Del desequilibrio de poderes al desequilibrio económico

Pese al halo de optimismo debido a la visita de la OEA, hace un par de días volvimos a nuestra caótica realidad. Fue una buena señal la cantidad de interesados e interesadas por dar su versión del contexto actual a los representantes del organismo mediador invitado por el Gobierno, pero no pasaron ni 24 horas desde su despedida para que el galope intensificado del conflicto político diera un nuevo giro de tuerca. Vimos al Congreso responder nervioso y con una leguleyada al pedido de confianza del todavía entonces Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien, en el marco de una estrategia de gobierno, supo dar al Congreso razones para asustarse. El Congreso pateó la decisión sobre esta cuestión de confianza y, sin someterla a discusión en el pleno del Congreso, optó por rechazarla “de plano”. Para el común de los mortales un rechazo es un “no” y un “no” significa “no”, pero en el Perú de hoy ese “no” podría significar, según algunos, un “no consta decisión”. Sería gracioso si no fuera dramático. El Congreso señala que un “no” significa otra cosa y el Gobierno interpreta que un “no” es “no”. Será el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en este debate legal en las alturas que al común de los mortales no solo les suena lejano, sino que no importa.

Esto no quiere decir que este no sea un tema relevante, ni que el debate legalista no sea interesante. Pero el escenario de fondo sigue siendo el mismo: un debate en las alturas, un duelo entre dos poderes, un rifirrafe cuyos detalles no están en el ojo real del debate público por muy interesante que resulte para algunos. Y así, mientras los abogados especialistas de uno y otro cuño se esfuerzan por explicar sus sesudos análisis legales, lo cierto es que la foto grande no ha variado nada: vemos a un Congreso que sigue en su ánimo golpista y a un Gobierno que responde a ese ánimo con una estrategia cada vez mejor articulada. No podemos negar que el Gobierno es quien más ha aprendido en este año y medio.

Se puede discrepar del Gobierno y, en particular, del continuismo que sigue como ruta de gestión a un año y medio de haber iniciado su periodo; sin embargo, no por eso se puede ser equidistante. No reconocer que el Congreso de la República, ese Congreso del 10% de aprobación (Noviembre IEP), ha pervertido el equilibrio de poderes existente en el país es de una miopía alarmantemente antidemocrática. A lo mejor se explica porque hay quienes plantean los análisis de coyuntura desde la óptica del tema específico del hoy. Ese es tal vez uno de los primeros problemas en el análisis peruano. No existe algo así como el análisis sin contexto. Vivimos un periodo de exacerbación de una crisis sistémica que encuentra en todos los actores con poder acciones que buscan inclinar la balanza hacia sus apuestas. Por lo mismo, las lecturas no pueden hacerse según el capítulo del ruido del día, sino enmarcado en el contexto complejo que vivimos. Dicho de otro modo, la novela no se explica en un capítulo, sino en el total de ellos que le dan forma.

El Congreso no es golpista por lo que hizo ayer sobre la cuestión de confianza, ni es obstruccionista porque haya impedido un viaje concreto del Presidente al extranjero. El Congreso es golpista por las actitudes desde julio de 2021, incluida la conformación de esa Comisión que investigó un fraude que nunca existió con miles de soles de nuestros impuestos. El Congreso no es golpista por lo que hace hoy, sino por el festival de pedidos de vacancias presentadas, por las acusaciones ridículas como la de traición a la patria contra el Presidente Castillo por dar una opinión, por impedirle viajar en más de una ocasión cercenando así una facultad presidencial, etc. Pero además, y diría que sobre todo, habría que señalar que el carácter golpista del Congreso no se da solo contra un Gobierno, sino contra la democracia cuando nos limitan un derecho como es el del referéndum. Y resulta bastante vergonzoso que el Presidente del Congreso que limitó este derecho sin consultar a nadie más que a esos 130 escaños con 10% de legitimidad nacional y de manera inconstitucional, diga hoy que la razón por la que se rechaza el pedido de confianza de Aníbal Torres es porque representaría “una grave alteración” al Estado y la separación de poderes. ¡Si la alteración la han hecho ellos!

Lo cierto es que la evidencia más clara de que la Constitución del 93 no da para más es que ya la han desahuciado sus defensores. En el Congreso los vemos intentando cambiar y cambiando artículos de la misma siempre que pueden y convirtiendo el texto en una suerte de Frankenstein a la medida de un Congreso que pierde legitimidad a diario. De este modo pervierten el equilibrio de poderes que sostiene a cualquier democracia para lograr así acogotar a un Gobierno que quieren controlar. Es golpismo porque de una u otra forma se trata de amordazar a un Gobierno que no les gusta aunque fuera democráticamente electo. Ya sea sacando al Presidente mediante vacancia o suspensión, o amarrándole las manos para que no pueda gobernar ya que el desequilibrio lo pone en desventaja, el Congreso sigue en su intento de avanzar pasos y desempeñar funciones y ocupar espacios que no le corresponden. Y lo hacen con la legitimidad de una piedra.

El Gobierno merece una oposición o varias. Hay que decir que democracia no sólo es que gobierne quien ha sido elegido por el voto popular para ello, sino también que se gobierne según lo que el pueblo ha elegido. Esto no está pasando. Fuera de la agenda laboral (agenda fundamental de derechos para miles), el programa que ganó las elecciones sigue encarpetado en un cajón. Una oposición democrática estaría exigiendo este cumplimiento antes que un adelanto electoral, a la par que investigaciones serias para que el Presidente y su entorno rindan cuentas por las sospechas que caen sobre ellos. Pero eso sí, una investigación sería que, para comenzar, no puede liderar un personaje tan opaco como la fiscal Patricia Benavides.

