Algunas reflexiones sobre las movilizaciones de los trabajadores de la agroexportación

En el último mes de diciembre se vivió una importante jornada de lucha de los trabajadores de las actividades de agroexportación, ubicados en la costa peruana, mayormente en Ica, La Libertad y Piura. Los reclamos básicamente fueron por mejores condiciones laborales y salariales, y eliminación de services –empresas de tercerización de servicios–, en un sector de nuestra economía que está en sostenido auge desde hace dos décadas debido a las oportunidades de los mercados internacionales, así como a la concesión de beneficios especiales gubernamentales (subsidio tributario, reducción de pago de servicios y derechos sociales, flexibilización laboral), que han redundado en importantes ganancias para los inversionistas.

Si se pretende buscar un punto de origen de estas injustas relaciones laborales se puede señalar la Ley N° 27360, mal llamada Ley de Promoción al Sector Agrario, promovida por el fujimorismo poco antes de su caída (30 de octubre del 2000), e impulsada por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper Ackerman, gran empresario agroexportador, quien luego asumió la secretaría general del venido a menos partido fujimorista. Chlimper, con un evidente conflicto de intereses, aprovechó los espacios de poder que tenía para propiciar una norma con nombre propio –de allí la expresión de “ley Chlimper”–, para favorecer a los agroexportadores de la costa y limitar severamente los derechos de la población trabajadora de la agroindustria. Es uno de los muchos ejemplos en la historia peruana en que los intereses privados se convierten en problemas de carácter público y adquieren la fuerza de ley que les otorga el abuso del poder político y económico que caracteriza al país. Esta ley ha mantenido vigencia por veinte años, debido a la complicidad de los sucesivos gobiernos hasta la actualidad. En el 2006 el régimen de Toledo, mediante la Ley Nº 28810, alargó su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y nuevamente, mediante Decreto de Urgencia N° 043-2019, el gobierno de Vizcarra extendió la aplicación de la norma por diez años más, hasta diciembre de 2031.

La movilización de los trabajadores agrarios ha significado bloqueos de carreteras, importantes pérdidas económicas, malestar notorio en la población que se desplaza por la costa, e incluso la muerte de personas que se movilizaban por sus derechos. Toda esta complicada y lamentable situación finalmente ha devenido en la derogatoria de esa norma y la promulgación de una nueva, aprobada luego de un periodo de dilación por semanas, debido a las negociaciones, presiones y vacilaciones que el actual gobierno de transición ha mostrado, y que en esencia reitera el espíritu y contenido de la normativa anterior, es decir, reforzar el poder económico agroexportador en desmedro de los derechos laborales de miles de trabajadores rurales.

Como alguna data válida para contextualizar las luchas laborales, Ojo Público señala – a partir de información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo- que en Perú hay 4699 empresas dedicadas a la agroexportación (28 % en el norte, el 20 % en el sur y el 36 % en Lima); en Ica hay 353 empresas agroexportadoras (7,5 % del total del país). Se considera que unas 80 mil personas laboran en el sector. Además, se señala que son 122 las agroexportadoras, las cuales concentran el 85 % de la fuerza laboral y reciben los mayores beneficios tributarios del Estado peruano.

El paro y las movilizaciones agrarias de la costa conducen a varias reflexiones, que se comparte muy brevemente a continuación:

La justeza de los reclamos y demandas de los trabajadores y trabajadoras

Lo que exigen quienes laboran en el campo costero son derechos elementales: mejora de los salarios, muchas veces menores que el mínimo; reducción de las largas jornadas laborales, que llegan a más de 12 horas diarias en el sol inclemente del desierto; acceso a los servicios de salud, a seguros y a bonificaciones en caso de enfermedad o muerte; derecho a la sindicalización y a los pliegos de reclamos. No es mucho pedir en un sector productivo en gran bonanza económica.

Las condiciones de vida de la población laboral del sector agroexportador

La injusta realidad laboral antes señalada también tiene impacto en las condiciones de vida de la población trabajadora. En el caso del sur chico, la mayoría es migrante de territorios de Ayacucho y Huancavelica, cuyos magros ingresos apenas alcanzan para satisfacer medios de vida muy elementales, ni qué pensar en obtener una vivienda digna y segura, configurándose nuevos y numerosos pueblos jóvenes utilizados prácticamente para pernoctar las pocas horas que les quedan luego de las largas jornadas laborales. A los bajos salarios se suman las condiciones miserables de vida de los trabajadores y sus familias.

La notable desigualdad entre los ingresos y beneficios de los empresarios y las precarias remuneraciones de la población laboral

La situación de precariedad de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores agrícolas se contrapone con los ingentes y sostenidos beneficios de los empresarios agroexportadores, favorecidos por los buenos precios de sus productos, las oportunidades de comercialización existentes y los subsidios que les han otorgado los sucesivos gobiernos (pago del 50% del impuesto a la renta). En el año 2019 la exportación del sector sumó unos US$ 5,566 millones (APAM, 2020). Sin embargo, en la mentalidad y actitud de tales empresarios no está presente un mínimo de desprendimiento para redistribuir y compartir parte de las importantes utilidades que aquellos perciben.

