El baile de los que sobran

Únanse al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad (Canción de “Los Prisioneros”)

El conflicto de baja intensidad en el que estamos envueltos; esta confrontación de estrategias y demostración de fuerzas, entre el Ejecutivo y el Congreso, en la que se ha involucrado la Fiscalía de la Nación, los grupos de poder económico y la gran prensa, no parece tener tregua, ni paz. En torno a este conflicto se elaboran narrativas, se construyen enemigos, se formalizan bloques, se definen amigos y enemigos. Ha cubierto por completo el escenario político, más allá de eso no existe nada, solo el vacío.

Triste realidad para un país asolado de conflictos sociales que, si no están en el marco de la gran inversión productiva minera, agroindustrial o de los intereses de los grupos de poder económico o, peor aún: si no están en la lógica de vacancia de la presidencia o cierre del Congreso, no forman parte del tinglado escénico de la política real. Al copar todo el escenario político y social oficial, ya no hay lugar para los “otros”. En esa acción han invisibilizado voces, personas, comunidades, organizaciones sociales que desde hace mucho reclaman atención a sus demandas.

De otro lado las fuerzas en pugna han logrado que las reformas democráticas que se orientaban hacia una mejora de la calidad educativa, respeto a las diferencias, inclusión de derechos sociales, y la no discriminación ni la imposición de la intolerancia religiosa sean excluidas y anuladas por "peligrosas" o porque no interesan a nadie, menos al Estado. Bueno, en esto último, hay que reconocer han logrado una unidad de criterio y votado en consecuencia.

Los conflictos que no le importan a nadie

Desde hace mucho en el Perú se vive un largo y complejo periodo de conflictividad social. Ahora bien, a no todos les va mal con los conflictos. Ciertamente, hay una "industria" de conflictos que ha deparado buenos beneficios a personajes que han visto en ellos la fuente de su riqueza y poder político; pero a muchos pueblos les ha ido mal, sobre todo, a los que, lejos de la mirada de la prensa y del “interés nacional”, estos han visto languidecer sus expectativas y diluir sus esperanzas de que vía el conflicto pueda resolver sus problemas o, lo que es más frustrante, que alguien del poder político se interese en su suerte.

Está demostrado que no todo conflicto genera crisis política, que hay demandas de poblaciones, particularmente de comunidades nativas y de pueblos alejados del escenario político oficial que languidecen en innumerables mesas de trabajo, actas de compromiso o los Consejos de Ministros Descentralizados.

En la primera semana de febrero del 2021, la SGDS reportaba la existencia de 87 conflictos activos, de los cuales 1 era crítico, 40 en riesgo inminente, 27 en riesgo intermedio, 5 en situaciones de alerta y 14 casos considerados como prioritarios. De esa fecha a la actualidad el patrón de los conflictos no ha variado sustancialmente. En la segunda semana de septiembre del 2022, se reportaba la existencia de 64 conflictos. Pero al revisar el periodo podemos notar que en rango de los conflictos que semanalmente reporta, oscilaba entre 87 a los 64 conflictos (ver gráficos adjuntos). Con sus picos de subida y las suaves pendientes de bajada, lo más resaltante es la persistencia de conflictos en zonas donde ya forman parte de la vida cotidiana

Tomemos como referencia los conflictos que están en las regiones amazónicas de nuestro país.

Datem del Marañón

No sabemos con exactitud cuándo las comunidades amazónicas de esta provincia empezaron su lucha contra la incursión de mineros ilegales en sus territorios ¿2002? ¿2006? La primera referencia se conoció en el 2008, y ya tenían varios años peleando contra la incursión de grupos muy avezados y violentos. Estamos en el 2022, y si bien hubo operativos de la Fiscalía Especializada en delitos ambientales realizó operativos, no hubo mayores resultados. El problema que afecta la vida y el ambiente de los territorios comunales está en el mismo sitio: comuneros muertos, varios heridos, poblaciones asustadas…

En febrero del 2021 la comunidad de Saramurillo, distritos de Andoas y Pastaza (Datem del Marañón), solicitaba electrificación las 24 horas y la carretera de Saramurrillo – Saramuro; habían realizados paros y bloqueos de carretera conseguiendo el compromiso del gobieno de entonces para ejecutar dichas obras. En esa misma semana, las federaciones nativas de la Cuatro Cuencas, amenazaban con un nuevo paro regional exigiendo al Gobierno que emitan una nueva Resolución y continuar con los compromisos sobre salud, educación, comunicación. Asimismo, 7 pueblos originarios de la localidad de Manseriche – Morona amenazaban con un paro si es que no se atendía su reclamo de ejecución de proyectos de infraestructura que anteriores gobiernos les habían prometido.

Un año después, en la semana del 12 de septiembre, la SGDS, reportaba que en la provincia del Datem del Marañón, profesores, que habían tomado las sedes educativas desde hace tres meses, exigiendo la atención de los profesores indígenas. Los líderes y maestros aceptaron la propuesta del Estado, sobre el envío de una comisión del Gobierno para continuar el diálogo, y para ello levantaron el bloqueo de las carreteras Bagua – Saramiriza y San Lorenzo – Recreo) y liberaron los puertos.

Rio Chambira

En esa misma semana comunidades indígenas organizadas en la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEPIURCHA) que representan a 56 comunidades ubicadas en la cuenca del río Chambira, afectados en materia de salud, denunciaban al Gobierno de incumplimiento de compromisos. Las comunidades habían tomado instalaciones de PETROPERU, pero, al parecer no les prestaron atención hasta que sucedió esa amenaza concreta de la toma de instalaciones y paro regional.

Puente Tarata

Esta obra ubicada en la provincia de Mariscal Cáceres, San Martín, es conocida por todo el país porque develó el entramado de corrupción que se construyó en los inicios de la actual gestión del MTC (la obra había sido presupuestada en 54 millones de soles por el MTC en el 2021, no obstante, se adjudicó al consorcio Tarata III por S/232,5 millones). Pocos recuerdan que esa obra era una demanda muy sentida de la población de Juanjuí; luego de constantes movilizaciones y huelgas indefinidas en junio del 2014, lograron que su pliego de reclamos sea considerado por el gobierno de entonces: prometieron la construcción del Puente Tarata, entre otros acuerdos. Pocos imaginaron que esa obra sería el inicio de una serie de acusaciones de corrupción en el MTC. Ocho años después la obra sigue paralizada.

REPORTE MENSUAL DE CONFLICTOS SOCIALES: ENERO – DICIEMBRE 2021 Fuente: SGDS – PCM. Reporte de la semana del 4 enero de 2022

EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS POR SEMANAS: ENERO 2022 – 12 DE SEPTIEMBRE