Cuando los servicios públicos básicos están privatizados

Deseo escribir sobre esta tema poniendo como ejemplo lo que vi en España y otros países de la Unión Europea. También recordando dos recomendaciones que nos dan Edgar Morin y Umberto Eco sobre la importancia de no separarnos de la realidad para ser fieles a la verdad y segundo, estar atentos al desmedido y enfermizo afán de lucro de algunas empresas transnacionales. Decía que en estos países donde pude vivir algunos meses, está prohibido cortar el agua y la energía eléctrica a las familias que no pueden pagar esos servicios porque simplemente no se puede vivir como ser humano sin ellos. Esto es tan claro y se cumple con las familias de gitanos pobres y otros indigentes que no podrían vivir, sobre todo por el clima tan fuerte en ciertos meses del año. Pero no es solo por el clima sino porque hoy se considera un derecho humano básico tener agua, desagüe y servicios de energía eléctrica en las familias y es una obligación de los estados proveer de ellos a todos sus miembros, puedan o no pagarlos a tiempo.

¿Qué está pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión obligada?, simplemente a los dos meses de no pago, les cortan los servicios y nos dejan totalmente desamparados. ¿Qué pasa cuando una familia no tiene luz eléctrica o agua potable? pues tiene que prestarse dinero para pagar la deuda y el costo de reposición. Sabemos que prestarse dinero no es tan rápido y muchas familias no tienen a quien pedirle. Otras recurren a prestamistas usureros que se aprovechan y salen ganando lo que les viene en gana.

Con la pandemia estas empresas, que ya se benefician y lucran con la venta de estos bienes como son el agua y la energía eléctrica, están haciendo cobros que no corresponden a lo que los usuarios tenían en tiempos normales. Hemos tenido protestas que muy rápidamente fueron acalladas por la prensa normalmente vendida a los grandes intereses de las empresas privadas. Las colas para pagar o reclamar se van haciendo normales y al final te dicen “primero pague, después reclame” que es lo mismo y que decirte “muérase y después hablamos”. El ciudadano no tiene defensor frente a estas empresas que han recibido el beneficio de hacer negocio con un servicio que debía ser administrado por empresas nacionales y de interés social. Me pregunto ¿cómo se podrán dar los cuidados sin agua para lavarse ni tener para beberla?

¿Qué pasa cuando una familia no tiene energía eléctrica? no puede usar ningún instrumento que requiera, desde el celular y la computadora, hasta las bombas de agua, el refrigerador, la ducha, casi todos los equipos necesarios en nuestros hogares. La pandemia nos ha recluido en nuestros hogares y en el mejor de los casos hacemos trabajo remoto y nuestros hijos tuvieron que hacer sus clases con los equipos que tenemos. Si no tienes energía eléctrica no puedes trabajar, estudiar y comunicarte, es decir simplemente entras en un camino de muerte real como persona, como ser humano. Yo puedo ser testigo de esto y vi como una familia entró en pánico ante una agresión de este tamaño. No puedo imaginar lo que pasará en casas donde hay enfermos que dependen de una máquina para hemodiálisis u otros equipos médicos que dependen de este tipo de energía. Es muy grande la angustia de los padres que se ven amenazados por que no pueden trabajar, los niños y jóvenes universitarios que ahora tienen que hacerlo todo usando las TICs.

Es realmente un crimen, un atentado contra la vida que estas empresas actúen de esta manera y que nuestro estado en todas sus instancias lo permita. Recuerdo una vez estando en una ciudad del norte vi como unas familias, ante el corte inmisericorde del servicio de agua por varios días, salieron con sus picos y palanas escarbaron en la calle hasta hallar la cañería que llevaba el agua a una fábrica de gaseosas y cerveza y la perforaron hasta que brotara agua para todas las familias angustiadas por la falta de la misma. Esto que es un hecho delictivo y condenable me parece que se justifica. Ante un derecho violado como es el derecho al agua, hay derecho a tomarla por la fuerza como un derecho a la defensa. Esto pasó en Sullana donde las empresas de cerveza y gaseosas tienen derecho a tomar toda el agua que necesitan mientras las familias y las urbanizaciones pobres no tienen derecho a ella. Lo triste y grave es que esto lo hacen con la complicidad de las autoridades municipales y regionales. Es una muestra más de la corrupción en la que vivimos sin capacidad de reclamo y denuncia.

