Brutalidad policial, sus consecuencias y lo que nos toca
@LaSandunga7
Hay varias cosas que quiero decir a raíz la brutalidad policial que hemos vivido la semana pasada. En realidad, este texto es un esfuerzo por sistematizar información que merece estar junta, para procesar lo que ha pasado y para madurar propuestas aún dispersas. Pero primero, quiero empezar resaltando algo que ha dicho Teresa Cabrera en un ensayo reciente: a quien hemos visto actuar no es la policía de la dictadura: es la policía de la democracia. Es decir, hemos presenciado una forma de actuar que la policía ha venido perfeccionado en democracia (pensemos nomás en el Grupo Terna, creado el 2003, y “potenciado” por Urresti el 2014). La brutalidad policial que hemos visto con espanto no está lejos de las formas en que el Estado ha reprimido conflictos sociales fuera de Lima (Espinar, Tía María, Puente Piedra). Es decir, este nivel de represión no es patrimonio de Merino, sino una herencia que éste radicalizó buscando asegurar la permanencia de su gobierno ilegítimo.
Tres preguntas a responder en estas líneas: 1) ¿en qué consistieron los abusos de la policía?, 2) ¿cuáles fueron las consecuencias? y 3) ¿hacia dónde debemos dirigirnos para demandar justicia, verdad, y reparación para las víctimas, y ¿cómo asegurar que esto no vuelva a producirse?
Los abusos
Es difícil condensar los abusos de la Policía en un par de párrafos, así que intentemos agruparlos: 1) Uso de armas “no letales” a corta distancia y municiones ilegales: según la normativa, la policía sólo puede hacer uso de gas lacrimógeno y perdigones de goma durante protestas y para ello tiene procedimientos claros.[1] A pesar que la Policía haya salido públicamente a decir que siguieron dichos procedimientos, hay evidencia por doquier que prueba lo contrario. Las armas supuestamente ‘no letales’ fueron usadas a corta distancia y con disparos directos al cuerpo y cabeza. Como contó Lucio Suárez (quien recibió 4 impactos de proyectiles -cabeza, torax, hombro) a su hermano, “me dispararon a matar”[2]. Hicieron también uso de armas ilegales, como perdigones de plomo (10 de ellos causaron la muerte de Bryan Pintado), y canicas (se han registrado al menos 4 heridos), disparando no sólo a los manifestantes, sino también a periodistas y brigadistas de salud. Además, los gases lacrimógenos se usaron de manera indiscriminada, lanzándose incluso desde helicópteros[3]. 2) Detenciones ilegales[4] y otros abusos por parte del Grupo Terna, como sembrado de pruebas, abuso sexual, secuestro y tortura.[5] 3) El despliegue de una estrategia para emboscar a los manifestantes, que la abogada Mar Pérez llama una ‘ratonera’ de rejas, obligando a los manifestantes a esconderse o a escapar por sitios en donde necesariamente se les iba a golpear o disparar. Esto junto al uso de bloqueadores de señal de teléfono, y el apagón de luces de la Plaza San Martín.[6]
Algo muy importante que mencionar aquí. Lo que está haciendo la Policía al seguir negando el uso de proyectiles de plomo y canicas de vidrio no es simplemente protegerse recitando protocolos que claramente no han cumplido. Están intentando deslizar la hipótesis en la opinión pública de que dichos proyectiles no fueron disparados por ellos. ¿Por quién entonces? ¿Por la propia población? Más peligroso aún, como ha señalado también Mar Pérez, el uso de canicas podría estar indicando la construcción previa de una estrategia de impunidad. Es decir, el planeamiento del uso de armas no reglamentadas para poder deslindar luego de la responsabilidad de los heridos -y muertos (lo que se está haciendo ahora). Esta estrategia ha estado siendo empujada por ciertos periodistas mediocres, como Paco Bazán y por el programa "Rey con Barba".
