Dina Boluarte ya abdicó de la presidencia

El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo ocurrido con las protestas sociales ha provocado que en el gobierno, el piso esté más movido que el cinturón de fuego del Pacífico. Eso porque el informe ha generado hechos y reacciones muy reveladoras.

Primero, Dina Boluarte, su premier y ex ministro de Defensa Alberto Otárola y los altos mandos militares y policiales, han comenzado a culparse entre ellos. Con eso demuestran que todos saben que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que, tarde o temprano, pagarán con penas proporcionales a la gravedad de sus crímenes.

Segundo, aunque casi nadie se ha percatado, la insistencia de Boluarte en actuar como si no tuviera mando sobre las fuerzas armadas y policiales significa una abdicación de su cargo como presidenta de la República. Además tiene como consecuencia un cambio en la forma de gobierno establecida por la Constitución.

Tercero, Boluarte y Otárola, acaban de ponerse en el hueco más profundo de ilegitimidad, debilidad y soledad al que puede llegar alguien que gobierna. Si sus cargos dejaran de ser sostenidos por las fuerzas armadas, ya no podrán continuar.

Yo no fui

La actuación de Boluarte, Otárola, y de los mandos militares y policiales después de las masacres han sido muy parecidas. Primero, negaron que hubiera muertos o heridos por el uso desproporcionado, ilegal y criminal de las armas contra las manifestaciones. Luego han descalificado el Informe de la CIDH, acusándolo de falsear los hechos y de estar sesgado a favor de la izquierda latinoamericana, y finalmente, cuando ya no han podido negar los hechos, optaron -cada cual- por pasar la responsabilidad a los otros, la presidenta y su ministro a los uniformados, y viceversa: nosotros no fuimos, fueron ellos.

Que terminen señalándose entre ellos demuestra que saben perfectamente que cometieron delitos muy graves. Buscan aminorar sus futuras sentencias acusando a los que han sido sus cómplices en los crímenes y en el encubrimiento. A nadie le extrañe que dentro de poco algunos busquen una nueva función: la de delatores premiados o colaboradores eficaces de algún fiscal.

No tengo mando

“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos…La presidenta ni los ministros tenemos comando”. Es lo que dijo Boluarte en la entrevista publicada el domingo pasado en El Comercio.

La presidenta y su primer ministro ya venían manifestando esa idea y actuando de esa manera desde que ocurrió la primera masacre, en Ayacucho, el 15 de diciembre. Al día siguiente, dieron una conferencia de prensa en Palacio. El protagonista fue el general Manuel Gómez de la Torre. El dio la línea de cómo sería la respuesta del gobierno a las protestas del Sur: “Esto no es protesta, esto es terrorismo”. Boluarte y Otárola simplemente la aplicaron.

La tesis de Boluarte y Otárola es falsa. La han refutado diversos juristas y militares en retiro, también sus aliados políticos, como la fujimorista Patricia Juárez y los congresistas militares Jorge Montoya, José Cueto y Roberto Chiabra. Recordemos que los cuatro mencionados y sus bancadas han venido sosteniendo a Boluarte desde el 7 de diciembre pasado.

Efectivamente, hay una serie de artículos constitucionales que refutan a la presidenta. El Presidente es “el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional” dice el 167. “Están subordinadas al poder constitucional” dice el 169. El Presidente “dirige el Sistema de Defensa Nacional”, dice el 164. El Presidente “otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional” dice el 172.

También hay diversas leyes en el mismo sentido. De acuerdo a ellas, el Presidente conduce el Consejo de Seguridad Nacional. El l Ejercito, la Marina y la Fuerza Aérea son literalmente “órganos ejecutores” del Ministerio de Defensa que es su órgano rector y supervisor. Este Ministerio, a su vez, dirige y supervisa la política de seguridad y defensa nacional de acuerdo a “lo dispuesto por el Presidente de la República en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Relación análoga es la que tienen la Policía Nacional con el Ministerio del Interior y este con quien ejerza la presidencia de la República.

