¿El fin de un ciclo democrático en el Perú?: la militarización de la política como punto de quiebre.

Las llamadas telefónicas que el presidente del Congreso Manuel Merino realizara subrepticiamente el jueves 10 de setiembre a los más altos mandos militares para invocarles “tranquilidad” horas antes de que el pleno decidiera presentar la “Moción de Vacancia Presidencial”, así como la correspondiente denuncia pública que en torno a este antidemocrático acto efectuara el Primer Ministro Walter Martos ante los medios de comunicación acompañado de los Jefes de las Fuerzas Armadas, no debieran discutirse únicamente como “errores políticos” o “actos simbólicos” en la búsqueda desesperada de restaurar el “orden” ante a la “guerra de poderes” desatada entre el Parlamento y el Ejecutivo. Habida cuenta que estos hechos indicarían la gravedad de un problema mayor. Constituirían ante todo un punto de quiebre en la historia de un ciclo democrático que costando la muerte de más de 69 mil peruanos fue instaurado en el Perú hacia el año 2000, tras la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori y el fin del Conflicto Armado Interno.

Esta “guerra política” llamada así por la opinión pública, representaría el ocaso de un periodo de aparente estabilidad política, que aún con sus vicisitudes logró mantenerse por cerca de dos décadas y que hoy -en medio de una inmanejable crisis sanitaria que ha cobrado la muerte de más de 30 mil peruanos y sumergido al país en una profunda recesión económica- nos muestra su más peligrosa fragilidad.

El involucramiento de los militares en la actual “guerra política” por tanto no sería casual, tiene responsables. Tampoco la “guerra” contra el covid-19 la justifica. Las contradicciones que hoy ilustran las formas de cómo la clase política peruana entiende el “ejercicio democrático” ha registrado, en los últimos cuatro años, los más vergonzosos y dramáticos antecedentes: el indulto al exdictador Fujimori efectuado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2017); su posterior renuncia a la presidencia, el inmediato ascenso de Martín Vizcarra y el Referéndum por las reformas constitucionales (2018); la disolución constitucional del Congreso realizada por el Ejecutivo (2019), las Elecciones Congresales Extraordinarias, las dos presentaciones de “cuestión de confianza” por parte del Ejecutivo al parlamento y por último la fracasada “vacancia presidencial” en este año 2020. Esta genealogía permite además de observar la agudización de las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso hasta el estallido de la actual “guerra política”, explicar -en parte- cómo es que el uso político de los militares se convirtió en un vil instrumento simbólico de poder en esta contienda.

Esta tendencia a la militarización de la política como consecuencia de la fragilidad democrática en el Perú no es nueva en nuestra historia, y menos el abuso de poder que los representantes del poder civil han ejercido sobre los militares. La historia reciente ha demostrado que cuando más ineficientes y negligentes resultaron las respuestas de parte de los representantes del Estado en situaciones de emergencia, estos optaron deliberadamente por el uso político de las Fuerzas Armadas a fin de fortalecer su imagen y al mismo tiempo evadir sus responsabilidades de gobierno. Renunciando en consecuencia a sus más sagrados mandatos constitucionales que les fueron confiados mediante el voto popular.

La actual “guerra de poderes” nos obliga imperiosamente a recordar que este modelo de dimisión política que apostó por el involucramiento de los militares en los asuntos de gobierno llevó al país a los más trágicos episodios sucedidos en el pasado reciente. Dio lugar en 1982 a la decisión de militarizar la lucha contrasubversiva que por entonces el Estado libraba frente a “Sendero Luminoso” arrastrándonos a la más sangrienta guerra entre peruanos, pero además condujo al Golpe de Estado de 1992 que el expresidente Alberto Fujimori junto a su asesor Vladimiro Montesinos gestaron en alianza con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para instaurar su régimen dictatorial que con la pretensión de perpetuarse en el poder, sobre la base de un complejo sistema de corrupción y con el pretexto de “la lucha por la pacificación nacional” terminaron por destruir el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, cuyo nefasto legado -como hemos sido testigos en los últimos días- continúa vigente en la cultura política peruana y más aún en el ejercicio parlamentario.

Lo trágico es que a veinte años de la recuperación de la democracia, y cuando se hacía impensable el retorno de la intervención de los militares en asuntos políticos, esta amenaza ha reaparecido, y no precisamente por la ambición de los miembros de las Fuerzas Armadas que hasta el momento vienen cumpliendo y exigiendo se respete estrictamente el mandato constitucional de su no beligerancia, sino más bien a iniciativa de la clase política.

