Carabineros de Chile: una institución desprestigiada que reiteradamente viola los derechos humanos

El asesinato, a plena luz del día y a vista de quienes se encontraban en el lugar, del malabarista Francisco Martínez Romero (27) en Panguipulli, sur de Chile, provocado por los seis balazos -el último mortal, al corazón- perpetrados por el sargento Juan González Iturriaga, luego de que Martínez se negara al control de identidad, vuelve a poner en jaque la legitimidad y el proceder de Carabineros. El suceso, desató una ola de protestas ciudadanas en todo el territorio chileno, pidiendo justicia y afirmando que “el arte callejero no es delito”.

Igualmente, la muerte de Martínez ha vuelto a poner en debate la norma de control de identidad preventivo, admitida el año 2016, en el segundo gobierno de Michele Bachelet, aunque en el 2019 se aprobó una indicación que fija la edad desde los 16 años. Quienes la defienden, pregonan que ayuda a mantener la seguridad en el país y el Estado de Derecho. Pero, hoy causa controversia por la poca legitimidad que tiene el cuerpo de Carabineros y por las grandes atribuciones con las que cuentan. El lamentable fallecimiento del malabarista ratifica el peligroso y arbitrario uso de dicho control. Además, el mismo funeral fue intervenido y reprimido por Carabineros, sin mostrar ningún respeto ante la pérdida y la despedida necesaria para familiares y amigos.

No son casos aislados, como suelen decir quienes defienden a este cuerpo cada vez que ocurre un hecho que violenta la vida de los chilenos, cuando en teoría su tarea es cuidarla. Si bien la institución es reconocida por ejercer bastante violencia frente a las protestas ciudadanas, desde el 18-0 del 2019 aquella se ha incrementado con injustificada ferocidad, y lamentablemente, con gran impunidad. Así, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señala que "hoy en Chile, Carabineros de Chile es la institución que contempla la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluidas la violación del derecho a la vida.”

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, a pesar de aparecer el día miércoles 9 de febrero cuando comenzó la vacunación masiva contra el covid en todos los medios, guardó total silencio el fin de semana luego de la muerte del joven. El lunes afirmaba “mi respaldo y apoyo a Carabineros de Chile, son la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia”. Así, la impunidad y accionar de Carabineros se debe también al gran respaldo que reiteradamente el primer mandatario y los grupos de poder suelen otorgarle.

Continuar defendiendo a la policía cuando siguen sumando gran cantidad de querellas contra los derechos humanos, no hace más que “encender el fuego” hacia más manifestaciones ciudadanas que claman verdadera justicia. Otro hecho dudoso, ocurrió en la madrugada del lunes 8 de febrero. Fue el ahorcamiento de Camilo Miyaki (27) bajo custodia de Carabineros en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, según ellos, por suicidarse con una frazada luego de ser detenido cuando se encontraba con su pareja, por no contar con salvoconducto, luego de las jornadas de protesta por la muerte del malabarista. Aquella comisaría ya cuenta con denuncias de fuertes abusos y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Los presuntos suicidios en comisarías desde el 18-0 han sido reiterativos, lo que genera sospechas de sus verdaderas causas.

Por otro lado, el 10 de febrero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella por delitos de lesa humanidad -en curso desde enero 2020- interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra del Presidente de la República, del ministro del Interior y Seguridad Pública, del subsecretario del Interior y del general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez Reveco, luego dela muerte del malabarista en Panguipulli. Empero, ese mismo día, se desestimó la prisión preventiva para el sargento Iturriaga por el delito de homicidio simple contra el joven. La primera resolución fue el arresto domiciliario total, que generó críticas. Y luego, el mismo 10 de febrero, las medidas cautelares en su contra fueron rebajadas a cumplir con arraigo nacional y firma quincenal.

Queda en evidencia el comportamiento asimétrico del Poder Judicial y el Ministerio Público, respecto a las suaves resoluciones que se suelen otorgar a Carabineros por homicidios, violaciones y cualquier vulneración al derecho a la vida, en contraposición con mantener prisión preventiva a los presos políticos de la revuelta, por ejemplo. Hasta la fecha muchos menores de edad siguen reclusos por más de un año, detenidos de forma arbitraria y sin contar con pruebas fidedignas en su contra.

Asimismo, la justicia suele ser “blanda” cuando se trata de sectores de las clases altas del país, o de los simpatizantes de la opción “Rechazo” a la nueva Constitución. Recordemos que, las marchas de dicho sector se efectuaban en el barrio alto de Las Condes en Santiago, y eran escoltadas por Carabineros, a pesar que solían agredir a los transeúntes, nunca hubo ningún detenido. A diferencia de la fuerte represión que vivieron y siguen siendo víctimas los manifestantes por el cambio estructural en Chile.

Así, aplicar la Ley de Seguridad del Estado, corre siempre y cuando se trate de los sectores populares y vulnerables como son los mapuches, catalogados como “terroristas” por el Estado chileno, o quienes se opongan al sector dominante. Aquella “mano dura” no ocurrió en el caso de los implicados en amenazar de muerte a la fiscal Chong- quién investigaba el llamado caso Pío Nono, relacionado con la responsabilidad que tuvo el funcionario de Carabineros Sebastián Zamora en la caída de un joven de 16 años al Río Mapocho, y vale decir que ningún carabinero concurrió a socorrer al menor de edad frente a sus agresores quienes contaban con escudos del “Rechazo”, alusiones al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad y con nada menos que una ametralladora UZI.

Material que fue catalogado como “utensilios” sin gran importancia por el subsecretario de Piñera. Entonces, si eres de la Araucanía es “armamento de guerra”, o si es el sable-sin filo- de un artista callejero, es “arma blanca”, empero cuando es un grupo terrorista de extrema derecha que defiende a la policía, con una ametralladora, es “utensilio”. Es violencia justificada entonces, cuando se cuenta con la afinidad ideológica del gobierno, y se pertenece a las familias acomodadas de Chile.

La detención y el proceder, no es igual para todos. Carabineros de Chile no vela por la seguridad ni vida del pueblo, más bien atenta contra ella, dependiendo de las demandas que se apoye y de la clase social a que se pertenezca. Sí, porque claro que velan por el bienestar del “otro Chile”, el que sigue creyendo que vive en un oasis.