Además hay una práctica continua del ejercicio continuo del mando presidencial por sucesivos presidentes. La más frecuente, cuando se nombra o se cambia a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Otra práctica de ese tipo es cuando se ha hecho o se ha querido hacer un uso ilegal de ese mando. Por ejemplo cuando Fujimori ejerció su mando para acciones ilegales en las fuerzas del orden. Castillo intentó otro uso ilegal el 7 de diciembre, con su intento de golpe, pero fue desacatado. .

¿Por qué existe el mando efectivo del presidente sobre las FFAA y FFPP?

El Presidente tiene mando efectivo porque se necesita que la máxima autoridad civil elegida garantice que las instituciones que detentan el monopolio de las armas cumplan sus funciones de acuerdo a la Constitución y la ley. El presidente, al tener la investidura de ser su jefe supremo, no solo está facultado sino obligado a prestar esa garantía a los ciudadanos. Este rol es mucho más necesario durante los Estados de Emergencia. En ellos, a los militares y policías se les encargan funciones adicionales a las de su funcionamiento ordinario. Por eso, la responsabilidad del gobierno no consiste solo en decretar y levantar la emergencia.

En estado de emergencia el gobierno está obligado a tomar medidas para prevenir posibles violaciones de derechos y de la ley. Y si ocurren, está obligado a actuar para impedir cualquier actuación cómplice con la impunidad y adversa a una justicia oportuna y reparadora.(1)

El comportamiento de Boluarte, desde que se produjeron las primeras muertes de manifestantes en el Sur, ha sido el de abandonar su función de jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales. Eso es lo mismo que abandonar su responsabilidad como presidenta de la república. Esta debe cumplirse en todos los campos que la Constitución le asigna y no solo en una parte de ellos.

Con esa actuación, la presidenta ha conferido a las fuerzas armadas y policiales, desde diciembre de 2022 hasta ahora, un estatus de autonomía, libre del control y supervisión del poder constitucional encarnado en la presidencia, Boluarte las ha convertido en un poder independiente del poder constitucional. Un Estado militar dentro del Estado formal.

En síntesis, Boluarte ha abdicado de su cargo de Presidenta y ha instalado en el Perú un extraño régimen político que no es una democracia y rompe la Constitución. Ha expuesto a los peruanos a una vulnerabilidad mayor. De manera que su salida del gobierno ya no solo es legítima por su responsabilidad ante las masacres, sino porque ella misma ha decidido no gobernar.

Como papeles en el aire

Al pretender que no tiene mando sobre las fuerzas armadas y policiales, lo que Boluarte ha querido es eximirse de su responsabilidad respecto a las masacres y pasarla a los mandos de esas fuerzas. Con eso ha despertado las furias de los militares y perdido su confianza. Se ha distanciado del único apoyo efectivo que tenía para mantenerse.

Las fuerzas armadas ya venían resentidas con Boluarte. Lo de El Comercio no era la primera vez. Hace poco lo hizo en el descargo que el gobierno envió a la CIDH. Y lo volvió a hacer en la entrevista, justo en las circunstancias que las masacres volvieron a la atención pública por la publicación del Informe de la CIDH.

Boluarte ya debe haber estado respirando su soledad, por eso otra de sus frases más comentadas ha sido cuando le preguntaron en quién confía. Su respuesta fue depresiva y cortísima: “En mí”. Ahora, ya sin un solo punto de apoyo fiable, Boluarte y Otárola flotan como papeles en el aire. Dónde irán a parar, depende de las intrigas de los que los han sostenido y, de cuándo y cómo se reactiven las protestas sociales.

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(1) Remotti, José Carlos. La responsabilidad del gobierno por la actuación de las fuerzas armadas en los estados de emergencia. El caso peruano. Revista Araucaria, 2009. Barcelona.