Cruz Silva: “El Congreso es la institución que menos legitimidad tiene para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional”

El proceso de elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional viene siendo motivo de diversos cuestionamientos por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente la Comisión del Congreso a cargo de la selección de los candidatos que serán propuestos ante el Pleno viene repitiendo vicios de procesos anteriores y expresando la voluntad de ciertos partidos políticos de asegurarse algunos asientos en una institución clave para nuestra institucionalidad democrática. Para explicar los cuestionamientos y preocupaciones de la sociedad civil, Noticias SER dialogó con la abogada Cruz Silva del Carpio, miembro de IDL, coordinadora del Programa Justicia Viva y coordinadora del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción GTCC.

¿Cuál es el estado actual del proceso de selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional?

La Comisión que va a evaluar a los candidatos al Tribunal Constitucional, está ad portas de decidir si es que retrocede o no en su reciente decisión de separar algunos candidatos, que de acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República, tenían información preocupante sobre sus declaraciones de bienes y rentas y sus declaraciones juradas de intereses. La comisión se va a reunir mañana miércoles 9 de marzo, a pedido de 5 congresistas que piden que se evalué este retiro, que expresa una grave crisis en el proceso de selección.

¿Por qué ahora piden los Congresistas que ese retiro sea evaluado? ¿qué hay detrás?

El Congresista Guerra García, cuando se estaba debatiendo la información que Contraloría había presentado sobre el candidato Carlos Mesía, señaló que él y sus colegas habían sido engañados, porque la comisión estaba tomando como observaciones, lo que eran simplemente puntos de interés. Esto es bastante cuestionable ya que es información en la que la Contraloría sugiere que la comisión ponga su atención. Información, como la no declaración de inmuebles y de un conflicto de intereses, de este candidato Carlos Mesías, quien es asesor de la bancada de Renovación Popular y no lo ha señalado hasta este momento, como lo ha hecho la Contraloría. Al pedido de Guerra García se han sumado, Adriana Tudela de Avanza País, Jorge Montoya de Renovación Popular, Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso y Luis Aragón de Acción Popular. Lo que nos llama la atención es que todo se haya generado en medio del debate sobre el candidato Mesía, quien fue un congresista de Fuerza Popular.

¿Ésta Comisión garantiza un adecuado proceso de selección? ¿quiénes la integran?

La Comisión de selección la integra un representante de todas las bancadas del Congreso de la República. En ese sentido tenemos 9 integrantes. Lo preside José María Balcázar de Perú Libre, el vicepresidente es Jorge Montoya de Renovación Popular, que es quien ha incurrido en conflicto de interés, por lo que debiera ser sancionado por la comisión de ética y evaluar si esto tiene una incidencia penal, el secretario es Wilmar Elera de Somos Perú y también están, Luis Ángel Aragón de Acción Popular, Hernando Guerra de Fuerza Popular, Ruth Luque de JP, Eduardo Salhuana de AP, Adriana Tudela de Avanza País y Enrique Wong de Podemos.

El problema de que la elección esté en manos del Congreso, es que muchos de estos partidos están siendo investigados por el sistema de justicia y que no nos quede la menor duda que los investigados por el sistema de justicia por graves delitos como crimen organizado o lavado de activos, siempre buscan llegar al Tribunal Constitucional, a través de habeas corpus o amparos. Entonces, acaso no hay un conflicto de interés en que representantes de partidos políticos cuyos líderes están siendo investigados por el sistema de justicia, sean a la vez, quienes elijan a la máxima instancia a nivel constitucional que puede definir esas investigaciones fiscales. En este momento es un grave contrasentido, y mucho más cuando ya se ha identificado que estamos hablando de casos que involucran delitos tan complejos como el de crimen organizado de organizaciones políticas, como es el caso de Fuerza Popular y su acusación fiscal por el caso de los cócteles. Ya en el pasado hemos tenido experiencias de la caída de los procesos de elección por las denunciadas repartijas. El Congreso es la institución que menos legitimidad tiene para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. El problema es que es lo que manda la Constitución y es bien difícil que eso cambie, porque el Congreso no va a querer perder esa cuota de poder. Ese es el drama que estamos viviendo hoy en día en este ciclo de la lucha contra la corrupción.