Las consecuencias
Las consecuencias de la brutalidad policial las conocemos parcialmente. A estas alturas sabemos que además de los dos jóvenes asesinados, Bryan Pintado e Inti Sotelo, hubo más de 200 lesionados por proyectiles, 17 de ellos hospitalizados aún hoy. 9 de ellos han sido heridos de gravedad, de maneras que han afectado seriamente su capacidad de retomar una vida normal[7]. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Jon Cordero, que quizá no vuelva a caminar, a causa del perdigón que le dispararon en la médula. O el caso de Alex Flores, con un trauma ocular por el gas lacrimógeno que le lanzaron en el ojo. O el de Yoel Maylle, que recibió un disparo en la nuca que le causó una conmoción cerebral.[8]
Pero los detalles sobre quienes estuvieron desaparecidos recién están saliendo a la luz. Luis Fernando Araujo es la última persona que apareció luego de estar reportado como desaparecido. Lo que él y su abogada han declarado a la prensa es nefasto, y configura delitos de secuestro y tortura. Luis Fernando fue capturado por 4 ternas vestidos de civil. Lo subieron a un vehículo con los ojos tapados, mientras lo encañonaban con un arma en la sien. Le destaparon los ojos sólo al llegar a una habitación sin ventanas, con una sola silla. Allí permaneció encerrado tres días, desde el sábado en la noche hasta el martes por la tarde. No le dieron comida ni agua. Le hicieron escuchar la voz de su madre para burlarse. Tras el discurso de Sagasti, los policía le dijeron que había mucha publicidad sobre él y decidieron liberarlo. Lo volvieron transportar con los ojos vendados y lo tiraron en la Av. Aviación. Si bien Luis Fernando parece ser el caso más grave, el caso de Iván, que estuvo desaparecido 24 horas antes de regresar a su casa (descalzo, mareado y sin pertenencias), o el de la trabajadora de imprenta a la que desnudaron y tocaron en la comisaría, parecen indicar que se cometieron graves violaciones de derechos contra los detenidos.
Lo que nos toca
Finalmente, ¿qué toca ahora? Los peldaños que nos tocan recorrer recién se están construyendo. Y la masividad del descontento y la movilización merece que esa construcción sea resultado de un proceso. Pero un piso mínimo a exigir es justicia, verdad y reparación para las víctimas. Para guiarnos, vale resaltar aquí las demandas claves que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones afines están pidiendo:[9]
- En primer lugar, es indispensable una investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas. Una investigación de este tipo precisa de ir más allá de la Fiscalía, y contar con comisiones independientes y peritaje internacional, además de una comisión especial del Congreso, por ejemplo. En esta línea, las misiones enviadas por la CIDH y la ONU son positivas. Sin embargo, hay algo crucial que se tiene que hacer ya para que la investigación pueda avanzar: retirar a los altos mandos policiales. Solo así se puede evitar que destruyan pruebas que los comprometan o interfieran en el proceso.
Esta investigación, para poder desembocar en sanciones efectivas, tiene que identificar la cadena de mando. Hay que tener claro que esto no se generó porque a unos cuantos policías se les ocurrió. No estamos hablando de algunos “malos elementos”. Un muy buen reportaje de Rodrigo Cruz, ha detallado que el despliegue policial de la magnitud que hemos visto ha necesitado “un planeamiento específico presentado primero ante el comando de la policía y luego a un nivel más político como el Mininter” [10]. Pero, ya que al inicio se carecía de un Ministro, esta aprobación debió pasar por el mismo Manuel Merino.
No se trata solamente de identificar quién ordenó la represión, sino también quiénes, habiendo podido evitarla, se pusieron una venda en los ojos. Específicamente en relación a la noche del 14, La República obtuvo ya el plan de operaciones, donde se estableció quiénes estuvieron a cargo, cómo fueron distribuidos los efectivos según zonas, y cómo se desplegó la represión. Es decir, ya tenemos algunos nombres. Se sabe, por ejemplo, que el centro histórico fue dividido en 7 sectores. Fue en el quinto sector, a cargo del comandante Luis Castañeda Urbina, donde Inti y Bryan fueron asesinados. Los jefes de sectores respondían a quien fue jefe del Comando General (Gral Jorge Cayas Medina). Y este, a su vez, respondía al Sub Comandante General de la Policía (Gral Jorge Lam), quien coordinaba directamente con el Ministro del Interior, Gastón Rodríguez.[11]
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En segundo lugar, se espera una reparación para las personas heridas y detenidas ilegalmente. Pero esta no debe estar sujeta al final de las investigaciones. La CNDDHH demanda la creación de un presupuesto de inmediato que pueda cubrir los gastos de rehabilitación y acompañamiento emocional para las familias.
