Coalición sin ciudadanos

A menos que vivas en una cueva, habrás oído de la publicitada coalición que ocupa todos los medios desde hace unos días: la autodenominada “Coalición Ciudadana” que propone una reforma mínima de siete puntos con la intención de lograr un adelanto electoral para sacar a Pedro Castillo y al Congreso, porque señalan que es el pedido mayoritario del país. En su página web de presentación cuentan con un lema sonoro por lo populista. Algo que resulta válido aunque muchos de los integrantes de este espacio han rechazado públicamente al populismo como estrategia política demasiadas veces como para no detectar cierta incongruencia. ¿Cuál es el lema? “Recuperemos la política para la gente”. Y creo que esto nos permite reflexionar sobre la propuesta presentada, pero también sobre el tipo de dinámica social que defiende este espacio. Me temo que, errando el concepto de “sociedad civil”, se atribuyen la representación de ella cuando lo que conforman es su institucionalidad. Me temo también que, al hacerlo, muestran mucha voluntad de hablarle a la gente, pero muy poco de oírla.

Primero lo primero. Resulta saludable ver iniciativas con el ánimo de sumar perspectivas para salir de la crisis. Es más, creo sinceramente que muchos de los integrantes de dicha coalición están seguros de que su propuesta de reforma mínima, y únicamente en lo político, resulta suficiente para garantizar, como ellos mismos afirman, “que el juego pueda estar un poquito mejor”. Sin embargo, de buenas intenciones están empedrados muchos caminos que no llevan a los mejores escenarios, sobre todo, cuando se diagnostica erradamente una crisis que es sistémica y no política; y cuando se analiza parcialmente las razones por las que Pedro Castillo está en Palacio de Gobierno. Voy dejando una pista: es por la gente. Esa misma gente que esta coalición dice que debe “recuperar la política” ya lo hizo en 2021. Y siente que lo sigue haciendo, parcialmente, hoy.

Empecemos por las propuestas. El contenido mínimo planteado por los integrantes de esta coalición de organizaciones cuenta con algunos puntos interesantes. La renovación del 50% del Congreso a la mitad del mandato o la posibilidad de incluir en la Constitución la destitución de un Presidente en ejercicio por corrupción, son medidas saludables. Sin embargo, su primera propuesta es una alarma antidemocrática sin precedentes a nivel mundial. Preocupa, por tanto, que no sólo la consideren sino que le den el primer lugar. En la práctica, nos proponen restar la legitimidad del presidente elegido democráticamente por la mayoría del país. Dicen preocuparse por la polarización y por el poco apoyo que recibieron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta en 2021, pero su solución es matar la legitimidad de quien gana la segunda vuelta. ¿Cómo? Quebrando el sentido de la segunda vuelta que permite que el ganador se alce con una mayoría que le dota de legitimidad política incluso en contextos donde la diferencia entre quienes compiten es mínima. Basados en nuestra experiencia, esto resulta fundamental de mantener ya que es una de las pocas garantías de legitimidad en nuestro precario sistema electoral. Para ellos, la solución es fracturar más el voto con hasta cuatro candidatos en una segunda vuelta con la excusa de que contarán entre todos con más apoyos. Si ya vemos la dificultad de generar una mínima estabilidad cuando el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo está completamente pervertido, esta propuesta sólo abona a mayor inestabilidad y mayor imposibilidad de encuentro mínimo entre poderes del estado e incluso entre distintas fuerzas políticas durante la campaña previa a la segunda vuelta. Ya ni qué decir de la falta de precedentes en esta propuesta. En realidad, tendría más sentido que apostaran por proponer directamente un sistema parlamentarista donde la investidura presidencial pudiera darse entre muchos candidatos en función de la aritmética parlamentaria. No termino de estar de acuerdo con dicha propuesta, pero al menos tendría un fundamento y no una malagua argumental llena de buenismo abstracto.

