Contraloría auditará ampliación de concesión del hotel Sanctuary Lodge de Machupicchu

La Contraloría General de la República, inició una auditoría de cumplimiento al contrato de concesión y administración del Hotel de Turistas Machupicchu (Sanctuary Lodge) y a la suscripción de una adenda en el año 2013. Este recinto es administrado por la cadena hotelera Belmond, donde Rafael López Aliaga es accionista a través de Perú Holding de Turismo SAA (PHT).

A través del oficio N° 000597-2021-CG/OC5227, con fecha 12 de octubre de 2021, la Contraloría comunicó a la actual gestión del Gobierno Regional de Cusco el inicio de las acciones de control para determinar de manera exhaustiva si la suscripción y retribución económica (comisión fija y variable) de la adenda del Hotel Sanctuary Lodge hasta el año 2023 cumplió con las cláusulas contractuales, y la normativa y legislación correspondiente.

Como es de conocimiento público, el representante de empresa Perú OEH SA (Ahora Perú Belmond Hoteles S.A.) suscribió con el entonces gobernador Jorge Acurio (periodo de gestión 2011-2013) una extensión adicional de diez años del contrato de usufructo del Hotel de Turistas de Machupicchu, el cual se encuentra bajo la tutela del Gobierno Regional, y, por ende, del Estado.

Este servicio de control lo efectúa el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Cusco y sus resultados se conocerán dentro de 75 días calendarios.

Una comisión del anterior Congreso halló vicios en su concesión y recomendó pedir la nulidad del contrato y recomendó al actual gobernador regional del Cusco que proceda con caducar el contrato, al no haber hasta el momento una respuesta, la Contraloría General está iniciando dicha auditoria.

Irregularidades en la ampliación de la concesión

El hotel Sanctuary Lodge fue concesionado en el gobierno de Alberto Fujimori, el 27 de enero de 1995 por 20 años hasta el 2015, una vez cumplido este plazo y a horas de ser vacado el ex gobernador regional Jorge Acurio, suscribió una adenda para ampliar la concesión por otros diez años, dicha decisión fue cuestionada porque la adenda se firmó sin autorización del Consejo Regional.

A partir de estas observaciones, el gobierno regional inició un proceso de caducidad ante el Poder Judicial. El caso actualmente está con una casación ante la Corte Suprema, que debe definir si la ampliación del plazo de concesión fue regular.

Otra de las observaciones que tendrá que clarificar Contraloría es que la concesionaria del Sanctuary Lodge, habría incumplido con el pago de comisiones estipuladas en el contrato, por ejemplo, se hace una referencia de dos comisiones mensuales de 10 mil dólares y/o el 8% de la suma total de sus ingresos.