Contraloría General inició Megaoperativo de Control en Cusco
Corresponsal en Cusco
La Contraloría General de la República anunció la intervención de 70 entidades públicas de las 13 provincias cusqueñas. El contralor general Nelson Shack hizo el anunció, hoy en la ciudad de Cusco, del inicio del Megaoperativo de Control en donde se examinará más de S/ 3 millones de recursos públicos.
El titular de la Contraloría tuvo un encuentro con las autoridades regionales, representantes de las entidades públicas y sociedad civil para presentarles los detalles de la intervención, además de recoger alertas y denuncias.
El primer megaoperativo a nivel nacional
El contralor general Nelson Shack indicó que estas intervenciones son parte de la estrategia de control con enfoque territorial que se va realizar en todas las regiones del país y que este es el primer Megaoperativo de Control Regional del 2022.
Para esta intervención, la entidad duplicará la capacidad operativa en la región para examinar la ejecución de más de S/ 3711 millones que manejan las entidades públicas cusqueñas para inversión pública, bienes, servicios, recursos humanos y otros.
La estrategia y dimensión del Megaoperativo de Control Cusco comprende la ejecución de 140 intervenciones, de las que se desprenden 82 servicios de control entre acciones de control simultáneo y posterior, 45 servicios relacionados en los que se evalúa denuncias y recopila información, y 13 acciones de integridad transversales en las que se involucra la participación ciudadana. Para este despliegue se han convocado más de 130 auditores y especialistas de la Contraloría.
Se intervendrá los proyectos del gobierno nacional con el Cusco
Se intervendrá con control concurrente a la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que está a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) con la asistencia técnica de la República de Corea, a través del contrato de Estado a Estado con un monto de inversión de más de S/ 2433 millones.
Asimismo, en el ámbito del gobierno nacional, la Contraloría ha programado el acompañamiento del control concurrente a la obra que se ejecuta en el Hospital Antonio Lorena, en el cuál se examinará S/ 418.6 millones que ejecuta el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). También se auditará a la Unidad ejecutora del Ministerio de Cultura en Cusco por la gestión, protección y defensa del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, en su condición de bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
Principales casos a investigar
Para la programación del Megaoperativo se han considerado los temas y casos que más preocupan a la población cusqueña y que se han recogido a través de audiencias públicas y alertas ciudadanas. Por ejemplo, el ente de control realizará un servicio de control específico a la contratación del servicio de plan de datos, con sus respectivos módems, para estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco durante los años 2020 -2021. En la adquisición de estos bienes y servicios, la casa de estudios habría invertido S/ 6.2 millones.
Del mismo modo, tras la denuncia que señala a funcionarios del Gobierno Regional de Cusco por emitir licencias de conducir, cuando las impresiones dactilares consignadas en las “Hojas de Evaluación del Examen de Manejo”, difieren de las registradas por los postulantes en sus documentos de identidad, la Contraloría ejecutará un servicio de control posterior para determinar las responsabilidades correspondientes.
En la Municipalidad Provincial de Cusco, se auditará la obra de transitabilidad vehicular y peatonal, y el acondicionamiento urbano en la vía principal Puquin – Arco Tica Tica. Además, se realizará un servicio de control posterior a la entidad edil por la prescripción de papeletas por infracción de tránsito impuestas entre los años 2015 y 2017, debido a la presunta falta de emisión de resoluciones de sanción y deficiencias en su notificación.
Otro caso sensible que preocupa a los cusqueños y que forma parte del Megaoperativo de Control, es el cobro de papeletas por un monto inferior al que corresponderían las infracciones calificadas como “muy graves”, lo cual estaría generando un perjuicio económico en las municipalidades provinciales de Anta y Calca.