Ahora bien, no creo que quienes proponen esto no vean las alarmas -por decir lo menos- de lo que están planteando y que podríamos denominar “el edgarmalaguismo al cuadrado”. De hecho, el argumento que suelen usar para presentar este tipo de propuestas es que necesitamos más candidatos para que no elijamos entre dos extremos. No voy a mencionar siquiera la irresponsabilidad de equiparar dos extremos cuando en el Perú tenemos a una extrema derecha envalentonada y con un brazo fascista violentos como “La Pestilencia” empoderándose, pero sí les enmendaré la plana tras este análisis. La causa del problema no es que existan posiciones políticas y candidatos políticos que planteen medidas o programas radicales. Ellos y ellas son una consecuencia de una fractura que no tiene que ver sólo con lo político o la representación, sino con el sistema. Hay un Perú mayoritario que se siente ignorado e insultado desde hace décadas por esas élites que hoy quieren decirles que no deben indignarse, sino moderarse. Esta miopía analítica sólo perpetúa y hace crecer esa brecha entre quienes nunca han sido oídos de manera justa e igualitaria, frente a quienes quieren que las cosas sigan igual, con esas mayorías invisibilizadas. Antes que apuntar a la consecuencia habría que apuntar a la causa.

Y es que el problema está en el errado diagnóstico de esta coalición de organizaciones. Mientras se siga pensando que esta es una crisis política, se puede caer en el error de creer que la salida tiene que ver con una reforma exclusivamente política. Mientras se siga pensando que esta crisis es sólo de representación, se puede caer en el error de creer que basta con reformas mínimas y no de fondo que lo toquen todo. Es curioso que para los integrantes de este espacio la causa de la desafección política parecen ser exclusivamente los candidatos. No consideran la crisis de partidos, la crisis de representación política que va in crescendo desde hace décadas en el país, el impacto del ruido impuesto por las agendas de actores que debieran ser neutrales en los procesos electorales como el poder mediático, o la falta de representación -y por tanto convocatoria- de las mayorías en el proceso electoral como consecuencia de las reglas restrictivas que las excluyen. Ya ni qué decir del poder económico involucrado hasta las cejas en las elecciones financiando ya sea partidos, coaliciones o candidatos específicos. Parece que se olvidaron del contexto, pero sin contexto no hay análisis que valga ni mucho menos una solución. Y, todavía más, parecen desconocer -a lo mejor voluntariamente- el funcionamiento del poder y cómo lo toca todo en una articulación de esferas y no desde el aislamiento de las mismas. La crisis política no se disocia de la económica, la electoral no se disocia de la social. La arquitectura del poder es lo que sostiene la crisis. Pero de eso no quieren hablar.

Contrario al discurso de “necesitamos mínimos para mejorar un poquito el tablero”, lo que necesitamos mejorar son los anteojos para ver la realidad. Sin entender el componente social y el papel del poder en la lectura de la crisis, se pueden proponer buenas ideas para una mesa redonda, pero inaplicables en la realidad. En la misma línea, querer circunscribir cualquier salida a un adelanto electoral donde el elenco político será exactamente el mismo o peor, sólo evidencia que tras estas siete bienintencionadas propuestas, no hay más que un deseo renovado por la apuesta que vienen sosteniendo estos actores desde hace ya muchos meses: sacar a Pedro Castillo. Y, ojo, nadie dice que no tienen razones, pero a la vez, lo que parecen no tener es la valentía de plantearlo en esos términos. ¿Por qué? Porque incluso con la mala lectura del diagnóstico sobre el carácter de la crisis, y con una parcial intención de resolver algo con una reforma de mínimos que no cambiará nada pero maquillará un poco, podrían perfectamente ponerse la camiseta valiente e iniciar su cruzada por reformas sólo políticas y mínimas sin necesidad de vincularlas a un adelanto electoral cuyo apoyo se reduce a las organizaciones firmantes. El “que se vayan todos” no es que se vayan Congreso y Gobierno. El “que se vayan todos” es un grito de impugnación del sistema. Es antes un “que se vaya todo esto” y no un “quiero volver a votar”.

