Ana Leyva: “Las comunidades andinas donde se desarrolla minería se han ido fragmentando y desapareciendo”

¿Por qué es urgente una ley de debida diligencia de la Unión Europea en Espinar? La abogada y experta en temas ambientales y consulta previa, Ana Leyva, nos habla de la situación de las comunidades que viven en el entorno de la actividad minera en Espinar, quienes han sufrido daños ambientales, fragmentación y reducción de sus tierras, espacio vital de reproducción de su vida y cultura. Nos comenta que actualmente se discute en la Unión Europea la ley de debida diligencia que exigirá a las empresas europeas identificar, prevenir y mitigar daños o impactos que generen en los países donde operen.

¿Qué Ley de Debida Diligencia debería ser aprobada en la UE para mejorar la situación social y ambiental en Espinar?

Una ley de debida diligencia que haga que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Me refiero a su derecho al territorio, a la identidad cultural, a la consulta previa, al acceso a recursos naturales; todos estos derechos deben quedar garantizados, al igual que el acceso al agua y a la salud, que son temas fundamentales en Espinar.

¿Por qué es importante que tanto los gobiernos, como empresas, entiendan a cabalidad lo que es el territorio para estas comunidades originarias?

Los pueblos indígenas no se pueden manejar con el derecho civil, porque la tierra tiene otra connotación para ellos. El territorio no solamente es suelo para las actividades productivas, sino que es el espacio donde viven y se reproducen sus condiciones de existencia y su propia cultura (prácticas, conocimientos, costumbres, etc) y ello no se puede tratar como si fuera un bien que se comercializa en el mercado. La tierra para estas comunidades es hábitat, así lo señala el Convenio 169, y como tal, debe ser garantizada.

El Tribunal Constitucional acaba de determinar en una sentencia del 20 de enero de este año que la Consulta Previa no es un derecho fundamental y que no está reconocido por la Constitución. ¿Es esto cierto?

No es cierto. La consulta previa es un derecho fundamental y constitucional porque se encuentra en el Convenio 169 de la OIT que es un tratado de derechos humanos, y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango Constitucional en el Perú, así lo dice la propia Constitución, cosa que, además, ha reconocido el propio Tribunal Constitucional (TC) en más de 70 casos. Lo que está haciendo este TC no sólo es desconocer el derecho a la consulta previa en esta sentencia que usted menciona, sino contradecir su propia jurisprudencia. Un absurdo, por donde se le mire.

Espinar sufre los estragos de la contaminación ambiental en sus aguas y en la contaminación de las personas que viven cerca a la mina, pero ¿qué otros derechos básicos han sido vulnerados por la minería de diversas empresas que han operado ahí?

En estas comunidades ha habido principalmente afectación a su derecho al territorio y también fragmentación. El tratamiento que se ha dado al territorio en las sucesivas empresas titulares de la operación minera, es el de un bien susceptible de venderse en el mercado y no el de hábitat, es decir, espacio vital. Esto viene generando un gran problema social. Muchas de las actividades de la vida de estas personas depende de su territorio, como son prácticas, conocimientos y costumbres.

¿Todo esto de lo que estamos hablando es lo que permanecería en Espinar en los próximos 30 o 40 años más si se aprueba la ampliación de las operaciones de Glencore y se abre la mina de Coroccohuayco?

Sí. Tengamos en cuenta, además, que en el sur la minería de cobre está en expansión y en un contexto de transición energética que requiere mucho de este mineral. Esta demanda implica nuevas operaciones mineras o ampliaciones en territorios, en donde existe muchas comunidades campesinas que son en realidad comunidades indígenas. El país tiene que darse cuenta. El sur es un lugar donde las comunidades de alguna manera se han mantenido. En la costa ya ha habido un proceso de pérdida de la identidad fuerte, en el sur eso todavía permanece. Lamentablemente se está acelerando la pérdida de esa identidad y no estamos haciendo nada para evitarlo, porque no valoramos lo que realmente significan estas comunidades.

¿Cómo ayuda en ese contexto la Ley (directiva) de Debida Diligencia que está en discusión en la Unión Europea (UE)?