El evidente trato favorable de los gobiernos a los empresarios agroexportadores

En línea con lo anterior, es clara la toma de decisiones de los gobernantes para establecer políticas públicas e instrumentos orientados a favorecer al sector empresarial como generador de divisas, de empleo y de tributación, lo cual incluye tanto la devolución de impuestos, la inversión en infraestructura hídrica y la permisibilidad frente al incumplimiento de normas laborales y, en particular, del pago del uso del agua hasta llegar a límites que ya implican una alerta de estrés hídrico que afectará a los mismos agroexportadores y que involucran, incluso, a las cuencas de departamentos vecinos. Se puede señalar que las políticas públicas se han puesto al servicio de los intereses del gran capital, antes que, a la generación de valor público, que redunde en beneficio de la población local. Asimismo, es evidente la escasa responsabilidad social y ambiental de las empresas respecto a los territorios donde obtienen sus grandes ganancias.

La reproducción moderna de los modelos de acumulación y de concentración de tierras

Las actividades productivas de agroexportación parecen verse favorecidas por el modelo de acumulación, no solo por las políticas de exportación y de búsqueda de mercados y consumidores ya existentes en otros países, sino porque no se han propuesto contribuir a generar consumidores y mercados internos. Por el contrario, se enrumban a obtener réditos mediante las facilidades para el acaparamiento, concentración y monopolización de tierras agrícolas y aguas. El mapeo de lo que fueron las tierras de exportación de los antiguos dueños terratenientes prácticamente se superpone a las propiedades de los modernos empresarios, más extensas que las grandes haciendas existentes antes de la Reforma Agraria, pero con similares sistemas de poder y de capacidad de negociación.

El desbalance de las políticas agrarias gubernamentales orientadas básicamente a los planes de agroexportación y escasamente a promover y proteger la agricultura familiar

Mientras se otorgan beneficios a los grandes empresarios agrarios, la agricultura familiar de las comunidades está abandonada, aun cuando representa más del 80% de la población agrícola trabajadora. Ya antes de las paralizaciones de la población laboral de la actividad agroexportadora, se habían generado movilizaciones de miles de hombres y mujeres de las comunidades que abastecen de manera significativa la canasta alimenticia del país (un 80% según la FAO), a cambio de lo cual es casi nulo el apoyo gubernamental en asistencia, créditos, precios de refugio, recuperación de tierras degradadas, infraestructura hídrica, entre otros. Frente a la seguridad alimentaria los gobernantes optan por la renta agroexportadora.

Ausencia de medidas que hagan frente a los efectos del cambio climático

A pesar de la evidencia de los efectos climáticos adversos manifestados en el cambio de la distribución de las lluvias –afectando el calendario agrícola andino–, la disminución de caudales de agua y la aparición de nuevas plagas y enfermedades, pareciera que lo único que interesa sobremanera a los empresarios y a los gobernantes es la optimización de la renta obtenida de la agroexportación sin considerar el estrés hídrico, la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, así como la pertinencia ecológica de optar por determinados cultivos poco apropiados para los suelos de los ecosistemas desérticos (como es el caso de los espárragos, altamente exigente en agua).

Balance economicista de las movilizaciones laborales

Aunque es comprensible y explicable, cabe llamar la atención del carácter economicista de las reivindicaciones en las movilizaciones de los hombres y mujeres de la agroexportación. La precariedad de sus condiciones de vida y de trabajo deviene en la búsqueda de mejoras laborales, aun cuando hay otros factores a tomar en cuenta, como la gestión social del agua, la mejora de la calidad de los suelos, entre otros. Derechos salariales, laborales y sociales en general deberían estar articulados a la gestión sostenible del territorio, superando las dinámicas y comportamientos distantes al momento de la toma de decisiones.

La ausencia de responsabilidad social y ambiental en los territorios de las actividades agroexportadoras

Se puede decir que poco o nada importa a los empresarios agroexportadores la realidad y situación de los territorios donde se realiza la producción y transformación agrícola. Su actividad es prácticamente extractivista y hasta de enclave, al igual que la minera o petrolera. El exclusivo interés rentista, expresión del predominio de un modelo neoliberal, hace oídos sordos a la problemática de esos territorios en los que no habitan los empresarios –salvo de visita y para supervisar sus negocios–, y que requieren servicios básicos, infraestructura urbana y oportunidades de realización para sus habitantes, principalmente para los jóvenes. Eso, en buena medida, explica cómo en los territorios con mayor bonanza económica generada por la agroexportación se dan las situaciones de mayor desigualdad e inseguridad ciudadana.

A manera de corolario

Lo cierto es que las movilizaciones agrarias de la costa peruana de finales del 2020 pusieron al descubierto diversas limitaciones estructurales del modelo de acumulación rentista e inequitativo que caracteriza al país, y que es no solo promovido por el sector empresarial sino por las propias autoridades gubernamentales, las cuales distorsionan su rol y devienen en instrumentos de intereses de los grandes poderes económicos Las campañas intensas de publicidad propiciadas por los empresarios intentan imponer ideológicamente que sólo la inversión privada salvará al país, asociando al caos la movilización de los trabajadores y distorsionando las justas causas de las luchas sociales por mejores condiciones laborales y de vida.

Por ahora no se perciben esfuerzos o voluntades políticas para construir propuestas de consenso que orienten al país por un crecimiento con equidad, inclusión y justicia social. Si tan solo podríamos recuperar el espacio de debate y compromiso por poner en marcha las Políticas del Acuerdo Nacional, sería un gran paso positivo expectante.