Bienes comunes y poder comunitario: una mirada desde Chile

Un bien común es una paradoja: es algo que pertenece a todos y no pertenece a nadie. Un bien común no es una propiedad, es la posibilidad de un uso, de un disfrute al que tenemos derecho como habitantes de un lugar, físico y biológico, que compartimos los seres humanos con otros seres vivientes, humanos y no humanos. Es un derecho como seres ecológicos, sociales y políticos.

El Estado puede destruir los bienes comunes. Un ejemplo entre muchos otros: a vista y paciencia de los santiaguinos las laderas del Cerro San Cristóbal se resecan y pierden vegetación aceleradamente. Una carretera sube y baja, zigzagueante, como una herida sucia, en lo que antes era un paisaje más o menos verde. Los responsables del llamado “Parque Metropolitano” devastan con arrogancia, irresponsabilidad e impunidad un bien común, en el contexto de, un cínico, proyecto de “Ecoparque”.

El caso del cerro San Cristóbal en la actualidad, pero también los cultivos de palta en la Quinta Región y de otros cultivos en otras regiones con sus respectivos daños ecológicos, nos muestran con dramatismo, el rol expropiador de los bienes comunes y su subordinación al capital privado que exhibe el Estado cuando es entendido como botín de guerra de los gobernantes de turno. El Estado chileno, en este ejemplo y otros, agrede el entorno común mediante intervenciones obscenas y autoritarias.

Esta situación es un buen referente para reflexionar acerca de la importancia y las posibilidades, en el contexto del proceso constituyente en marcha, de la consolidación de un ámbito, ni privado ni estatal, sino comunitario y ciudadano, capaz de vigilar, gestionar y proteger lo común, justamente frente a lo privado y a lo estatal. Un espacio comunitario, con poder distribuido, una “potencia de los cualquiera”, un Poder Comunitario, equilibrado con los otros poderes del Estado, dentro de una democracia participativa, que exprese tanto la imaginación y la riqueza de las organizaciones sociales como los bienes comunes a proteger y administrar comunitariamente. La gestión común de bienes comunes es un horizonte político necesario y posible, en particular frente al colapso ecológico y civilizatorio que se avecina.

Los Estados en general y el chileno en particular, desde la hegemonía neoliberal, sobre todo, han sido muy resistentes y beligerantes frente a los procesos de nacionalización o control estatal de empresas y bienes naturales. Sin embargo, han sido muy generosos a la hora de mal vender o regalar los mismos a privados.

La vigilancia y control son aquí muy laxos; las Constituciones, dominadas por el constitucionalismo liberal, son permisivas, por ejemplo, frente a los saqueos legales. El del agua en Chile es un ejemplo vergonzoso. Constituciones que avalan soluciones de mercado agravando desigualdades y destruyendo nuestros espacios comunes de vida en beneficio de unos pocos.

Una parte importante de la acumulación originaria de este actual capitalismo neoliberal chileno comienza con la entrega por parte del Estado, a lo largo de varias décadas que incluyen a todos los gobiernos post-dictadura, de empresas estatales y bienes comunes a los intereses privados. Esta entrega significó introducir masivamente en la lógica de la mercancía y del beneficio privado a aguas dulces, tierras, bosques, recursos oceánicos etc. propiedad de todos. La lógica de la soberanía estatal y la lógica del mercado tienen en común una misma lógica de concentración de poder.

“Cuando el Estado privatiza ferrocarriles, una línea aérea o la sanidad pública; - dice Ugo Mattei cuando intenta privatizar el servicio de agua potable, está expropiando a la comunidad, a cada uno de sus miembros pro quota, de sus bienes comunes, de su propiedad común”. También cuando subsidia plantaciones forestales, cuando adjudica la explotación de los recursos pesqueros a siete familias, cuando “concesiona” a privados la gestión de las carreteras.

Los Estados liberales no definen explícitamente un “poder privado”, en cambio sí definen, normativamente, un poder estatal, desagregado tradicionalmente en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No hace falta, sin embargo, porque en la práctica los Estados nacionales son el resultado de una alianza entre la propiedad privada y el poder estatal contra lo común. Alianza mutable pero muy sólida a través de los siglos. La evolución de la modernidad capitalista, sumando el breve interregno de la fracasada modernidad del socialismo estatista de inspiración soviética, muestra la eliminación de los bienes comunes como categoría política y como forma cultural y de relaciones sociales, dotado de estatuto constitucional.

Sin embargo, las últimas décadas muestran la emergencia en diferentes lugares, de energías comunitaristas que inician batallas por los bienes comunes, batallas por nuevas relaciones sociales fundadas en el respeto a todas las formas de vida. La “batalla del agua” en Bolivia es un caso paradigmático. Y en Chile todas las batallas también son por el agua, bien común asediado por los empresarios del modelo agro exportador y extractivista, en complicidad con el Estado que diseñó las leyes para que eso se produjera.

