¡A defender nuestros derechos!

La aprobación del proyecto de ley 1229, de autoría del congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, en la Comisión de Descentralización para convertir el Ministerio de la Mujer en Ministerio de la Familia, termina siendo el punto culminante donde convergen una serie de proyectos emanados de este Congreso, contrarios a las políticas de desarrollo de derechos de la mujer y del niño. La aprobación fue saludada por congresistas ultraderechistas de Renovación Popular, que persiguen que el enfoque de familia reemplace al enfoque de género en las políticas públicas.

En el art. 2 se lee que la finalidad del proyecto es que “el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, contribuya a la igualdad de trato, atención a la familia en su conjunto y a todo ciudadano que lo requiera, sin discriminación alguna”. De ello se deduce que, en la actualidad, al ser “de la Mujer”, el Ministerio discrimina. El autor del proyecto, que dice ser un funcionario con quince años de servicio en la gestión pública, parece desconocer que las acciones afirmativas son políticas públicas para compensar la discriminación histórica de un grupo social. Por si esto está en duda, basta leer los códigos civiles del siglo XIX en los que mujeres y esclavos eran “menores de edad” en relación a sus derechos, además de ser excluidos de la educación y del trabajo justamente remunerado. Los fundamentos del proyecto 1229 son lamentables y casi incomprensibles, párrafos sin rigor metodológico donde se pareciera concluir que todo el mundo sufre por algo y para qué incidir solo en “la mujer”. Hay definitivamente, un desconocimiento de las razones por las que durante décadas se ha venido estudiando la problemática vinculada a la mujer no solo en la familia sino en la sociedad, así como la figura del niño/a como sujeto autónomo protegido por el Estado incluso de su propia familia y no como “pertenencia” de ella.

A este proyecto se suman los ya aprobados en relación a la intromisión de grupos privados religiosos en la educación nacional -sus materiales y currículos básicos- para recortar lo contrario a sus valores morales, la censura a la educación sexual integral, el endurecimiento de condiciones para obligar al término de un embarazo así no sea deseado y sin embargo, la ausencia de normas que vigilen más que los vientres, los órganos reproductores masculinos mediante registros de paternidad responsable en lugar de registros de gestación. El argumento victimizante de la discriminación contra los varones también se ha esgrimido en el caso de los proyectos de tenencia compartida. Los proyectos de ley 1096, 1120 y 1687 del fujimorismo y Avanza País, prevén dar de forma inmediata los mismos derechos de tenencia a los progenitores tras una separación de hecho, independientemente de su idoneidad, de si son agresores o deudores de alimentos, por ejemplo. En el caso del proyecto PL 00467/2021 de Somos Perú, se elimina del Código del Niño, el derecho de lactancia por el que el infante podría permanecer con su madre durante los tres primeros años. El PL 1090/2021, del fujimorismo, sanciona drásticamente al progenitor que ejerza la tenencia y obstaculice un régimen de visitas del otro progenitor. En el Perú, la tenencia por madres sextuplica la de los padres. De oponerse a una visita, en quince días se establecerá judicialmente si la obstructora debe ser inscrita en un Registro, tras lo cual se le impedirá la salida del país, el acceso a créditos bancarios, a postular a puestos del Estado o ser proveedora, habrá captura inmediata, pago de una UIT por cada mes de obstrucción y posible variación de la tenencia. Una “justa revancha” ante el incremento de sanciones por violencia y deudas por alimentos en las que incurren mayoritariamente los varones.

El proyecto de ataque ministerial de Perú Libre, pareciera sellar así lo dicho por su líder Vladimir Cerrón hace dos días en un diario local: hay una coincidencia anticaviar entre Perú Libre y la extrema derecha. Por “caviar” parece señalarse constantemente, la oposición a los desarrollos de los derechos humanos, sus normas y organizaciones internacionales vigentes desde los juicios de Nuremberg. No se considera que, a la larga, más allá de lo que imaginaron sus impulsores europeos y americanos, han significado un programa político que favoreció a grandes grupos sociales discriminados en el mundo: población negra fuera del África, poblaciones indígenas, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, seres vivientes como animales y la misma naturaleza. Hoy su cuestionamiento no solo viene de dictaduras y gobiernos sátrapas, sino también de nacionalismos de ultraderecha o de ultraizquierda en democracias occidentales. En el Perú, este es un giro peligroso desde los poderes del Estado hacia más autoritarismo y menos derechos para los discriminados. La maniobra pone a prueba cuánto se ha apropiado la población peruana de sus derechos. Ojo, se confronta a los movimientos sociales, no a las ONG.