Entonces, ¿por qué no abrir el debate a la ciudadanía y permitir que esa GENTE a la que quieren “devolver” la política sea realmente la que decida qué quiere reformar y en qué áreas? ¡Ah! Es que a lo mejor la mayoría social no está tan dispuesta a poner el acento en medidas mínimas, sino en medidas estructurales. Tal vez no quiera hablar sólo de las reglas del juego electoral. Tal vez quiera hablar del modelo económico, de democratizar el oligopolio mediático, de acabar con el papel de capitales privados en derechos como la salud o educación, de garantizar la consulta previa como derecho fundamental, etc. Y tal vez quiere debatir al respecto en un marco más grande y no vincularlo al devenir del Gobierno de Pedro Castillo pues en esto, en concreto, no hay consenso mayoritario. Que la gente recupere la política significa justo lo contrario a lo que esta plataforma de organizaciones plantea. Significa, para comenzar, que se burlen menos cuando se propone una Nueva Constitución. Significa que dejen de reírse cuando alguien habla de referéndum para, de verdad, devolver la voz a la gente. Significa, para continuar, que se oiga lo que están pidiendo en las calles unos y en Palacio de Gobierno otros. Significa, también, que deje de imponerse una reforma o propuestas desde arriba desde una visión tutelar de la gente. Las grandes transformaciones son siempre construidas de abajo hacia arriba, pero para eso, hay que bajar un poco los humos.

Y este es tal vez el principal tema de fondo: lo que se entiende como el poder, la forma en que opera y el tipo de disputa que está en el escenario peruano hoy en día. Mientras algunos consideran que la forma de salir de esta crisis (sistémica) es plantear medidas desde arriba y luego intentar convocar con firmas a esas mayorías que le son esquivas, hay quienes entendemos el proceso de reconstrucción del país como un proceso basado en la igualdad. Dicho en simple: no se trata de intercambiar unas élites por otras que sigan siendo élites pero cuenten con menos vicios o que usen discursos más moderados. De lo que se trata es de democratizar el poder para garantizar igualdad, no élites de otro signo.

Durante las últimas semanas, ese Perú que te dicen que no se moviliza, lo ha hecho. Los damnificados por el grave derrame de petróleo ocasionado por Repsol se han manifestado frente a las oficinas de la empresa, del Consejo de Ministros y a la sede del Congreso. Las mujeres de las “ollas comunes” han marchado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para exigir presupuesto para 2023. La presidenta de la Federación Asháninka, Susana Silva y más dirigentes de esta etnia amazónica exigieron directamente a Pedro Castillo que haga algo para acabar con las invasiones, la tala ilegal y el narcotráfico porque ponen en peligro “nuestros bosques”. Hace unas semanas vimos también la manifestación de estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga exigiendo la renuncia de sus autoridades debido a la baja calidad y malas condiciones de infraestructura. Y si rastreamos más meses atrás tendremos otras tantas agendas, muchas de las cuales, en la heterogeneidad de la manifestación anti golpista del 10 de noviembre, estuvieron presentes.

La movilización existe de manera atomizada. Las demandas concretas, también. La agenda de exigencias al Ejecutivo y al Legislativo están ahí, sólo hace falta oírlas. La verdadera coalición ciudadana debe ser aquella que ponga las políticas que ya se están exigiendo en primera línea y no imponer las que consideran principales desde las alturas. La verdadera coalición debe contar con los ciudadanos y no prescindir de ellos para buscarlos luego sólo por las firmas. ¿Qué convocatoria exitosa puede surgir de la torre de babel cuando esa GENTE que dicen representar no está en esa cúspide? Nada de esto exime el debate sobre el contexto de crisis actual en el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todas las preguntas sin responder por parte de este Gobierno que sigue sin cumplir el programa con el que ganó y que tiene sobre las espaldas demasiadas sospechas de corrupción que deben ser resueltas en los tribunales, etc. Pero hablar de soluciones supone escuchar para entender democráticamente el tipo de crisis que vivimos y aceptar que no saldremos de ella en un proceso rápido, pero sobre todo, sin contar con el apoyo mayoritario a transformaciones que han de ser estructurales y no superficiales.

De hecho, sugiero recuperar la palabra “gente” y entenderla como una multiplicidad y pluralidad de voces y actores desde distintas coordenadas. Sugiero también humildad para entender que muchas entrevistas no significan legitimidad. Que muchas portadas, no garantizan convocatoria. Que mucha buena intención es sólo eso y que mucha ilustración debería servir para marcar las rutas oyendo a quienes no gozan de ese privilegio, sin plantear jerarquías sobre quién señala el camino y quienes han de seguirlo. Y esa mayoría que hoy sigue sin estar representada ni por esta coalición, ni por los partidos políticos actuales, está hablando suficientemente claro. Por eso, la coalición que necesitamos debe ser CON los ciudadanos dentro y no poniéndolos por debajo. Me temo que esta coalición sin ciudadanos ha optado por lo segundo.