La expropiación de lo que es común, de lo que es comunitario, por parte del poder del Estado, para beneficio privado, es lo que debemos examinar. Partiendo por el imaginario social y político que sólo ve el mundo dividido entre lo privado y lo estatal. Lo que entendemos como bienes comunes no sólo es un bien material. Lo común intervenido y expropiado en el Parque Metropolitano no es sólo la materialidad física y biológica, sino la inmaterialidad perceptiva, sensitiva, visual, olfativa y táctil, ética y estética, que nos brinda su existencia. Lo común lo encontramos en una cooperativa de trabajo, en un grupo de protección de un humedal, en una olla común, en un grupo de rap, en un club de futbol de barrio, en una escuela popular, en un Cabildo, en un grupo de consumo, en una asociación de regantes, entre otros miles de ejemplos. Pero también en los comunes del conocimiento, de la cultura, de los vínculos sociales, de las solidaridades etc. cada vez más relevantes en el contexto del capitalismo cognitivo y cada vez más privatizados.

Es necesario modificar la imagen, interesadamente idílica, del Estado como único agente de bienestar colectivo y, al mismo tiempo, ampliar la imagen positiva de los espacios políticos, económicos, culturales y psicosociales de lo común, es decir, los espacios de experimentación igualitaria. No hay que olvidar que las prácticas estatales beneficiosas conviven con prácticas dañinas e incluso muy dañinas. Encarnados en gobiernos, despóticos o, aparentemente democráticos, el Estado ha expresado tanto los derechos universales y la protección de la vida, como la represión más sangrienta; el derecho a la expresión individual como la uniformidad más gris; el fomento a la investigación y la creatividad como la burocracia más laberíntica; la atención de salud universal tanto como la represión militar. Y ahora último la corrupción extendida a todas las esferas del Estado, incluyendo nuestras, hasta ahora sagradas, “Fuerzas Armadas y de Orden”. ¿Hacen falta más ejemplos?

Es importante, entonces, entender que no todo se reduce a la oposición entre lo estatal y lo privado. Esa es una dicotomía construida en la modernidad occidental después de la persecución y los cercamientos (enclosures) de las formas comunitarias de vida, tanto en Europa como en América. La dualidad público/privado o Estado/mercado, dominante hoy en día, es el resultado del ataque furibundo a las formas comunitarias de existencia social por disfuncionales a la expansión del capital y a las diferentes formas del socialismo estatista. En Chile han ocurrido en los últimos cincuenta años dos ataques brutales a las formas comunitarias del tejido social: el primero el de la dictadura en los años setenta y el segundo el de los gobiernos de la Transición en los años noventa.

Ahora, no obstante, es posible y necesario concebir un amplio ámbito social de raíz comunitaria, democrático, autónomo, diverso, igualitario y participativo que estimule todas las formas posibles de la solidaridad y de la cooperación social. Un espacio diferente tanto al Estado como a las diferentes formas de propiedad privada. El proceso constituyente en marcha abre a la posibilidad de la deliberación colectiva acerca de lo común y de lo comunitario. Emergen, como mínimo estos tres:

a) Que la llamada “Convención Constitucional” incorpore a mujeres y hombres con prácticas sociales enraizadas en formas comunitarias de vida y trabajo

b) Que en los debates constituyentes se luche para que lo comunitario sea un espacio a estimular y a proteger constitucionalmente de los embates y cercamientos destructores por parte de lo privado y de lo estatal

c) Que se apunte a la definición de un cuarto poder, un Poder Comunitario, distribuido, participativo, no centralizado, compuesto por todas las asociaciones civiles, cooperativas, mutuales…gremiales, en sus diferentes formas contenidos temáticos, de emplazamiento territorial y en sus diferentes modos de articulación, de representación y mandato federativo.

Los cabildos y asambleas, surgidas al calor de octubre, son la expresión más contemporánea de ese Poder Comunitario, en germen, pero no la única. El proceso constituyente en marcha abre la posibilidad, inédita, de pensar formas de organización social distintas a las que establece la oposición entre el mercado y el Estado. El concepto de bienes comunes y de “lo común”, como categoría más amplia, basada en la ética del libre acceso, deben ser re-introducido, después de su expulsión en la Modernidad, no sólo en la teoría y la práctica del constitucionalismo sino en todas las disciplinas sociales y, por supuesto, en las prácticas políticas.

Esto implica avanzar simultáneamente en la creación de un polo político comunitarista, no partidista, a partir de la articulación federada de diversas expresiones de la cooperación social basada en los bienes comunes. Implica vencer los estereotipos sociales en general y los de una izquierda mayoritaria en particular, sin imaginación, acostumbrada a pensar sus proyectos políticos siempre desde la óptica del Estado, ya sea en su versión leninista, en su versión socialdemócrata o en su versión liberal, si es que esto último tiene algún sentido. Implica reconectar, revisando y con mirada crítica, sin redentorismos, las corrientes consejistas, asambleístas, autonomistas, anarquistas, autogestionarias, neozapatistas y muchas otras, patrimonio todos ellas, con sus éxitos y fracasos, con sus realidades e ingenuidades, de la izquierda universal.

El momento constituyente actual que vive Chile, sin falsas esperanzas, habida cuenta de los obstáculos que se le ponen a su camino democratizador, es un momento de expansión de la imaginación, de la creatividad, de la reflexión y de la osadía de “los cualquiera”.