El agua: derecho y responsabilidad

La noticia de la semana fue que el agua se comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, en las cuencas hídricas de California. Aunque pareciera sorprendente no lo es, pues su importancia para desarrollo de nuestra existencia, agricultura e industrias relacionadas es sumamente importante, más que el petróleo o el oro.

El agua en el Perú

Mediante Ley N° 30588 se reformó la Constitución Política del Perú e incorporó el Artículo 7-A, donde se menciona que: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos”. Aunque esta reforma ha sido más declarativa que efectiva, al ser un derecho constitucional se estaría violando el propio derecho a la vida. Según cifras del INEI solo el 36.7 de la población que consume agua de la red pública, estaría consumiendo agua correctamente clorada, es decir el estado no garantiza el acceso a un servicio de calidad.

En el ámbito municipal, el artículo 80 de la Ley 27972, sobre las funciones específicas compartidas de los gobiernos provinciales y distritales respecto a la prestación de los servicios básicos menciona lo siguiente: Las municipalidades provinciales pueden “administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. Las municipalidades distritales pueden “administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.”

Es así que la administración de la prestación del servicio se realiza a través de empresas estatales como SEDAPAL, empresas prestadoras del servicio de saneamiento (EPS), y unidades de gestión municipal (UGM). Algunas municipios distritales incluso lo hacen directamente y en muchos centros poblados la administración local del agua, está a cargo de las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS), estas últimas supervisadas por la municipalidad de su jurisdicción.

Problemas en el camino

“El agua es de Dios”, fue una de las explicaciones que escuche cuando se pretendía que a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS se incorpore la administración local del agua de un distrito al norte de Lima a la EPS más cercana, con el fin de mejorar el servicio, sin embargo los diferentes líderes locales opinaron al unísono que el agua no de privatiza, es un bien público, incuso que no se debería pagar por el servicio porque es un derecho de la sociedad.

En dicho distrito, así como en otros gobiernos locales, la cobertura del servicio es insuficiente, de baja calidad, los sistemas de agua tienen escaso mantenimiento, no hay un pago que cubra la operación del servicio y existe alta informalidad en el uso del agua. Los gobiernos locales y las empresas prestadoras del servicio y las otras modalidades de organización debido a su baja capacidad operativa hasta ineficiente, y con escaso apoyo institucional no les permite realizar cambios que mejoren el servicio manteniendo lo que existe a fin de no verse enfrentado a conflictos sociales.

¿Quién asume el costo?

En general los proyectos de inversión pública se financian a través de los impuestos. El saneamiento es una prioridad en el cierre de brechas que el Ministerio de Economía y Finanzas solicita a los gobiernos locales en la programación multianual de inversiones; en los últimos años más de la mitad de los proyectos programados en los presupuestos institucionales se destinen a cerrar esa brecha, es decir hay una fuerte inversión para incrementar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.

Si bien el agua proviene de la naturaleza, la potabilización, instalación de tuberías, mantenimiento y supervisión del servicio es humano y acarrea un costo, así como la responsabilidad del uso del servicio. Entonces ¿quién asume el costo de la prestación de los servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado? En la mayoría de las municipalidades donde se administra el agua directamente o través de una empresa municipal, el servicio es subvencionado, al igual en aquellas administradas por organizaciones comunales. Los costos operativos no son cubiertos por el pago del servicio de los usuarios, teniendo que emplearse dinero de alguna partida del presupuesto institucional para cubrir el gasto y mantener el servicio.

__Un mal consumidor __

En muchas localidades, la población cree que el agua no se acaba por lo cual mantienen malos hábitos como dejar los caños abiertos, mantener sus cañerías rotas, usan el agua potable para fines comerciales, inclusive para regar sus parcelas. Muchas EPS, tienen enormes dificultades para el desarrollo de sus actividades. Colocar medidores a los usuarios se vuelve una tarea imposible y riesgosa, porque se indica que son malos y el pago por el servicio seria mayor, ocasionando que se cobre una tarifa plana, lo cual no motiva al usuario a cuidar el agua. Paradójicamente es en las pequeñas ciudades donde el desperdicio del agua potable es mayor no permitiendo que llegue a todos los usuarios.

En los centros poblados o similares que se ubican en zonas semirurbanas y rurales cuyo servicio de agua potable es prestado por organizaciones comunales (JASS) u otra forma de organización vecinal, el principal problema es la sostenibilidad del servicio, las cuotas familiares que pagan los usuarios no alcanzan ni para la compra de insumos como el cloro, menos para la operatividad del servicio y mantenimiento de la infraestructura.

Acciones urgentes

El agua que se emplea para consumo humano se va acabando, ya que como recurso natural se ha comprobado que tiene límites; más aún por efectos naturales y antrópicos, se acelera su escasez. Existen áreas donde casi se ha perdido este recurso o es insuficiente para el uso diario. En la actualidad se puede minimizar el impacto negativo sobre el recurso hídrico, propiciando agresivamente la aplicación de buenas prácticas en el uso del agua, incluso fomentando que sectores afines como salud, educación, cultura, turismo y producción que orienten sus políticas al uso adecuado del recurso.

Por un lado se requiere tomar acciones urgentes, como la gestión y ejecución desde el Ejecutivo y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de proyectos de saneamiento, que abarquen a grandes sectores de población. No se puede seguir dejando esta tarea solo a los gobiernos locales pues por su limitado presupuesto no generan impacto en los proyectos que ejecutan. Por el lado institucional, se debe seguir fortaleciendo la administración las EPS y de las UGM, e incorporar aquellos distritos que no cuenten con un prestador del servicio, a una de estas formas de organización, para que administren adecuadamente el servicio. El estado debe asegurar el cumplimiento del marco normativo y el cobro justo por su prestación en cual asegure que se mantenga en el tiempo.

Sin embargo hay que ser claros, como ciudadanos tenemos derechos y deberes, nuestro derecho es tener acceso a todos los servicios básicos, pero también es nuestro deber asumir el costo por ese derecho. Cualquier inversión e iniciativa para mejorar la prestación del servicio, seguirá teniendo resultados magros si no se asegura el pago del servicio y se enfatice en la concientización del ciudadano consumidor sobre el manejo adecuado del agua. El agua es un derecho pero también una responsabilidad.