Eduardo Zegarra: “El gobierno de Sagasti ha tenido una limitada efectividad para enfrentar la crisis agraria"

La evidencia refiere que la situación de la agricultura familiar y la pequeña agricultura era crítica, y se ha agravado con la pandemia, porque ahora las cifras indican que de cada dos hogares agrarios, una está en situación de pobreza. A pesar de proveer el 70% de alimentos que consume el país, las pocas medidas de respuesta estatal no han logrado ser efectivas, lo que podría comprometer la seguridad alimentaria de la población urbana y rural. Para analizar este tema, Noticias SER conversó con Eduardo Zegarra, Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

¿Cuál es el balance del gobierno de Sagasti con relación a la atención que se le otorgó al sector agrario?

Creo que hubo dos etapas. Estamos en una crisis agraria bastante complicada que se inicia con la pandemia, el año pasado, que implicó una caída fuerte del ingreso de los productores agrarios y el aumento de la pobreza. El gobierno de Sagasti que ingresa en noviembre, enfrentó alguno de los temas, pero no los más importantes. Hubo un pedido desde el inicio de la crisis para instalar un Comité de Emergencia Agraria y Alimentaria, pero no fue aceptado ni por el gobierno de Vizcarra ni de Sagasti y, ahí el pedido serio era impulsar el FAE-Agro para colocar los S/ 2,000 mil millones de financiamiento agrario, pero lamentablemente no funcionó, porque no se ha podido colocar ni el 10% del fondo. Con el gobierno de Sagasti, se mantuvieron algunas políticas, que en mi opinión eran un poco conflictivas, como los mercados itinerantes, una medida poco efectiva para enfrentar los problemas de la agricultura y la alimentación. Hubo algunos avances en tratar de tener un ministerio un poco más orientado a la agricultura familiar, dando los pasos iniciales. Se ha creado una Dirección de Mujer Rural y una de Cooperativas, demandas largamente solicitadas por los gremios. Y, también hubo cierta mayor capacidad para entender el problema agrario desde el Viceministerio de Políticas, pero en general, el balance es que el gobierno de Sagasti ha tenido una limitada efectividad para enfrentar la crisis agraria.

Se tenía claro más o menos cuáles eran las deficiencias del FAE-agro hasta noviembre del 2020 ¿Por qué cree que el gobierno de Sagasti insistió en lo mismo y no ensayó otras salidas más viables?

Esa es una buena pregunta, porque era evidente que el problema era en el diseño de ese programa que funcionaba a través de estas subastas engorrosas, donde era bastante difícil conseguir una participación masiva de intermediarios financieros, pero el gobierno insistió en el mismo esquema a pesar que se le advirtió que eso no iba a funcionar. Sólo hicieron ajustes menores al procedimiento y se extendió el programa, pero no ha funcionado. La alternativa que se planteó era la asignación de créditos directos a través de Agrobanco y el Banco de la Nación, pero se negó esa opción y por eso es un rotundo fracaso.

¿Se puede decir que no se está logrando entender el impacto que ha generado la pandemia en la agricultura y la economía rural?

No en cuanto al gobierno central porque las respuestas han sido muy limitadas, muy débiles y no han resuelto ninguno de los temas críticos de la agricultura, sobre todo la agricultura familiar y la agricultura orientada al mercado interno. Creo que hay, por un lado, profundo desconocimiento de los problemas concretos de los productores agrarios y también un sesgo en la política pública hacia los intereses más urbanos, más industriales de la agroexportación.

Se conoce que el 70% de alimentos que se consumen el Perú proviene de la agricultura familiar ¿por qué se le paga tan mal a este sector productivo?

Eso es parte del problema y es absolutamente contradictorio que estemos maltratando de esta manera la agricultura familiar que nos alimenta y genera el 70% de los alimentos que consumimos. El año pasado, por ejemplo, se incrementaron las importaciones de alimentos de manera dramática, reduciendo aún más los ingresos de los productores nacionales. Seguimos con altísimos niveles de importación de cereales, de productos lácteos, de aceites e incluso de papá procesada. En general el modelo económico tiene ese enfoque porque no importa y no interesa la agricultura nacional, sólo interesa la agroexportación y se pretende resolver el problema de la alimentación con la importación barata y subsidiada de productos de países industrializados.

¿Qué implicancias tiene que la pobreza en los hogares agrarios se haya incrementado hasta el 52%? ¿Por qué esas cifras no generan alertas en los tomadores de decisión?

