Base Naval: ¿capítulo cerrado?

La decisión de cerrar el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad ubicado en la Base Naval del Callao y el inmediato traslado de Vladimiro Montesinos al penal de Piedras Gordas- Ancón II marca un punto de inflexión en la política penitenciaria heredada del fujimorismo.

El cierre de este penal de alta seguridad -en el que además de Montesinos cumplen condena los líderes de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA- era un asunto postergado desde hace varios años. El tema volvió a la agenda a propósito de las irregularidades en el caso de Montesinos, cuyos privilegios incluían el acceso a comunicaciones telefónicas sin restricciones o controles adecuados, hechos que están actualmente bajo investigación y que ya han provocado la remoción de los oficiales responsables de la custodia de Montesinos. Más allá de las causas coyunturales, es claro que la excepcionalidad de un penal bajo administración militar debía llegar a su fin, como en algún momento exigió también la Marina de Guerra, responsable de la seguridad del establecimiento.

Ahora, la decisión del presidente Castillo pone al Instituto Nacional Penitenciario ante el reto de garantizar que los penales a los que sean trasladados los internos de la Base Naval cuenten con medidas de seguridad adecuadas al régimen penitenciario contemplado en las respectivas sentencias. En ese sentido, en el traslado temporal de Montesinos está el primer problema, pues como se sabe, Piedras Gordas es un penal de régimen ordinario, no uno de máxima seguridad. Las consecuencias de la decisión, no está de más decirlo, son de entera responsabilidad del gobierno.

En vísperas de la presentación del gabinete Bellido ante el Congreso de la República, el anuncio del ajuste penitenciario ha provocado en la oposición una reacción inmediata. En el Congreso, la Comisión de Justicia citó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres para explicar la decisión, que un sector recalcitrante identifica con una suerte de “agenda pro-terrorista”, al abrirse la posibilidad del traslado de reclusos pertenecientes a las dirigencias de SL y el MRTA, lo que de acuerdo a Torres, aún no se ha programado. La polémica podría terminar con la balanza inclinada a favor de quienes insisten en negar el voto de confianza al gabinete, un resultado que garantiza un aumento de la confrontación entre ambos poderes y una crisis de gobierno en muy breve plazo.

En Noticias SER consideramos que la audaz decisión del gobierno de cerrar el penal ubicado en la Base Naval corresponde a lo que una sociedad democrática debe aspirar, que es a que el poder civil conduzca y administre sin excepciones la política penitenciaria. Sin embargo, advertimos que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario deben garantizar al país que los presos a ser trasladados seguirán cumpliendo las condiciones establecidas en sus sentencias, y que ni Vladimiro Montesinos, ni Abimael Guzmán volverán a poner en riesgo la seguridad de los peruanos y peruanas.