Diálogo en Las Bambas: el camino es convertir el corredor minero en un corredor integral de desarrollo del Sur Andino

El jueves 30 de diciembre pasado, nos enteramos que mediante el diálogo y la firma de un acta, el gobierno nacional y la empresa minera Las Bambas lograron importantes acuerdos con las comunidades campesinas de Chumbivilcas, las que se han comprometido a desbloquear el paso de los camiones de mineral de la empresa interrumpido por más de 30 días y con ello posibilitar la continuidad de las actividades de Las Bambas.

Lo primero a destacar es que la vía del diálogo ha funcionado esta vez. Abrir el tránsito de la carretera, no ha requerido de medidas extremas que el gobierno nacional estuvo a punto de tomar, frente al riesgo de que la empresa no solo suspendiera temporalmente sus actividades sino incluso ante el peligro de un cierre definitivo, como se rumoreaba.

Lo segundo a destacar es que la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vázquez ha logrado el liderazgo de su gabinete, por lo menos en este caso. Ha sido vital que estén en Chumbivilcas 6 ministros de Estado y 5 viceministros, aspecto que ha pasado desapercibido para muchos, además de la presencia del gobernador regional de Cusco. Ello, sin duda ha posibilitado llegar a acuerdos importantes en el tema vial, la electrificación entre otros. Y de otro lado, ha generado confianza para que la empresa minera participe en el diálogo, y se haya comprometido en asuntos importantes como el entregar el mantenimiento del tamo de las carreteras de Chumbivilcas a un consorcio que van a formar las comunidades campesinas de dicha provincia por donde pasa la vía. Esta experiencia es un buen ejemplo que las soluciones a los conflictos y mucho más si se busca convertir los mismos en oportunidades de desarrollo sostenible, requieren voluntad política y liderazgo, pero a la vez de un trabajo de equipo del propio Ejecutivo.

Pero de otro lado, siendo importantes, estos son acuerdos preliminares. Han servido para abrir una ruta de diálogo. Se ha generado un espacio para continuarlo los días 18 y 19 de enero, fecha en que se tratarán temas trascendentes aún pendientes: la modificación del EIA para que estas comunidades, que están a más de 100 Kms. del yacimiento minero sean incorporadas como zonas de influencia del proyecto; la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la empresa, y el compromiso del gobierno nacional de que el Ejecutivo considerará a estas comunidades como Zona de Tratamiento Especial.

Los acuerdos logrados tienen dos debilidades centrales: la primera es que, desde una reunión similar a esta en Lima con los mismos interlocutores en setiembre del año pasado, las negociaciones y los acuerdos responden solo a las demandas y puntos de vista de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, que es una de las 3 provincias que junto a Cotabambas (Apurimac) y Espinar (Cusco) conforman el mal llamado “corredor minero”. Nada asegura que estos acuerdos sirvan para mitigar o impedir que nuevos conflictos se produzcan con las comunidades de las otras provincias, ya que podrían tomar medidas de lucha para lograr acuerdos similares, o de otro tipo.

Una segunda gran debilidad es que las demandas, y soluciones del acta, como de todas las actas anteriores con estas comunidades, o con las comunidades y actores locales de Cotabambas y Espinar en estos más de 9 años de conflictos continuos, generalmente atienden a problemas sectoriales, y puntuales de cada uno de estos espacios territoriales o a temas comunes que se negocian por separado con cada grupo de comunidades. Son producto de un tira y afloja hecho en momentos de tensión o fruto de medidas de fuerza. No son parte de una propuesta para el desarrollo integral de las comunidades, distritos o provincias involucradas. Y a pesar de tratar demandas comunes para todas las comunidades del corredor, como son justamente los 3 temas pendientes para el 18 y 19 de enero, se tratan por separado. Por ello, existe el riesgo que los acuerdos del acta de fin de año 2021, puedan terminar, como en otras oportunidades llevando a una nueva frustración, y a nuevos conflictos. Como tantas veces hemos señalado, el acta puede ser solo una nueva pastilla para bajar la fiebre del conflicto, pero que no lo resuelve.

De otro lado un paso importante y oportunidad en ese camino puede ser el compromiso del Ejecutivo de crear una “Zona de Tratamiento Especial”. Este puede ser un paso en el camino del desarrollo territorial tal como se propone como intención en el Acta. Pero es una seria limitación y grave error reducirlo al espacio de las comunidades campesinas de Chumbivilcas.

