Disputar "democracia": trascender el marco institucionalista

A inicios de octubre, más de diez meses después desde que el estallido popular en el Perú iniciara su recorrido, sigue resultando pertinente analizar el tipo del sujeto político movilizado en el Perú, pero también revisar las diferencias que se encuentran en el centro de una disputa política y de sentidos comunes en el Perú respecto a lo que significa ‘democracia’. Lo uno desemboca en lo otro. De hecho, la reciente arremetida del Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia sirve como ejemplo para evidenciar estas diferencias en el análisis y la acción política de quienes aún leen el escenario de 2023 con anteojos del 2000. Vamos por partes.

A inicios de septiembre un tuit de Gonzalo Banda planteaba un análisis que me parece importante utilizar como referencia no de su análisis, sino, como apunta la historiadora Cecilia Méndez, de una suerte de hegemonía en el análisis político en los espectros de influencia mediática en el Perú. Para Banda, “lo más grave del deterioro democrático” en Perú no era que los políticos tengan los votos para destruir instituciones sino que la ciudadanía que lo reprueba, no se movilizara contra ello. Este análisis sitúa en el eje de la acción ciudadana en clave democrática la defensa de las instituciones y, de hecho, sitúa el problema de la democracia (“lo más grave”) en la institucionalidad como eje. Una visión, a mi juicio, limitada y reduccionista, y que perpetúa una forma de entender la política donde el derecho a hacerla vuelve a reducirse a unos pocos.

La crisis democrática en Perú se explica por una arquitectura de poder desigual donde una minoría puede imponerse sobre la mayoría, antes que por las falencias de su institucionalidad. La evidencia de ello la tenemos hoy en que vivimos doblegados a la fuerza (dictadura) por ese 12% de las élites que se impone sobre la voluntad del más del 80% del país. En efecto, vemos que no hay democracia, pero también que quienes aceptaron entrar al consenso democrático durante los 2000, lo hicieron sólo mientras pudieran seguir manteniendo esa arquitectura de poder que les permite mandar por encima de las mayorías y hacerlo sin presentarse a las elecciones. Como consecuencia de esa falta de consenso democrático en las élites peruanas, tenemos también, evidentemente, un deterioro institucional.

Una lección del proceso de movilizaciones de los últimos diez meses es que aquello que llamamos “recuperar la democracia” en los 2000 se cimentó sobre esa visión institucionalista y limitada de la democracia, en lugar de plantear claves de participación y derecho al ejercicio de la política y el poder. De hecho, todo el trabajo de memoria, valioso y necesario para nuestro país, se ancló también en la demanda de justicia para las víctimas -algo que aún no llega y es urgente-, pero no en lo que suponía hablar de la igualdad para ejercer el derecho a hacer política. Pero la democracia no se define sólo por sus resortes.

El “esta democracia ya no es democracia” como himno del proceso político que vivimos plantea el nudo de la crisis. No hay una crisis institucional, o una crisis de la clase política, o una crisis de representación, o una crisis de gestión. Hay todas las crisis a la vez. Es una crisis sistémica y, por lo mismo, la lectura institucionalista no basta para explicarla. Tras la dictadura fujimorista se consolidó un sentido común donde la institucionalidad se volvió un eje central. De hecho, se llegó a equiparar la recuperación de las instituciones con la recuperación de la democracia. Construir una institucionalidad democrática tras ese periodo dictatorial fue positivo y necesario, del mismo modo que recuperarla hoy también lo es, pero esa mirada reducida en los 2000 impidió el debate clave: la democratización del poder. Por ello la transición fue inconclusa y por ello también quebrar la institucionalidad hoy es fácil para las élites en el poder. Porque la arquitectura heredada del fujimorismo no se tocó. De ahí que tan rápidamente el régimen Boluarte se haya constituido como un régimen dictatorial.

Hoy, cuando desde determinados sectores se defiende la institucionalidad como aquello que define lo que es una democracia se obvian no sólo las lecciones que deberíamos aprender del proceso de los 2000, sino también las reivindicaciones democráticas y políticas que están hoy en el centro de las movilizaciones populares y de los consensos sociales que se han ido solidificando desde diciembre en el Perú.

Plantear que la ciudadanía no se moviliza por las instituciones es tremendamente impreciso. La pregunta no es por qué no lo hace, sino por qué SÍ se está movilizando. Y la respuesta es clara: por la DEMOCRACIA. Esto incluye la institucionalidad, pero no se reduce a ella. En la misma línea, cuando, siguiendo con el análisis de Bandahttps://twitter.com/gonza_banda/status/1700251888913170515?s=46&t=zOJ9pIHWKSW3JoyA7MLrBw, se señala que las movilizaciones son por derechos humanos y no sobre la dimensión institucional de la democracia, cae en otra mirada imprecisa porque las movilizaciones (y especialmente en el sur) no son sólo por derechos humanos. Esa visión despoja de carácter político el estallido social actual en Perú. Son movilizaciones políticas con un pliego de demandas concreto en clave política y democrática. Por supuesto que se exige justicia por los peruanos asesinados por la dictadura, pero ese no es el eje de las movilizaciones, es una demanda que se suma a las cuatro grandes banderas que aglutinan al sujeto político movilizado: Fuera Boluarte, Fuera Congreso, Elecciones y Asamblea Constituyente. Pasos concretos para recuperar la democracia.

Mientras no se entienda que equiparar democracia con institucionalidad nos lleva al mismo punto de inicio del que ha surgido esta crisis poco habremos aprendido de las últimas décadas de crisis creciente en el Perú. Frente a una democracia centrada en la defensa institucional, generalmente defendida desde Lima, hay una demanda popular y mayoritaria por otro tipo de democracia. Una de participación y protagonismo. Una que no se escandaliza -ni se entera siquiera- por la arremetida del Congreso contra la JNJ porque se está movilizando concretamente contra todos los atropellos de ese Congreso al que consideran golpista e ilegítimo. En realidad sí están defendiendo la institucionalidad entendiendo que ese no es un norte, sino una consecuencia del anhelo principal: la democratización del poder.

Esta disputa sobre lo que es la democracia está latente en el momento político peruano actual, pero también se está resolviendo. Que la pulsión mayoritaria siga expresando anhelos que pueden no gustar a ciertos sectores, pero que están ahí como el de la Asamblea Constituyente está expresando eso: la voluntad de hacer política. Por ello, reducir lo que la democracia es no sólo es un error, sino que vuelve a caer en aquello que se reclama al invisibilizar el protagonismo político del sujeto político plebeyo que se ha movilizado desde diciembre. No hay nada más democrático que el reconocimiento de ese anhelo por el derecho a hacer política que pasa por construir igualdad no sólo en derechos, sino también en la posibilidad de ocupar espacios de poder. El consenso democrático peruano actual no está en el pedido explícito y gravitante de la separación de poderes, sino en la necesidad de democratizar el poder y su ejercicio. Todo lo demás está incluido en esa agenda.

El consenso democrático, en este tiempo de dictadura, ha de ir en esa línea de acción. La democracia no se reduce a sus instituciones. La democracia se define antes por la igualdad entre quienes la conforman. Y la oportunidad de construir esa igualdad, esta es la buena noticia, tiene hoy las puertas abiertas porque hay quienes han puesto el cuerpo y las vidas para lograrlo.