De acuerdo a lo que ha señalado, ¿Existen organismos que se hayan pronunciado sobre el contrasentido que viene siendo que los congresistas sean quienes deban elegir a los miembros del TC?

Sí, lo han hecho diversas organizaciones de sociedad civil, el Instituto de Defensa Legal -IDL, Proética, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción – GTCC, la ANC y la CNDDHH vienen señalando este serio peligro. Existe un panel internacional de expertos que ha señalado que hay serios problemas con los criterios mínimos y comunes con los que los Congresistas tienen que hacer las calificaciones o los criterios para sacar de carrera a un candidato. Además de lo que señala la sentencia de amparo que emitió el Poder Judicial sobre la necesidad de que las comisiones tengan criterios objetivos que les pueda llevar a motivaciones razonables y una máxima transparencia. Todos esos estándares están siendo cuestionados, y el problema es que este concurso está avanzando, esa es la gravedad de la situación.

Y como a pesar de lo que has señalado, este proceso sigue, de los candidatos que han quedado ¿cuáles considera que podrían ser un riesgo para la democracia?

De acuerdo al reglamento de selección del TC tiene que buscarse que los elegidos den la garantía de apariencia de independencia e imparcialidad y éste criterio no se estaría cumpliendo por personas que continúan en carrera. Tenemos el caso mencionado del ex magistrado del TC Carlos Mesía, muy vinculado a temas políticos. Otro ejemplo es el de Gustavo Gutiérrez Ticse, que está señalando incorrectamente supuestos peligros de la actividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a raíz de lo planteado sobre el indulto a Fujimori, pero además es un candidato que ha comenzado a estar presente en espacios absolutamente antidemocráticos y fascistas que vienen siendo investigados por acoso y presunta criminalidad organizada, como el grupo “La Resistencia”. Hay otro candidato, Francisco Morales, que no garantiza esa apariencia de independencia e imparcialidad, ya que fue asesor principal de TC en la época del cuestionado ex magistrado Mesía. Estos son los perfiles que nosotros consideramos los más peligrosos para el sistema democrático. Estamos frente a un concurso de magistrados al TC que puede terminar presentando al pleno del Congreso, personajes muy peligrosos para la democracia, para la lucha contra la corrupción, y para el control de los poderes en nuestro país.

¿Cuáles son los próximos momentos del concurso a los que se les debe prestar atención?

Una etapa muy importante que es decisiva es la de las entrevistas personales a candidatas y candidatos. En esta etapa, según el reglamento, los congresistas no solo deben preguntar sobre las capacidades intelectuales o académicas de los candidatos, sino sobre su trayectoria, perfil o antecedentes. El problema, es que como ya se ha visibilizado en la etapa de evaluación del currículo, los congresistas no están teniendo criterios comunes mínimos y hay mucha discrecionalidad en las preguntas, además no se ha abierto la posibilidad de que los ciudadanos propongan qué es lo que se le debe preguntar a los candidatos. La única persona que ha generado un espacio para esto es la congresista Ruth Luque, pero no basta. Algo así debería hacer la comisión, ojalá que con el nuevo cronograma, la comisión pueda implementar un mecanismo en que los ciudadanos identifiquen cuáles son las posibles preguntas y que publique cuáles son los criterios para realizar las preguntas.

¿Por qué la ciudadanía en general debería estar atenta a éstos procesos?

Primero porque el TC es la última instancia que tenemos en nuestro sistema de justicia nacional para poder defender nuestros derechos. Y no solamente eso, sino también es la instancia encargada de controlar el poder en el país. Si es que hay un problema entre el legislativo y ejecutivo por un proceso competencial por ejemplo, eso se puede definir en el TC. Pero si se eligen como magistrados del TC a personas antiderechos que no creen en la convención interamericana de DDHH, que no creen en la consulta previa, lo que vamos a tener son sentencias regresivas de los derechos, que muchas comunidades y muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad han logrado durante todos estos años.