Esta norma va a ayudar porque la directiva de la Unión Europea exige a las empresas hacer lo necesario, que sean “proactivos y reactivos” para identificar, prevenir, mitigar daños o impactos negativos relativos a derechos humanos o al ambiente. Es una directiva para la sostenibilidad, obliga a las empresas a hacer lo necesario. Es un paso muy positivo, obliga a las empresas a evaluar lo avanzado y si no funciona deben cambiarlo. Si hay quejas, problemas, denuncias, tienen que evaluarlas y eso puede ameritar los cambios necesarios. Además, si hay daños existe la posibilidad de reparación.

Todo estas acciones, no es solamente para las propias actividades empresariales, sino también para los que conforman su cadena de suministros: empresas proveedoras, bancos, otros.

Después de que la directiva es aprobada en la UE, los Estados miembros deben implementarla y tienen que designar autoridades para el cumplimiento. Por su lado, los afectados, como la población de Espinar, podrían ampararse en ella y en las normas que la implementar para que exigir que se adopten las medidas que se requieren para evitar una situación de riesgo o para mitigar daños.

¿Es como un puente para acceder a la justicia a través de Europa?

Sí, permite alcanzar justicia ambiental y social. Sería un avance muy importante. Ojalá se consiga porque, como he dicho, la directiva todavía no está aprobada en la UE, está en en discusión, pero sin duda da esperanza. En el mundo tenemos avances y retrocesos en materia de derechos humanos, considero que esto sería un avance significativo si se logra aprobar.

¿Por qué se da esta norma de Debida Diligencia en Europa para empresas europeas y porque el Estado Peruano no la ha dado antes, no son los Estados los que tienen que velar por los derechos humanos de los ciudadanos?

Sí. En el Perú hay regulaciones para proteger el ambiente, pero no son efectivas, lamentablemente. Como todos sabemos en nuestro país las normas no se cumplen, o tienen problemas para implementarse o presentan vacíos. Los Estados deberían ser garantes de los derechos y esa es su mayor responsabilidad. Pero, lamentablemente en muchos países tenemos Estados débiles, por lo que tenemos el desafío de fortalecer a esos Estados. Esto no quita que simultáneamente exista en otros países y continentes la posibilidad de obligar a las empresas trasnacionales a hacer todo lo necesario, todo lo que se requiere, para que se asegure los derechos humanos y el ambiente. De momento es lo que tenemos: una esperanza en la UE ante la debilidad del Estado peruano, y digo Estado porque este problema de Espinar tiene más 30 años, que comprende a varios gobiernos que no han sido capaces de exigir justicia ambiental para Espinar.

¿Si se aprueba la Ley de Debida Diligencia en Europa, será sólo para empresas europeas?

Es para empresas europeas, pero también para empresas que facturan en Europa, que no necesariamente son europeas. Dependerá de la cantidad que facturen, en la norma viene especificado a partir de qué monto es que la empresa está sujeta a la Directiva. Por ejemplo, Glencore, que no está en la Unión Europea, no estaría dentro del marco, pero si factura en uno de los países europeos por una cierta cantidad, entonces sí sería comprendida. Glencore es una de las más grandes empresas del mundo, entonces, probablemente, sí entra en los supuestos y podría estar obligada a cumplir la directiva, a través de uno de los Estados donde está su mayor facturación.

¿Sobre qué bases se ha desarrollado esta Ley de Debida Diligencia?

Esta norma se ha desarrollado a partir de los principios rectores de las Naciones Unidas que establece en el principio cuarto la Debida Diligencia. Luego, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha desarrollado el tema y ha generado unas directrices para multinacionales y guías. Ha desarrollado una guía para empresas responsables en debida diligencia y luego una guía para la cadena de suministros de la minería. Estos instrumentos son las bases y los antecedentes de la propuesta de Directiva de Debida Diligencia que se discute en la UE.

¿A parte de la Ley de Debida Diligencia europea, cree que debería haber una una ley de Debida Diligencia peruana?

Definitivamente, porque hay empresas que no están comprendidas en el ámbito de la Unión Europea. Para esas empresas que están por fuera se necesita una ley de debida diligencia que las pueda obligar, por eso estamos apostando por una ley de debida diligencia peruana y además, si Perú la implementa, le va a ayudar a entrar a la OCDE, ganaría un punto en su aspiración de formar parte de esta organización.