El interregno peruano

La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos” (Antonio Gramsci. “Pasado y Presente”).

La crisis política que vivimos tiene en verdad varios momentos. Se inició en una fecha precisa y concreta: 16 de junio del 2016, aunque no percibimos el final.

Desde aquella fecha señalada, el país ha sido arrastrado a una intensa crisis política que ha dejado como saldo: tres presidentes que perdieron el cargo por diversas acusaciones, un Congreso disuelto, un nuevo Congreso con representaciones parlamentarias desmedidas en sus afanes y ambiciones, integradas por cuestionados congresistas acusados por delitos de corrupción, violencia familiar, algunos con sentencia firme otros en proceso de investigación, y todos ellos con la ambición protagónica de esquilmar el tesoro público para ganarse las simpatías populares.

Pero, seamos claro, la crisis actual no lo ha generado el actual Congreso. Tampoco PPK que tuvo que renunciar antes que lo vaquen, ni el vacado Vizcarra, menos aún Manuel Merino de breve paso por Palacio, obligado a renunciar por la protesta ciudadana; ni el actual gobierno de transición de Francisco Sagasti.

En ese periodo, las crisis dieron lugar a dos interregnos: el primero fue un interregno parlamentario con la disolución del Congreso por la “denegación fáctica” de la confianza al gabinete Del Solar –donde había un predominio absoluto de la alianza del Fujimorismo con el aprismo- que se inició el 30 de septiembre de 2019 y concluyó el 17 de marzo del 2020 con la instalación del nuevo Congreso con una distinta composición de bancadas. El actual interregno es presidencialista: se inició con la vacancia de Vizcarra el 9 de noviembre, y se prolonga a la fecha, dejando en el camino a Manuel Merino -y Antero Flores Araoz- que con una medida audaz se hizo del gobierno pero fue defenestrado por la protesta juvenil ciudadana el 15 de noviembre, siendo reemplazado por Francisco Sagasti el 17 de noviembre. Sagasti y su gabinete con buen criterio se han autodefinido como Gobierno de Transición o Gobierno de Emergencia hasta que se instale el nuevo gobierno el 28 de julio del 2021.

¿Qué es el interregno?

“Interregno”, proviene del latín inter: "entre" y regnum: "soberanía, reinado"; así se definía al periodo de tiempo entre la muerte o caída de un rey y la asunción de su sucesor(1) . Ahora se usa para definir el periodo entre el cierre de un Congreso y la elección de otro, por eso se le denomina “interregno parlamentario”. Se presenta con no mucha frecuencia en los regímenes parlamentarios; mientras que en el caso de regímenes como el peruano durante este período el Ejecutivo asume las competencias del Congreso y legisla mediante Decretos de Urgencia, decretos que luego serán revisados por el nuevo Congreso.

Los casos históricos de periodos de interregno evidencian que éstos no son tranquilos ni son manejados administrativamente dentro de las normas y procedimientos legales. Aunque en regímenes parlamentarios los interregnos son habituales, en otros, los interregnos dan pie a feroces disputas por el poder político que terminan con la afirmación en el poder de un dictador o de nuevas alianzas políticas que controlan el poder del Estado.

El caso histórico más emblemático es el Interregno Soviético estudiado por E H. Carr, quien narra en detalle la lucha por el poder en la naciente Unión Soviética que duró de 1923 – 1928; el interregno soviético propiamente dicho se inició en marzo de 1923 (meses antes de la enfermedad de Lenin) y culminó en mayo de 1924 (semanas después de la muerte de Lenin) con la consolidación del triunvirato que consolidó a Stalin en el poder del Estado soviético(2). Periodo en el cual Stalin liderando una alianza de los líderes del partido bolchevique derrotó a Trostky y se afirmó en el control absoluto de la Unión Soviética. Lo demás es historia harto conocida.

El Interregno peruano

La crisis peruana se inicia en junio 2016 y continúa hasta la actualidad (fines del 2020), con pocas posibilidades de solución a corto plazo. En este periodo, el Estado ha sido escenario de dos interregnos, que no han resuelto el problema de fondo: la crisis en el poder que enfrentó al Ejecutivo con el Legislativo en su manifestación más evidente.

El primer interregno se inició con la disolución del Congreso el 30 de septiembre 2019. Fue un “interregno parlamentario” por la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso por la “negación fáctica” de la confianza planteada por el primer ministro Del Solar; ante este hecho el Poder Ejecutivo ejerció la potestad legislativa, hasta antes de la instalación del nuevo Congreso; así lo establecía la Constitución. En ese breve periodo el Ejecutivo, aprobó 70 Decretos de Urgencia, entre los cuales estaba el DU 043 – 2020 que prolongaba los beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras por diez años más. Con el cierre del Congreso Vizcarra le propinaba una severa derrota a la alianza del fujimorismo con el aprismo, aunque no resolvía la crisis política generada por ese vacío de poder parlamentario.

