Educación S.A.

“Es histórico el valor que la población le da a la educación como medio y fin en sí mismo. Como medio, porque es una herramienta que les permite desarrollarse y superarse en la vida, y como fin, porque más allá del uso que hagan de ella, se piensa que una persona educada adquiere un estatus diferente y una mirada más amplia del mundo que lo rodea.”

Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Tomo VIII, p. 179.

No tengo la evidencia, pero tengo la intuición que las redes tecnocráticas que hegemonizaron el Estado, específicamente el nivel nacional, en las dos décadas siguientes a la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, de raigambre “liberal”, principalmente limeños, de universidades privadas "top" y posgrados en el extranjero, en suma, miembros de las elites urbanas y tradicionales, que se autoperciben como “modernas” por su cosmopolitismo pero de fuertes improntas conservadoras, organizaron el Estado y gobernaron desde una “burbuja autorreferencial”. Agenciados de una multitud de informes e indicadores, pero sin la capacidad de leer políticamente el país, los cambios que este atravesaba, los contextos históricos de mediano y largo plazo que nos envuelven, y las especificidades de la diversidad humana que nos caracteriza. Así, ejercieron un gobierno de modo "limeñocéntrico desconectado de las regiones", sin base ni conexión con los problemas y realidades regionales; un gobierno tecnocrático e institucionalista, con arreglo a paradigmas de alta calidad de la política pública, pero sin reparar adecuadamente y en profundidad en la variable del poder, en cómo se afectaba a grupos de interés y poderes de facto ni en las capacidades de apoyo de los grupos afines para dar sostenibilidad a las reformas, o de resiliencia, por parte de las organizaciones perjudicadas por las medidas que se aprobasen, para resistirlas y combatirlas en el tiempo.

Un ejemplo de ello puede ser la “Reforma Educativa”, hoy llevada hasta sus niveles más vulnerables y en riesgo de desarticulación, dada la connivencia entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron elegidos en este periodo. La Reforma pudo mantenerse, mientras las redes tecnocráticas de la elite liberal se mantuvieron en posiciones de decisión. Desplazadas del Poder Ejecutivo y con la conformación de un Congreso con presencia de representantes de organizaciones directamente involucradas, concernidas e interesadas en el negocio educativo, y así como por actores individuales que obran como gestores parlamentarios de los intereses de sus financistas, usufructuando su cargo público para ello, la reforma fue decayendo, sin barreras ni defensores que puedan contener el avance de los núcleos interesados en su desaparición, o mejor aún, para ellos, en la captura regulatoria del órgano de supervisión, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Juzgando por los resultados y el derrotero que ha seguido el sector, para un observador externo como quien escribe estas líneas, la política de la “Reforma Educativa”, la creación de la SUNEDU y la institucionalidad alrededor, normativa y organizativa, parecen el reflejo del tipo de habitus descrito en el primer párrafo, complementado además con disposiciones verticales, quizás autoritarias (habría que recordar quien fue el rostro visible que impulsó la Reforma), y que acaso no dialogaron lo suficiente y en profundidad con los poderes que vieron afectados sus intereses por la Reforma. Es decir, seguramente obraron de manera “técnica”, sintiéndose respaldados por el poder y capital simbólico de instituciones de prestigio y el establishment, pero no de manera política. La “política”, quizás fue dejada de lado al ser percibida como “vil y sucia”, según las representaciones del pensamiento dominante desde la década de 1990, siendo ello contraproducente, puesto que el costo de cerrar los ojos ante ella, siguiendo mandatos ideológicos, es que se ignoren componente duros y existentes de la realidad y se renuncie a su gestión, siendo el conflicto o la reversión de los objetivos buscados, las consecuencias resultantes.

Sin duda alguna, es severamente preocupante el retroceso en la afirmación de la calidad de la educación. El autor de estas líneas ha visitado los campus de una universidad privada de carácter lucrativo, que hacen parte de uno de los grupos económicos con mayores ingresos en el país, y cuyo liderazgo tiene participación política y pretensiones presidenciales. Dicha universidad que pese a encontrarse “licenciada”, muestra señales de fuerte precariedad no solo material, sino también simbólica y en la cultura organizacional, con componentes de servilismo e instrumentalización de género, incompatibles en una sociedad que se supone democrática y, sobre todo, en una entidad educativa que debería, se supone igualmente, cultivar la libertad, la ciudadanía, la autonomía y el espíritu crítico.

Así, no solo se perjudica la formación y educación de los individuos, sometidos a fórmulas educativas que no son más que un simulacro que pretenderá justificar la entrega de un título de escaso o nulo valor en el mercado, una estafa en términos llanos, sino también significa que el perjuicio alcanza el nivel país, pues se “aporta” a la sociedad, al Estado y a los aparatos productivos, profesionales con credibilidad dudosa, en los términos más amables.

Ahora, el camino que nos habría conducido hasta aquí, y que en buena cuenta sería el escenario de fondo, el problema estructural, es el diseño constitucional, institucional y organizativo, que tolera y aun deliberadamente favorece, la precarización de los servicios públicos subsidiando la oferta privada para suplir o complementar dichos déficits, en algunos casos autogenerados. La educación como negocio presenta distintas calidades y cualidades según el sector y la clase social a la que es ofrecida, y aún en los sectores privilegiados presenta aspectos cuestionables por sesgos educativos, políticos e ideológicos, contraviniendo el carácter universal del conocimiento y la educación.

No es el propósito de esta reflexión sugerir una estatización ni abolir la propiedad privada en la educación, sino plantear algunas preguntas sobre cómo y por qué la Educación como institución en el Perú, así como otras instituciones vitales como la Salud, han sufrido un deterioro tan severo y agresivo en un contexto excepcional en nuestra historia republicana, que se suponía favorable y de alcance del siempre esquivo “despegue” del país: dos décadas de estabilidad macroeconómica, crecimiento económico, sucesión democrática de gobiernos, hasta que se revelaron las frágiles bases del “milagro peruano” y la privatización del Estado por economías formales, informales y delictivas, responsables de magnitudes diversas de saqueo y expolio, situación con la que las elites tecnocráticas no tuvieron problemas en convivir.

Seguir manteniendo el discurso que niega facultades al Estado o la voluntad de transformarlo en un aparato eficiente de servicio público y de satisfacción de derechos, solo favorece a quienes encuentran en la desigualdad, la precarización, la pauperización y la corrupción, las condiciones óptimas para lucrar, evidenciando la ausencia de capacidades mínimas para la inventiva y la innovación, tal como pregona el discurso del emprendimiento y solo en apariencia, moderno.

En un contexto como el actual, cabe legítimamente preguntarse qué Estado, qué sociedad, qué instituciones y qué servicios necesitamos ahora, y para las generaciones venideras, que satisfagan y cumplan lealmente el artículo constitucional que prescribe que las personas y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.