Chimbote: la Comisión de Justicia Social y los derechos humanos

Cada cierto tiempo en la historia de los pueblos aparecen organizaciones, instituciones o personas que con el esforzado rol que desempeñan en la mejora, defensa y construcción de la sociedad a la que se entregan, trascienden y se instalan poco a poco en la memoria y en el subconsciente colectivo. Con cuarenta y cinco años de trabajo ininterrumpido en el puerto de Chimbote, la Comisión de Justicia Social, primera organización de la iglesia católica dedicada a la promoción de la dignidad y los derechos humanos en las provincias del Perú, es una de ellas.

Quienes son testigos de la historia local, así como del proceso, las luchas e ilusiones de quienes habitan el puerto, apelarán a la memoria y a la necesaria reflexión que implica sumergirse en el transcurrir de casi medio siglo de historia reciente en Chimbote. La Comisión de Justicia Social [CJS] ha acompañado desde entonces a los marginados y desvalidos; a los presos buscando rehabilitarlos mediante un programa educativo, protegiéndolos y denunciando a su vez las torturas de las que son víctimas a lo largo de su encierro. De la memoria de los obreros siderúrgicos no se ha ido el recuerdo de la huelga de 62 días, en los años setenta; coyuntura que la CJS acompañó promoviendo la conciencia crítica, el liderazgo y el respeto a los derechos de los trabajadores, en el marco de una urbe convertida en polvorín y en laboratorio de las ciencias sociales.

Son muchas las organizaciones de base que han vinculado su quehacer con la CJS a lo largo de las décadas transcurridas. Pero quizá el acompañamiento del caso de los nueve campesinos desaparecidos y ejecutados en Santa por el Grupo Colina [1992], así como los múltiples esfuerzos por el retorno a la democracia durante la corrupta dictadura de Fujimori, sea lo que más se recuerda. Como fundadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e integrante del Consejo Directivo desde su fundación hasta la actualidad, la CJS ha unido esfuerzos con otras instituciones para tejer redes locales que hoy promueven la ética y gobernabilidad, la lucha anticorrupción y la democracia participativa, el ejercicio crítico y el cuidado del medio ambiente, la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres rurales, la memoria colectiva de quienes habitan esta parte del país.

En los valores y principios de la institución se han visto reflejadas varias generaciones de chimbotanas y chimbotanos atentos al devenir histórico, prestos a participar en el cambio social que necesita el país. El fortalecimiento de instituciones de esta naturaleza, la dinamización de espacios de participación e incidencia alrededor de temas de coyuntura, contribuye sobremanera a la consolidación de una conciencia crítica ciudadana. El desafío de imaginar un nuevo país pasa por revisar nuestro legado histórico, por preguntarnos de qué nos sirve la memoria si esta no nos permite trazar y planificar un nuevo futuro.

La construcción de ciudadanía y nación que necesitamos lograr, debe ser forjada en virtud a lo colectivo, equitativo y plural, a lo democráticamente participativo y responsable socialmente. Los cuarenta y cinco años de la Comisión de Justicia Social deben ser entendidos como el hito histórico que representa en el contexto de las múltiples violaciones a los derechos humanos de las que somos víctimas quienes habitamos esta parte del país. Para cambiar la realidad y superar la grave coyuntura que atravesamos, necesitamos combatir las causas estructurales, los patrones de violencia y el irrespeto a nuestros derechos; en ese camino de la dignificación de las personas, en Chimbote todos saben quién es quién, qué se ha hecho para sembrar [a pesar de las enormes piedras del camino] una tierra nueva.