En parte porque aquí hubo y hay un piloto automático en relación al modelo económico, que tiene un sesgo en contra de la agricultura familiar. Este contexto no ha permitido generar un espacio de acumulación de desarrollo de servicios de infraestructura para la agricultura familiar y las zonas rurales del país, porque en estos últimos años, se invertido muy poco en caminos rurales, infraestructura de riego y en créditos agrarios. El sector rural está absolutamente descuidado, abandonado y en general todo el aparato público agrario es poco efectivo y esta de espaldas a la agricultura nacional; por eso es que no se logra mayores efectos y tenemos este incremento de pobreza agraria alarmante. Estamos a niveles de hace 10 años y, prácticamente 1 de cada 2 hogares agropecuarios están en pobreza en este momento.

Esta crisis agraria ¿a qué peligros o riesgos nos expondría como país en un corto plazo?

Yo creo que se ha profundizado la crisis estructural y estamos ya ante una crisis directa de los sectores agrarios y rurales. Hay una encuesta del IEP, donde revela que más del 90% de la población rural está con problemas alimentarios, es decir inseguridad alimentaria. Además del incremento de la pobreza agraria, hay una descapitalización de los productores que han visto sus precios por los suelos, porque el precio de la papa, por ejemplo, se vendió a 30 céntimos el kilo, cuando el costo de producción es 70 céntimos. Asimismo, el empobrecimiento del sector lechero, que ha sido muy grave, porque este sector ha tenido un incremento de sus costos hasta en un 100% pero la firma Gloria no ha querido subirles el precio del producto, con lo cual están quebrando miles de pequeños productores lecheros. El sector cafetalero también fue duramente golpeado por la pandemia y no han tenido el privilegio de la gran agroexportación que ha marcado un récord en el último año. Todo este panorama es muy complicado y en verdad que estos aires triunfalistas que ahora tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que dice que todo es una maravilla, que estamos para crecer 10% este año, desconoce del problema real de los productores agropecuarios, que están en una profunda crisis.

¿Esta crisis agraria podría ya estar anunciando una crisis alimentaria cercana?

Sí, pero de hecho ya hay una crisis alimentaria y esto se advirtió hace bastante tiempo. Hay un estimado que casi 5 millones de personas están afectados por la inseguridad alimentaria en zonas urbanas, pero también en zonas rurales y agrarias. El tema alimentario está muy delicado y si persistimos en este modelo excluyente, los próximos años vamos a ser más dependientes de los alimentos. Y, ahora los precios de los alimentos a nivel mundial se han disparado de manera alarmante y tener un país dependiente de la exportación de alimentos es una muy mala idea, sobre todo en plena posible tercera ola todavía, con la pandemia en curso y el empobrecimiento de mucha gente, la pérdida de empleo y los precios internacionales de los alimentos que están por las nubes. Todo esto configura un escenario complicado y el nuevo gobierno va a tener que tomar decisiones rápidas frente a este escenario.

¿Cuáles son los desafíos urgentes que deberán afrontar el nuevo gobierno y cuáles serían las medidas que debemos esperar?

Ahí hay varias cosas que se ha venido planteando desde los gremios agrarios y desde los distintos expertos en la materia, que no han sido atendidos. Lo primero es crear un Comité de Emergencia Agraria Alimentaria frente a esta profunda crisis del sector, que tiene la cara del empobrecimiento agrario y la cara de la crisis alimentaria. Ya hay un proyecto de ley sobre esto en el Congreso, pero que ha sido rechazado por la mayoría parlamentaria, por venganza frente al tema del Tribunal Constitucional, que es un proyecto planteada por la congresista Mirta Vázquez. Luego tiene que verse cómo enfrentar inmediatamente el relanzamiento de un programa de crédito rápido y efectivo para llegar a más de 400 mil productores que están más conectados a los mercados y que actualmente están golpeados por la descapitalización. Asimismo, se debe activar inmediatamente un programa de compras públicas de alimentos producidos por la agricultura familiar, porque el Estado compra S/. 2,000 millones anuales de alimentos y sin embargo a este sector no le compra nada. Entonces, eso tiene que orientarse y lograr ampliar el mercado de la agricultura familiar en un momento en el cual la importación de alimentos se está haciendo cada vez más costosa y que tendrá efectos inflacionarios, situación que en los hogares más vulnerables va a incrementar la inseguridad alimentaria.