El desarrollo territorial o integral en el Perú, y en este caso de las comunidades campesinas de Chumbivilcas solo será viable si tiene como sustento en primer lugar la gestión integrada y el afianzamiento hídrico de las cuencas que sustentan los ecosistemas porque el agua es el sustento de todas las actividades incluyendo la propia actividad minera. En segundo lugar la articulación de una red vial de las microcuencas y ecosistemas de dicho territorio para el intercambio de productos que no solo pueden reducirse al traslado de los minerales, sino a todas las actividades de desarrollo como la prestación de servicios de salud, educación, el traslado de pasajeros, el turismo etc. En tercer lugar, es necesario lograr la articulación y complementariedad de los ámbitos rurales, vale decir de todas las comunidades campesinas de las microcuencas y cuencas, con los poblados o ciudades del territorio, y de estas con los centros poblados que han crecido con la minería, pero también de manera indispensable con las capitales de provincias y departamentos. Finalmente es imprescindible articular a todos los actores del desarrollo que intervienen en dicho territorio en un espacio de gestión conjunto, permanente y descentralizado (una demanda de las comunidades) con un plan de corto, mediano y largo plazo. Por ello, crear una Zona de Tratamiento Especial solo para las comunidades que se ven afectadas por el tránsito de camiones en Chumbivilcas, sería un grave error, solo serviría para mitigar los conflictos de estas comunidades pero inevitablemente generará nuevas tensiones y conflictos entre las comunidades por donde no pasa carretera de traslado de minerales. Se habrá perdido una nueva oportunidad para transitar al desarrollo territorial.

La creación de la Zona Especial de Tratamiento en Chumbivilcas puede ser un paso inicial en la necesidad de buscar una salida de fondo y sostenible con un verdadero enfoque de desarrollo territorial del que tanto se habla pero que nunca se dan pasos viables y concretos. El siguiente paso debe ser tomar la decisión política de realizar un proceso en las tres provincias para lograr el consenso con todos los actores locales y regionales del conjunto del territorio del Corredor del Sur Andino, con participación del Gobierno nacional y la empresa, creando con un Decreto Supremo, el Comité Multisectorial del Corredor Integral del Desarrolllo Sur Andino. Solo así se podrá articular un espacio para el desarrollo sostenible, que permita generar consensos y compromisos de manera ordenada y no improvisada entre todos los actores sociales, públicos y privados que intervienen en el conjunto de dicho territorio. Una tarea central sería la elaboración concertada de un plan integral de desarrollo del corredor en un plazo no mayor de 6 meses, sin menoscabo de tener grupos de trabajo sectoriales o provinciales; en base a ello articular y canalizar a corto mediano y largo plazo, los aportes de financiamiento de parte de la empresa minera Las Bambas, los ministerios, los gobiernos locales y regionales, y el necesario aporte de las propias comunidades campesinas en base a proyectos sostenibles que usen todas las potencialidades de los recursos de estos ecosistemas, mitigando el impacto de la minería, y promoviendo otras actividades necesarias e indispensables como la agricultura, la ganadería altoandina, el turismo comunitario, etc. Esto generará el clima de gobernanza democrática sostenible y todos podrán trabajar conjuntamente por la mejora de la vida en este territorio; y eso permitirá la continuidad de la labor de la empresa sin interrupciones; se ordenará y hará más eficiente la inversión y prestación de servicios de los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales de dichos territorios.

Un segundo aspecto de fondo es la discusión de como participan las comunidades campesinas en la cadena de valor de la empresa. Con nombres diferentes es una demanda de casi todas las comunidades campesinas en el Perú. El camino promisorio abierto con el acta reciente, es que además de hacerlo más visible ante el país, se ha acordado que las comunidades campesinas formen un consorcio empresarial para encargarse del mantenimiento de la vía por donde se trasladan los minerales.

Está pendiente la discusión sobre la posibilidad de que las empresas de las comunidades trasladen los minerales. Al respecto, la experiencia de la la comunidad campesina de Pueblo Libre del distrito de Acostambo-Huancavelica, mostró que las empresas comunales pueden prestar servicios en las labores especializados con diamantina en la fase de exploración del proyecto de Pukaqaqa, mostrando incluso mayor eficiencia que otras empresas contratadas por la empresa Milpo para dicha labor. Lograr acuerdos en este aspecto, no solo es justo para que las comunidades campesinas puedan prestar un servicio (y no esperar paternalistamente donaciones) que les generen ingresos y se beneficien también con la explotación minera, sino que a la par la empresa minera tendrá un servicio que las propias comunidades le pueden prestar, lo que fortalecerá la confianza y mejorará las relaciones que permitan evitar pérdidas por los conflictos, Esto puede permitir tener acuerdos más sostenibles, con un nuevo enfoque de lo que se ha llamado “ Valor Compartido”, que más allá de poner en práctica la responsabilidad social, conlleve a un beneficio más equitativo de los grandes beneficios que genera la explotación minera.

Analizado el nuevo escenario generado por los acuerdos logrados, es importante señalar que todo dependerá, de un lado, de la voluntad política y continuidad de la labor del gobierno nacional liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, y sobre todo de la capacidad de los actores locales principalmente de las comunidades campesinas del “corredor” ´para demandar soluciones de fondo y avanzar a través de acuerdos con la empresa Las Bambas. La firma del acta demuestra que existe esa disposición y ese es un buen dato.