¿Castración para expiar culpas?

El día jueves se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley relativos a incluir en nuestra legislación penal la castración química por crímenes sexuales. El proyecto 1761-2021 del Ejecutivo, y el proyecto 1767 de la bancada de Acción Popular. Ambos responden, como ha ocurrido en la mayor parte de países que adoptan la castración, a la protesta popular ante terribles crímenes cometidos contra menores de edad.

Si nos remitimos a la historia de la violación y su castigo, podríamos confirmar que, durante siglos, mientras la violación de mujeres fundaba naciones, la violación de menores de edad lindaba con lo blasfemo y era la única castigada penalmente[^1]. A esta mecánica de castigo al violador obedecen ambos proyectos de los que quieren hacerse portavoces y justicieros de la indignación popular.

Para justificarse, ambos proyectos enumeran a una serie de países que aplican la castración, pero no se detienen a diferenciarlos. Sobre los países que la han considerado en su legislación, estos se dividen entre los que la consideran castigo o terapia. Los proyectos de ley nos sumarían a los estados autoritarios que la implementan como “sanción más severa para disuadir”, cuyo objetivo es el mayor castigo. Indonesia, Singapur, Polonia, Rusia, República Checa -con castración quirúrgica- así como algunos estados de EEUU, se incluyen en este perfil. Algunos de ellos también aplican la pena de muerte para combatir las drogas o la corrupción, o sancionan con multas arrojar el envoltorio de un chicle en la calle.

Otro grupo de países entre ellos, Francia o España, acuden a la castración química si es solicitada voluntariamente como ayuda por el propio agresor sexual, como parte de una terapia para ser reincorporado a la sociedad. Sin embargo, la mayor parte de estudios coinciden en que la castración química, así como el encierro en la cárcel, no operan por sí solos, sino que deben ser acompañados de una rehabilitación psicológica, reconociendo la importancia de que la mente sea corregida para que el cuerpo se adecue a las normas sociales.

Pero el problema, no es solo físico y psicológico a nivel individual, depende también de una reingeniería social que no mantenga a grupos sociales en condiciones de subordinación –por sexo, raza, clase, discapacidad, orientación sexual, etc. - que son las que facilitan la comisión de crímenes sexuales. Es este contexto el que ha hecho que la violación sea un crimen en el que se ejerce poder, poder del que probablemente también el agresor fue víctima cuando se encontraba en una posición de inferioridad como el ser un niño.

Es curioso que ninguno de los proyectos presentados plantee la norma propuesta como dentro de un engranaje de otras medidas o políticas públicas que estarían destinadas a lograr el objetivo de evitar la violencia contra la infancia o la violencia familiar o la violencia de género, lo que corrobora la hipótesis de que se trata de una medida populista destinada a aplacar una sed de venganza y a aprovechar réditos políticos. No se mencionan medidas destinadas a la educación sexual integral, a educar masculinidades desde los colegios, a prevenir el incesto, a estudiar los mundos masculinos y no mixtos donde se incuba la violencia, o a preguntarse por la contradicción que hay entre la compasión que suscita una niña violada y la imposición del embarazo a una niña a partir de una violación. De ahí que sea importante oír la voz del MIMP como ente rector, así como desarrollar las políticas y herramientas previstas en leyes como la 30364, para fortalecer y no desandar los logros alcanzados en la prevención y atención de la violencia sexual.

[^1] Cfr. Vigarello, Georges. Histoire du viol. Paris : Seuil, 1998.