Docentes y evaluaciones: la urgencia de un debate para repensar la educación pública

Hablar de maestras y maestros en el Perú nos exige evocar, entre otras imágenes, la valoración social que damos a esta profesión. En nuestro imaginario un docente es casi un héroe, más que un profesional dedicado a la educación formal de nuestros hijos e hijas. Los héroes se sacrifican por el bien de la amada patria. A estos héroes su valentía los lleva a desarrollar procesos de enseñanza con grupos de treinta a más niños y niñas, adolescentes y jóvenes durante largas horas. Nacen de la convicción de su compromiso acciones como dedicarse con cercanía amorosa a las niñas y niños con mayores dificultades. O, utilizar incansables horas a tareas cuasi mágicas como lograr que un niño escriba, lea comprensivamente, calcule, conozca nuestra historia…etc. Se espera que estos “facilitadores” de los procesos educativos logren desarrollar aprendizajes en sus estudiantes que los hagan competentes ante la incertidumbre. Para ello, deben tener un conocimiento serio, coherente y sólido de las disciplinas, esencia de las capacidades de las competencias del Currículo Nacional. Pero, sobre todo su mayor arte consiste en poner en acción estrategias didácticas que creen las condiciones para que sus estudiantes puedan aprender. Desde sus propios saberes en interrelación con los otros pares y adultos. Todo ello en un mundo cambiante, con nuevas demandas como las del uso de herramientas virtuales.

Idear con estos imaginarios una normativa que incluya mecanismos para recoger, regular y promover la labor del docente en una institución educativa pública es una aspiración de larga data en el Perú. Más aún, cuando en atención a esta invocación la Constitución vigente plantea “El Profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública” incluyendo en esa noción a los 388,314 mil docentes que, a mayo del presente año, laboran en instituciones públicas. El 37.5% de ellos son contratados, llamados en el sector “interinos”. Así las cosas, los vientos modernizantes en el Estado buscaron dejar atrás hace treinta años la Ley 24029 del segundo gobierno de Belaunde instaurando un sistema basado en el mérito, visible en títulos reconocidos más que en años de experiencia y en evaluaciones periódicas que permitieran certificar la idoneidad profesional de los docentes. Un primer intento fue la Ley 25212 del 20 de mayo de 1990. Esta, modificaba las modalidades de ingreso a la carrera magisterial, planteando entre otras medidas el acceso directo de los docentes “interinos” titulados al tercer nivel de la escala. Esta acción nunca se desarrolló ¿Por qué razón el Ministerio de Educación no lo hizo? ¿Negligencia, voluntades políticas en juego?

El 26 de noviembre del 2012 entró en vigencia la Ley de Reforma Magisterial, No. 29944. Una de sus medidas fue establecer un periodo de dos años para que se convoque el primer concurso que permitía la inclusión de todos los docentes interinos a plazas en el Estado en calidad de nombrados. Uno de los requisitos era la evaluación del desempeño docente. Vencido el plazo y luego de arduos debates se realizó el 29 de marzo del 2015 la primera evaluación de conocimientos. Tome nota, no fue de desempeños como exigía la Ley vigente, sino de conocimientos. De los 14,315 docentes interinos (Fuente: Sistema NeXus – R.M. N2 036-2015-MINEDU), 4684 docentes fueron evaluados. Del total solo el 15% aprobó la prueba de conocimientos. Como país ¿Qué preguntas nos planteaban estos resultados en las pruebas de conocimiento? ¿Qué afirmaban en relación con la calidad de nuestros docentes interinos? ¿Qué planteaba sobre la tan mentada calidad de la Educación? Esta fue la una única evaluación para ingreso al servicio docente que ejecutó el Ministerio de Educación hasta la fecha. Durante el gobierno de PPK y Vizcarra el Ministerio de Educación no ejecutó ningún programa de capacitación. La dotación de materiales fue interrumpida por la contienda sobre dicho currículo. En plena cuarentena, con las escuelas vacías, las tablets siguen sin llegar a estudiantes y maestros. Tampoco llegan los bonos para contar con conexión virtual.

Para colmo de males los 145,612 docentes interinos no gozan de los beneficios de la Ley de Carrera Pública. Para el magisterio nacional no funciona el principio de “a igual jornada laboral, igual remuneración”. Un docente contratado recibe un salario equivalente a 30 horas, se ubica en la Escala Magisterial 1 por las que recibe 2300 soles aproximadamente. Entonces, el acumulado de situaciones nos obliga a pensar si es tan fácil ponerse a favor o en contra de la norma aprobada por el Congreso. Es cierto que ¿Docentes sin título educan peor a las y los estudiantes que tienen a su cargo? En un sistema que ha dejado las escuelas rurales, multigrado y unidocente a su suerte ¿Sabemos dónde están esos docentes contratados que deberían ingresar nombrados al sistema? Es más, se dice que se beneficiará a 14,000 mil docentes nombrados, curioso que sea la misma cifra que se planteaba el 2015, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿Las cifras que manejamos se acercan con cierta exactitud a la realidad? Hay muchas preguntas de este tipo que habría que buscar resolver vía la investigación.

Estamos pues frente a una situación muy similar a la que sucede en el sector Salud. Es decir, mucho discurso, pocas acciones reales. Gobiernos realmente poco interesados en el magisterio, en los hacedores de la educación nacional. Ministros que desarrollan sus acciones en base a proyectos de agencias multilaterales y no a políticas de estado.

Los héroes son honrados luego de su muerte por hermosos monumentos de mármol y bronce. ¿Será que los profesionales de la educación más allá de ser héroes o no, servidores públicos, merecen otro tratamiento por ser una pieza clave del sistema educativo? O, será más bien que la educación pública – como la salud – necesita ser repensadas desde el actuar cotidiano de sus sujetos, con suma urgencia.