Se dice que “no existen guerras sin soldados” y los poderes civiles del Estado vuelven como en el pasado a jugar peligrosamente con la imagen de las Fuerzas Armadas sobrexponiendo mediáticamente a sus miembros en las más escalofriantes performances de poder, ciegos por sus propios intereses, pero al mismo tiempo ignorando lo que para ellos significa la “defensa de la democracia” después de la “guerra contrasubversiva” que pelearon contra a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en las décadas de 1980 y 1990, olvidando igualmente que en aquellos tiempos -salvando las distancias- como ahora, el Estado y el sistema democrático se encontraban amenazados.

No es de sorprender por ello que irónicamente un día antes de que los máximos representantes del poder civil del Estado le rendieran homenaje a “Los defensores de la democracia”[1] que por ley debe realizarse cada 12 de setiembre, en reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra la subversión (1980 -2000), el pleno del congreso -poniendo nuevamente en vilo la democracia- aprobara la “Moción de Vacancia Presidencial”.

Pero, además si hay otro asunto que estos mismos representantes del poder civil han subestimado al momento de usar políticamente la imagen de las Fuerzas Armadas en su “guerra política”, es que los militares jamás renuncian a su condición de soldados aun cuando se encuentren en el retiro, mucho menos a sus jerarquías, antigüedad y disidencias. Por consiguiente, paralelamente a la “guerra política”, se han puesto también de manifiesto las tensiones entre militares que estando en situación de retiro hoy forman parte de los poderes del Estado. Tal es el caso del general EP ® Walter Martos, Primer Ministro de Gobierno y el general EP ® Jorge Chávez, Ministro de Defensa, ambos recientemente convocados para contribuir en la conducción de la denominada “guerra contra el covid-19” y que hoy representan al gobierno; y de otro lado representando más bien al parlamento, se encuentra el general EP ® Otto Guibovich actual Congresista de la República y vocero de la bancada de Acción Popular, agrupación política que propició la moción de vacancia en contra del presidente Vizcarra.

Sin embargo, estos militares en retiro hoy convertidos en los nuevos actores en la vida democrática del país representarían solo una mínima parte de aquellos que después de abandonar los cuarteles al final de su carrera castrense decidieron labrar sus propias carreras políticas. En ese mismo camino y en mayor proporción se encuentran los excombatientes de la “guerra contrasubversiva” entre los que se destacan principalmente los licenciados del servicio militar y quienes en los últimos años han venido conquistando progresivamente una mayor representación democrática a nivel nacional, lo que explica por qué siete de ellos resultaron electos congresistas en las últimas elecciones y actualmente forman parte también del pleno.

Es probable que, en esta coyuntura, la incursión política de estos militares retirados y excombatientes constituyan temas aislados y sean poco trascendentes respecto a la atención mediática que vienen recibiendo otros personajes que se encuentran involucrados en la propalación de los audios que vinculan presuntamente al presidente Martín Viscarra en actos de corrupción. De igual forma, quizá resulte minimizado y hasta logre quedar impune el abuso de poder cometido en contra de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No obstante, todavía no podemos calcular en el largo plazo, el impacto político que la perversión de los mandatos constitucionales de subordinación y no beligerancia de las instituciones castrenses cometido por los poderes del Estado en la presente coyuntura, podría acarrear en la subjetividad social. Más todavía si se toma en cuenta la arraigada tendencia de la sociedad peruana a simpatizar con posturas políticas autoritarias y hasta militaristas como el “antaurismo” por ejemplo.

A dónde terminará esta “guerra de poderes” y cuál será el costo político de haber utilizado la imagen de los militares para defender sus trincheras en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo año 2021, es algo que no lo sabemos aún. Como tampoco conocemos de qué manera los miles de uniformados están procesando la ignominia que acaba de cometerse en su contra ¿Acaso se cree que ellos no recuerdan cómo el régimen dictatorial de la década de los noventa los dejó moralmente en cenizas? ¿Acaso se piensa que ellos ya olvidaron que para defender la democracia en nombre del poder civil fueron arrojados a una guerra que más que militar fue política y los obligaron a matar a sus propios compatriotas?

Más allá del desenlace de la “vacancia presidencial”, esta “guerra política” ha vuelto a poner el dedo en la llaga, por lo que ahora más que nunca nos corresponde a los ciudadanos defender férreamente la institucionalidad democrática del Estado y exigir a quienes les confiamos nuestro voto hacer lo mismo. Ningún político que a estas alturas se autodefina como demócrata en el Perú podría pasar por alto la gravedad de estos actos inconstitucionales y avalar su impunidad. Sin sanción, estos vicios podrían en un futuro no muy lejano devenir en regla devolviendo al país a los tiempos en que el desgobierno y la dictadura terminaron por envolvernos en el terror.

[1] Ley Nº 29960 “Ley que modifica la ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente Publicado en Diario El Peruano, 12 de diciembre de 2012