El Estado somos todos y todas

Las y los investigadores de URBES LAB, Centro de Investigación en Teoría Urbana y Territorial, manifestamos nuestra gran preocupación por la difícil situación que vive nuestro país. Condenamos el golpe de estado del 7 de diciembre, así como el uso excesivo de la fuerza por parte del nuevo gobierno que ha conllevado a la muerte de 28 personas –hasta el momento– y hacemos un llamado a la paz y al diálogo abierto, convocante y transparente. Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, a las personas heridas y a las personas se han visto afectadas directa o indirectamente por la excesiva violencia desencadenada.

En este lamentable contexto, hay que mirar más allá de la coyuntura, con el objetivo de entender que los problemas sociales y políticos de nuestro país nos involucran a todas y todos los peruanos. Por un lado, llamamos a la reflexión sobre las causas que llevan a la movilización social. Nuestra historia republicana está llena de omisiones, desatenciones y subestimaciones de las necesidades y expectativas de las personas sin poder político ni económico.

En nombre del progreso y el desarrollo económico se han contaminado muchas de nuestras fuentes de vida, como los ríos, lagos, y reservas naturales; se ha afectado a comunidades nativas y maltratado a miles de personas en las regiones explotadas. Las supuestas retribuciones económicas no se han materializado en mejoras sustanciales en la calidad de vida de estas poblaciones. Por el contrario, parece que el llamado “milagro económico peruano” ha beneficiado desproporcionadamente a Lima y a los intereses de quienes dirigen las inversiones, y relegado al resto del país .

Según el estudio de OXFAM sobre la desigualdad en el Perú en el 2015 , la reducción de la pobreza ha sido comparativamente menor en el área rural. Por ejemplo, en el 2004 un morador del área rural tenía el doble de probabilidades de ser pobre que un morador urbano. Para el 2014, dicha probabilidad se triplicó. De igual manera, una persona que nació en la sierra o en la selva peruana tiene el doble de probabilidades de ser pobre que uno que nació en la costa. Así mismo, las y los peruanos cuya lengua materna es indígena, tienen el doble de probabilidades de ser pobres.

Por esta razón, entre otras de tipo estructural, el descontento social se ha incrementado con los años. En vez de tener gobiernos dialogantes se ha buscado reprimir a toda costa las manifestaciones sociales recurriendo a discursos discriminatorios para invalidar los reclamos. Actualmente el "terruqueo" es el discurso dominante para azuzar la represión policial y militar contra la población movilizada, y justificarla frente a aquellos sectores de la sociedad que viven en ciudades capitales. Estos enfrentamientos que solo generan más violencia, muestran el aprovechamiento de múltiples actores, entre ellos los ligados a economías ilegales (ej. la minería ilegal), para buscar desestabilizar el reclamo social, generando actos vandálicos, hiriendo tanto civiles como personal del fuero policial y militar, y violando derechos humanos de la población movilizada. Del mismo modo, varios de los medios de comunicación nacional solo visibilizan lo que creen conveniente a sus intereses, e invisibilizan las voces fuera del discurso político tradicional y evitan discutir los problemas de fondo.

En suma, las gestiones presidenciales de toda postura política de los últimos 40 años, no han trabajado para el pueblo, sino que se han servido del pueblo para perseguir sus intereses particulares, tal y como lo demuestran las múltiples investigaciones y procesos judiciales en marcha. La corrupción está enquistada en el aparato estatal en todos los niveles de gobierno. Además, cada vez es más patente el accionar de malos funcionarios públicos y autoridades que se han coludido con redes criminales de diversa índole, las cuales generan más violencia, pobreza, y empujan a la población a involucrarse en la economía ilegal vulnerando sus derechos fundamentales.

Por otro lado, en línea con nuestro compromiso de generar espacios de debate, reflexión y aprendizaje en una sociedad diversa, nos preguntamos qué alternativas tenemos ante este escenario. No existe una única respuesta, y por supuesto requiere un análisis más complejo, pero nos gustaría centrarnos en un factor estructural sustancial: el Estado también lo conforman las personas de a pie, en ese sentido, lo que ocurre en el aparato de gobierno es un reflejo de nuestra sociedad.

Bajo esta premisa, si en la vida cotidiana nos acostumbramos a pagar coimas para nuestro beneficio, comprar favores, saltarnos o comprar la interpretación de la ley a nuestra conveniencia, y un largo etcétera, estamos normalizando la corrupción y de esa sociedad saldrán los líderes políticos, sin importar clase social ni origen, con el único objetivo de buscar su beneficio personal y jamás atenderán los problemas sociales ni buscarán construir un país con justicia social y ambiental. Es necesario e importante el reclamo colectivo, pero igual de necesaria es la reflexión individual de nuestros actos para construir una sociedad sustentada en valores que permitan lograr el bien común.

Pensando en el largo plazo, es necesario apostar por una educación realmente transformadora que forme espíritus críticos y construya ciudadanas y ciudadanos empáticos, tolerantes y abiertos al diálogo. Se necesita de una academia que produzca conocimiento para la transformación social, alejada de la neutralidad y comodidad que supone estar en la torre de marfil. Por décadas, la academia peruana estudia los problemas sociales, pero lamentablemente, muchos de las y los investigadores involucrados entiende la labor de investigación desde un enfoque meramente positivista. Buscando una supuesta objetividad ven a las personas como sujetos de estudio y cuando ocurren las manifestaciones sociales, rara vez toman posición y se pronuncian. En ese sentido, hacemos un llamado a repensar el rol de la academia, desde sus diferentes ámbitos, para apostar por la producción de conocimiento científico crítico que realmente ayude a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, priorizando a los más vulnerables.

Con miras al corto plazo, en el marco del adelanto de elecciones generales, convocamos a todos y todas a elegir un gobierno que busque el consenso a través de un diálogo transparente y lúcido con las representaciones sociales, políticas y económicas de todas las regiones, para construir una agenda común sobre el destino de nuestro país y hacer las reformas necesarias para garantizar una mejor redistribución de los recursos y una adecuada inversión pública y privada. Este diálogo debe estar enmarcado en el respeto irrestricto al derecho a la libre manifestación y la condena de toda forma de violencia y represión, generando canales de diálogo que permitan escuchar las demandas sociales, particularmente de quienes están alzando su voz fuera de la capital, pues históricamente han sido postergados del desarrollo del país y sufren con mayor intensidad las desigualdades socio-territoriales.