará como gobernador regional provisional a Agustín Luque Chaiña. Al ser preguntado sobre cómo quedaría el cargo de vicegobernador, dijo que hay un vacío en la ley.

Noticias SER buscó al vicegobernador regional, Agustín Luque en su despacho, sin embargo no se encontraba ni daba respuesta a las llamadas telefónicas. No obstante el último jueves dijo a los medios que “esperaba con tranquilidad la sentencia” y que las obras en la región continuarán cualquiera sea el fallo.

Criminalización de la protesta

Por su parte, Nilda Suca, pareja de Walter Aduviri quien concurrió a las dos últimas audiencias, declaró a la prensa que consideraba la condena “injusta, porque vemos que el Poder Judicial no actúa transparentemente. El fiscal no encontró prueba suficiente y no lo mostró, es una persecución política contra mi esposo, hay intereses oscuros económicos”.

El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Edgar Chura también fijó su posición señalando que: “rechazamos el fallo del Poder Judicial, se decidirá las medidas de defensa en los próximos días. Alan García nos impuso decretos para autorizar las inversiones mineras. Es un precedente negativo para las organizaciones sociales”.

La exalcaldesa de la provincia de Carabaya, Nancy Rossel afirmó: “es un tema difícil de tocar, se requiere un buen análisis, se puede pensar que se está criminalizando la protesta, a la que tenemos derecho, la Constitución lo reconoce, yo misma participé en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, pero ¿hasta donde nuestro derecho podría afectar los derechos de los demás?”

El consejero por la provincia de Huancané, Germán Alejo sostuvo: “Rechazó categóricamente las sentencia, se ha criminalizado la protesta social, no hay pruebas, crea un mal precedente para los dirigentes, se quiere callar la voz de nuevos liderazgos políticos”.

El alcalde de la municipalidad provincial de Puno, Martín Ticona Maquera quien defendió a Aduviri por 7 años aproximadamente en el caso “Aymarazo” sostuvo que la defensa del gobernador en este juicio no tomó en cuenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "Esto será una polémica para el mundo jurídico, no se ha tomado en cuenta estos aspectos importantes tal como pasó con la anterior sentencia".

Dato

Cabe indicar que mientras se desarrollaba el adelanto de la sentencia, en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Puno, centenares de pobladores respaldaban a Walter Aduviri con arengas: “Aduviri no es ladrón sino un luchador social”, “Agro Sí, Mina No”.