El fracaso de la guerra contra las drogas: una propuesta desde América Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció en el acto de investidura el 7 de agosto, la convocatoria a una Conferencia para tratar la desregulación de las drogas, luego de cien años de prohibicionismo sostenido por tres convenciones internacionales (1961, 1971 y 1988). El prohibicionismo ha sido el marco conceptual de la “Guerra contra las Drogas” que anunció en 1971 el presidente Richard Nixon y que aún no acaba, por lo menos en América Latina, donde tuvimos en ese período múltiples casos de corrupción: narco vínculos en Bolivia, el caso de Montesinos y Fujimori en el Perú, militares en México, presidentes en Paraguay.

Luego, tenemos el persistente mantenimiento de la asimetría de precios entre los US$ 1,000 de una misma unidad de un kilo de cocaína en las chacras del VRAEM y los US$ 45,000 en las calles europeas, que impiden el éxito del Desarrollo Alternativo en las zonas de producción. Mientras los países del OCDE demandan volumen, la Amazonía brinda diversidad en pequeña escala. Ni la supuesta flexibilización del comercio internacional ha sido tal: Europa promete mayores restricciones para garantizar el café “cero carbono el 2024…” sin siquiera considerar como la demanda creciente de cocaína de los 21 millones de usuarios que hay en el mundo mantienen las tasas de deforestación y las emisiones de carbono.

Además, tenemos rampante violencia en México, América Central y el Caribe. Pero si lo vemos del lado de la salud pública, basta mencionar los 70,000 muertos por sobredosis de fentanilo en EE.UU. No cabe duda del fracaso de “la guerra contra las drogas” de medio siglo de duración: ningún país ha vencido.

Sin duda se trata de una fuerte declaración política expresada por el nuevo gobernante, con quien nos unen una serie de puntos en común. El Perú sufre aún de la expansión de los focos cocaleros, violencia y muchísima corrupción. Además, el sistema penitenciario no aguanta una persona más.

Desde nuestra posición, entendemos que la propuesta es potente, fuerte y la avalamos, pero sabemos que no el mundo no necesariamente está preparado para continuarla a nivel multilateral. El último intento que realizó un país latinoamericano fue Bolivia el 2009, cuando luego de promulgar la nueva Constitución, se retiró de la Convención de 1961 para luego retornar con reservas. Los 53 países de la Comisión de Estupefacientes rechazaron su propuesta para extraer el arbusto de la coca de la “Lista Uno de Sustancias Controladas”. Es decir, el sistema se protege a si mismo a los cambios.

Por ello consideramos que la única forma de permear y fracturar un sistema jurídico político que está hecho para sobrevivir bajo cualquier circunstancia, es modificando el contenido de algunas de sus instituciones básicas, es el caso del desarrollo alternativo y el principio de la responsabilidad compartida. En ese sentido, debemos articular el alcance del desarrollo alternativo, en función a como se desenvuelve a la luz del actual comercio internacional. No es posible verlo de forma aislada. Mientras los países altamente industrializados demandan materias primas con escaso valor agregado, los países del Sur cumplimos a medias: en la economía legal ofrecemos minerales, productos agrícolas con ciertos niveles de manufactura, pero en la economía ilegal, ofertamos cocaína cristalizada de la mayor calidad y pureza, para proveer a esos 21 millones de usuarios dispuestos a pagar altos precios. El Norte demanda volumen de mercancías, el Sur puede proveer de diversidad y en medianas cantidades. Esos son temas que deben ser revisados a la luz de los dilemas que genera la lucha contra las drogas.

Finalmente, en un mundo post pandemia, absolutamente desordenado y muy volátil, las relaciones internacionales deben conducirse por nuevos marcos de diálogo: en el caso de la responsabilidad por la producción de drogas, está estrictamente ligada a la demanda que hace Occidente. No hay un commodity en el mundo capaz de asemejar tal nivel de precios como el que tiene la cocaína: entre US$ 1,000 y 45,000. En tal sentido, la responsabilidad compartida, debe estar dispuesta a pagar esos 45,000 dólares por kilo que paga el usuario final de cocaína, para poder reemplazarla.