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En tercer lugar, se demandan garantías de no repetición. Al asumir su mandato, el presidente Francisco Sagasti, luego de lamentar las muertes de Inti y Bryan y pedir perdón a nombre del Estado, declaró que si bien no se les puede devolver la vida, las autoridades “sí pueden evitar que esto vuelva a suceder”. Su muerte debe marcar un hito, dijo claramente. Pero esta promesa quedará vacía sin reformas, y quizá la más urgente es la reforma policial. Acá dos pedidos mínimos son: 1) la desactivación del grupo Terna, de quien hemos presenciado suficientes violaciones de derechos humanos en estos días, y que venía siendo cuestionado desde las modificaciones que hizo Urresti el 2014 para que ingresen oficiales con casi nula formación (3 semestres); y 2) la derogación de la Ley 31012, también llamada "Ley del Gatillo Fácil", que elimina el principio de proporcionalidad, que es precisamente el que exige a la Policía responder en función a la fuerza a la que se enfrentan. Aquí, la conformación de un panel de expertos independiente que proponga reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones es clave. Todo esto a fin de asegurar realmente el derecho a la protesta en el futuro.
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Finalmente, apostar por cambios de fondo. Si la actual crisis ha vuelto palpable la fragilidad de la democracia en la que vivimos, ¿qué cambios estructurales necesitamos para avanzar hacia un nuevo pacto social? Un paso crucial podría estar en la reforma o reconstrucción de la Constitución, estableciendo una #SegundaUrna en el día de las elecciones generales.
Estamos presenciado en tiempo real cómo se abre el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución. ¿Ha llegado el momento constituyente que auguraba Javier Diez Canseco? Hacia allí parece estar dirigiéndose parte de la imaginación sobre cómo lograr cambios de raíz. Sin embargo, hay que tener claridad aquí que una nueva Constitución no va a refundar la nación por sí misma. Y aún así , teniendo esta precisión sobre la mesa, veo con esperanza lo que nos otorga el debate en sí mismo. Una oportunidad para pasar de una democracia representativa que se abisma, que nos reduce a acudir a las urnas cada cinco años y a las calles cuando las papas queman, a una democracia participativa, deliberativa, en donde los ciudadanos son capaces (y se les permite) de habitar la arena pública, donde la ciudadanía deja de ser una partida de nacimiento, o una jerarquía que diferencia entre aquellos de primera, segunda y tercera categoría, para reconocerse como un acto político, una acción. Si la generación del Bicentenario -como la han llamado- ha a retener su poder contestatario tendrá que sacudirse de la domesticación de los reconocimientos del Ejecutivo y cuestionar las bases de la democracia que le han heredado.
Y para reforzar (¿advertir?): sin justicia, verdad y reparación, este gobierno de transición no tendrá legitimidad. Sin la apertura de la imaginación y del debate de las reformas que nos tocan y nos convocan no habrá cambio que valga. Expandir la imaginación pública de lo posible. Eso nos toca.
[1] Todo ellos está regulado en la Ley 1186 (uso de la fuerza de la PNP) y su reglamento.
[2] Conferencia de CNDDHH https://www.facebook.com/107896899294086/videos/3625582044121284/
[3] Otros testimonios también registran que se lanzó gas pimienta desde helicópteros.
[4] Por ejemplo, la detención de Carlos Rodríguez, abogado de la CNDDHH, mientras intentaba defender a los detenidos en la comisaría de Alfonso Ugarte: https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/10/detienen-a-abogado-que-brindaba-asistencia-legal-a-detenidos-en-marchas/
[5] Parte de estos abusos han sido sistematizados en este reportaje de Rodrigo Cruz, en El Comercio: https://elcomercio.pe/lima/seguridad/uno-a-uno-los-excesos-y-abusos-de-la-policia-durante-la-represion-a-los-manifestantes-noticia/?ref=ecr
[6] Entrevista a Mar Pérez, abogada y responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH: https://www.youtube.com/watch?v=yvkG4FcENIQ
[7] Información divulgada en la conferencia de prensa que realizó la CNDDHH
[8] La CNDDHH ha creado esta iniciativa que centraliza la ayuda para los heridos: https://generacionbicentenario.joinnus.com/
[9] Pueden firmar la petición aquí: https://www.change.org/p/presidente-del-per%C3%BA-verdad-y-justicia-para-la-generaci%C3%B3n-del-bicentenario-y-para-todo-el-pa%C3%ADs?utm_content=cl_sharecopy_25900893_es-419%3A2&recruiter=1164848398&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
[11] En este reportaje de Doris Aguirre, se identifican los oficiales PNP responsables de la represión del 14N: https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/19/identificados-los-oficiales-pnp-responsables-de-la-represion-del-sabado-14/