El espejo colombiano

En los últimos días Colombia vive una grave crisis tras la violenta represión policial y militar dictada por el presidente Iván Duque contra la ciudadanía que protesta por la reforma tributaria que su gobierno quiso imponer.

Aunque la propuesta de reforma fue retirada del Parlamento, las protestas han continuado, lo mismo que la acción violenta de las fuerzas de seguridad. El número de muertos, reporte de desapariciones y detenidos aumenta a cada momento y supera las cifras reconocidas oficialmente por el Estado colombiano. En buena medida, la protesta ha sobrepasado el tema tributario y ahora comprende un conjunto de malestares embalsados: además de la situación sanitaria y económica por la pandemia, se trata del incumplimiento de los Acuerdos de Paz y de la impunidad frente a diversas masacres ocurridas durante el último año.

Es particularmente grave el llamado del uribismo -fuerza política de la cual proviene el actual presidente- a aumentar la represión y a una mayor intervención militar. Esta receta claramente antidemocrática solo llevará a más violaciones a los derechos humanos en un país que hace años clama por alcanzar la paz y cerrar el largo ciclo de violencia en el que está sumergido desde hace décadas.

En el Perú -donde se debate intensamente sobre el voto en la segunda vuelta- la situación de Colombia es un recordatorio de la violencia policial que se desplegó durante las protestas de noviembre del 2020 contra “el gobierno” de Manuel Merino y que sigue impune. La tragedia colombiana nos sirve como advertencia sobre lo que podría ocurrir nuevamente en nuestro país, donde importantes sectores de las élites políticas y empresariales creen que la violencia y el “orden a toda costa” son la única manera de responder a las protestas ciudadanas.

Desde Noticias SER expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la represión en Colombia y nos sumamos a los llamados para que el gobierno de Iván Duque disponga que las fuerzas de seguridad detengan su accionar contra los ciudadanos y ciudadanas de este país, y más bien pase a atender sus legítimas demandas. La protesta es un derecho que nuestros Estados suelen desconocer y criminalizar, olvidando que su primera obligación es garantizar la libertad de manifestarse de todos y todas.