Hoy vemos que esa oposición no es la hegemónica, pero esa agenda sigue siendo más respaldada que las “salidas” que se plantean desde el poder mediático. Pero también vemos otro detalle no menor: este gobierno no es el mismo que inició hace un año y medio, y no me refiero solo a los ministros que han desfilado en sus cargos. Este gobierno ha aprendido a hacerle frente al Congreso golpista. Ha aprendido a reaccionar con contundencia primero, y a ir a la ofensiva con iniciativa después. Una lástima que no aprendiera que es el apoyo popular el que garantiza la legitimidad de un gobierno, pero lo aprendido no es menor. La cuestión de confianza, la elección de Betssy Chávez como sucesora de Torres y la estrategia de reuniones y viajes sostenidos con actores sociales que vienen desplegando hace meses son evidencias de ello. El 31% de aprobación del Presidente lo demuestra. Pese a que en gestión seguimos esperando cambios reales, no podemos desconocer que la estrategia presidencial le funciona.

Sin embargo, ahora hay un tema que preocupa sobremanera pero del que el poder mediático no te dice casi nada: el nuevo desequilibrio ya no es solo el de poderes. El Congreso ha esperado que la delegación de la OEA subiera al avión para intensificar las formas, por un lado, y el fondo por el otro. El “matar o morir” de los congresistas Alejandro Cavero o Carlos Anderson es la muestra más clara de que no se puede dialogar con ellos, sino sostener la correlación de fuerzas y las filas tensas como única vía de estabilidad precaria. Quien te diga que el problema es que el Gobierno “no dialoga” está pidiendo en realidad que el Congreso gane la partida. Cavero y Anderson han sido claros, pero representan un sentir más amplio: matamos o morimos. Lo que no advierten es que en su afán de matar ya están muriendo.

Pero decíamos que hay una intensificación en la apuesta del Congreso también respecto al fondo. Y esto es de lo que nadie te habla. El Congreso ha decidido pasar del desequilibrio de poderes al desequilibrio de funciones. No sólo buscan acorralar al Gobierno con leguleyadas inconstitucionales que luego se ampararán en un Tribunal Constitucional elegido por ese mismo Congreso, sino que están quebrando todo sentido común y legal respecto a nada menos que el Presupuesto de la República. Los mismos congresistas del 10% de aprobación quieren meter sus manos en las arcas públicas. Y no quieren hacerlo negociando las partidas presupuestarias con el MEF, sino acabando con nuestra alcancía para las crisis, para los imprevistos. Ese “guardadito” que escondían nuestras madres en algún rincón de la casa y nos recordaban que había que guardar “pan para mayo”. El Congreso ha decidido hacer del “guardadito” su nuevo tablero de juego y condenarnos así a un abismo de incertidumbre en un contexto de crisis mundial. La irresponsabilidad de esto es indescriptible. Pero lo es también el silencio atronador del poder mediático y de economistas y especialistas que desde su defensa férrea del modelo neoliberal, toda la campaña insultaron a quien planteaba utilizar una parte de ese fondo para paliar los estragos de la pandemia. La hipocresía al desnudo. No sabemos ya si defienden el modelo o si lo que defienden es el afán golpista da igual la forma que tome.

El Congreso de la República que no cuenta con iniciativa de gasto, hoy quiere tenerlo. Y lo hace incorporando nueve disposiciones que superan los mil cien millones que saldrían del “guardadito” del que hablábamos. El Ministro de Economía, Kurt Burneo, lleva denunciando hace semanas los problemas de esta aventura caótica liderada por el congresista Pepe Luna, pero, nuevamente, el foco mediático parece estar destinado exclusivamente al ruido interesado y obvia temas tan importantes que nos afectarán a todos y todas. Hemos oído de la cuestión de confianza y de las lecturas legales de especialistas sesudos en todas las vitrinas mediáticas. Sobre este tema apenas algunas menciones en algún rincón de los medios. ¿No es este un tema que merece una portada? ¿Al menos una?

Y no nos engañemos. Al Congreso no le interesa gastar más en beneficio de la gente. Si así fuera, estaría más interesado en aumentar los ingresos del país para poder contar con más montos que gastar. Pero no les importa. Este mismo congreso, hoy interesado en meter mano del “guardadito” del país, fue el que detuvo por todas las vías posibles que la reforma tributaria que hubiera permitido ampliar la recaudación de manera notoria se abriera paso. El mismo Congreso que hoy nos habla de la importancia de “gastar más” le cerró la puerta a la posibilidad de contar con más dinero que gastar. Y deberíamos recordarlo todos los días y en especial esta semana que en el Congreso se debate este absurdo peligroso.

Hay que tener cuidado con las puertas que se abren porque es por ellas por dónde entran los monstruos más temprano que tarde. El Congreso de la República abrió la puerta al desequilibrio de poderes desde el día uno y con esa puerta abierta ahora se permite dar un paso más al frente: el desequilibrio económico. No solo es ilegal lo que piden, es peligroso. Y mientras esto ocurre hay quienes callan ante la alarma o, peor aún, hacen equidistancia de responsabilidades. ¿Queremos saber cuál será la próxima puerta que abrirán? Frenarlos es imperativo. Y el dique que contiene hoy por hoy a este Congreso desbocado, guste más o guste menos, es el Gobierno. Un gobierno que no da la talla en la gestión pero ha aprendido, eso sí, a darla como adversario de quienes se creen el primer poder del estado.