Historias parecidas podríamos contar sobre cómo se “roba” electricidad porque ella simplemente no llega a donde debe llegar y si llega es muy cara. En este sentido podría decirse de otros servicios como el gas, el transporte público, las tierras y bosques del Perú entero y los recursos mineros que están concesionados o mejor dicho entregados a las grandes empresas internacionales o nacionales con capitales privados. El estado y todo su aparato burocrático se beneficia vía impuestos, y no los ciudadanos, como se debía esperar, en naciones donde todos somos ciudadanos con los mismos derechos.

En este sentido pienso que los campesinos pobres, los sin tierras o con pañuelos de ella, tienen derecho a tomar las tierras que el estado ha ido mejorando con canales de agua o represas, y que normalmente las vende a las grandes empresas agroindustriales nacionales y transnacionales. El año 2014 el congreso peruano aprobó una ley (30355) de mucha importancia para la economía de la mayoría de nuestras familias que es la que promueve la actividad económica de las familias campesinas. La prensa interesada e indolente tampoco difundió su contenido como la importancia de esta ley que ya tiene todo para ser cumplida. Hoy por hoy con un Congreso tan jaloneado por intereses particulares e incapaces, tiene el peligro de ser derogada o modificada. Además de esta ley existe la propuesta de crear un viceministerio de la economía familiar campesina, que debe velar por su cumplimiento como por el cuidado de ella ya que en las manos de las comunidades andinas y amazónicas están los recursos naturales más importantes del país, como son el agua, la variedad de especies vegetales y animales domesticados, y en sus subsuelos los mismos recursos mineros. No solo estamos hablando de bienes tangibles sino también están los bienes culturales relacionados a su producción, conservación, transformación y consumo ancestrales de mucho valor. Esta manera de entender y promover la economía va directamente para favorecer la producción nacional pensada para nuestras familias en términos de seguridad alimentaria y soberanía nacional. Esto se tiene que pensar igualmente para la pesca artesanal marina, la acuicultura y otros nuevos emprendimientos que van surgiendo entre las familias y comunidades campesinas, como los invernaderos, riego por aspersión, zanjas de infiltración, crianza de cuyes mejorada, turismo comunitario, etc. No es oposición a la exportación de fruta y alimentos por parte de las empresas agroindustriales sino hacer lo primero y que es mejor para todos. El interés privado piensa primero en la ganancia y no en el bienestar de las personas y las familias, es decir en el bien común. El estado y la sociedad civil deben pensar y actuar para mejorar las condiciones de vida de las personas y familias, mirar cómo desarrollar las capacidades de las personas y en el empleo de la mano de obra de tanta juventud como tenemos, etc.

Estamos muy cerca de las elecciones presidenciales y se barajan muchas posibilidades de quien debe y con qué equipo debe gobernar nuestro país. Un criterio racional y de justicia para nosotros como electores tiene que ser este, ver que propuestas concretas tienen los candidatos para revertir esta irracionalidad institucionalizada. Las empresas privadas que den servicios públicos tienen que ser dirigidas por personas y equipos capaces, eficientes y que estén al servicio del bien común y de todos los ciudadanos de este país. Los recursos como el agua, la salud, la educación y todas las formas de energía que utilizamos tienen que estar llevadas por peruanos, con mentalidad de servicio y no de lucro. El agua y la energía eléctrica y muchos otros bienes deben considerarse como derechos humanos y por lo tanto no pueden ser negados a ningún ciudadano del Perú y el mundo. Los llamados derechos humanos de cuarta generación (Internet, identidad étnica, satisfacción, paz, biotecnología y otros) están entrando dentro de estos bienes a los que todo ser humano debe alcanzar y gozar. Este es el tipo de nacionalismo que podemos aceptar y no demagogia barata y miope, patriotera y sin calidad que va circulando entre algunos candidatos.