Supuestamente el interregno parlamentario culminó el 17 de marzo de 2020 con la instalación del nuevo Congreso. Se esperaba que con la nueva composición parlamentaria, y la nueva correlación de fuerzas estaba resuelta la larga crisis política iniciada en julio del 2016. Craso error, la crisis continuó. Había una nueva composición del Congreso, Fuerza Popular pasó de tener 73 parlamentarios en el Congreso cerrado, a tener solo 15 parlamentarios (recientemente ha renunciado la emblemática congresista Martha Chávez), el APRA no logró colocar ningún parlamentario, y nuevas agrupaciones pasaron a cubrir el espacio político dejado por aquellos: Acción Popular logró la mayoría seguida de Alianza para el Progreso, FREPAP, Podemos Perú, Unión por el Perú, Partido Morado, Frente Amplio, y Somos Perú. Esta nueva composición empezó a desarrollar de manera inmediata nuevas confrontaciones con el Ejecutivo y producir nuevas crisis políticas.

El segundo interregno está en curso. Se inició cuando el nuevo Congreso decidió, en dos oportunidades, debatir y aprobar la vacancia del presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”; al segundo intento lo lograron: el 9 de noviembre lo vacaron y designaron como presidente de la República a Manuel Merino presidente del Congreso; éste eligió a Antero Flores Araoz, un político conservador de derecha como presidente del Consejo de Ministros; la decisión del Congreso generó una intensa movilización callejera de jóvenes en todo el país, que fue creciendo en reacción a las más descabelladas declaraciones provocadoras y agresivas contra los jóvenes movilizados por parte de miembros del gabinete Flores Araoz. Acorralados por la crisis producida por ellos mismos, acosados por las movilizaciones juveniles y por el hecho de que los mandos de las Fuerzas Armadas se negaron a respaldar al Presidente, a la Mesa Directiva del Congreso no le quedó otra alternativa que retirar la confianza a Manuel Merino y a su gabinete, y luego renunciar. Al presidente ocasional Manuel Merino no le quedó otra salida que renunciar el 15 de noviembre. El Congreso se eligió una nueva Mesa Directiva y designó a Francisco Sagasti como Presidente Provisional hasta el 28 de julio de 2021.

Este segundo periodo de interregno se desarrolla en un clima extremo de conflictividad social. No son nuevos conflictos, son los mismos que vienen de años atrás, pero que se han activado en un momento de crisis política, exigiendo al gobierno solución a sus demandas.

El conflicto con los trabajadores de las empresas agro exportadoras no era nuevo: la queja contra el capítulo de régimen laboral de las empresas agro exportadoras tenía un largo historial; cuando Martín Vizcarra firmó un Decreto de Urgencia que amplió por diez años más los beneficios tributarios a estas empresas las protestas que ya venían incubándose se reactivaron y finalmente estallaron en medio de la crisis política. Los empresarios agro exportadores creyeron que la ampliación de los beneficios tributarios les ampliaba la impunidad que ya gozaban para mantener una situación laboral insostenible: negación a la sindicalización, a la negociación colectiva, a los derechos sindicales para mantener una precariedad laboral extrema; la demanda sobre los bajos jornales que pagaban las “services” al servicio de las empresas agro exportadoras, era uno de los temas del pliego, pero no el único. Pero el problema estalló ahí, precisamente. La soberbia y la ceguera tiene un precio muy alto en política. Las empresas que ya tenían un beneficio de más de veinte años del que no gozaban el resto de empresas, creyeron que ese beneficio les daba derechos de exigir al gobierno que reprima cualquier movilización que afectara su seguridad. En lugar de investigar las razones de la movilización, y de buscar dialogar con los trabajadores, tomaron la decisión de exigir al gobierno que resuelva mediante el control policial un problema laboral que solo le competía a ellos. Perdieron soga y cabra de la manera más absurda.

No obstante, al gobierno de transición se le ha abierto un frente social popular muy amplio, al que se suman otros espacios de poder en disputa: la resistencia de grupos de poder dentro de la Policía Nacional del Perú, la oposición de los grupos económicos o de los poderes fácticos que buscan recuperar el espacio perdido; el enfrentamiento con bancadas parlamentarias muy corruptas y desmedidas en exceso en sus ambiciones de poder, sabiendo que el presidente Sagasti no cuenta con mayoría congresal. Todo ello hace que sobre el gobierno pese la amenaza constante de la vacancia. Aunque Sagasti cuenta con respaldo ciudadano y la confianza de que va a liderar este proceso difícil de elecciones generales.

El interregno en medio de un proceso electoral no dará estabilidad al gobierno de transición. Este periodo que va hasta las elecciones de abril del 2021 estará marcado por el intento de los Grupos de Poder Económico de recuperar el poder perdido por la crisis de los partidos que sostenían su dominación hegemónica.

Dada la fragmentación de la representación política y la crisis de los partidos es poco probable que en este periodo se puedan construir un bloque de partidos o de alianzas sociales que posibilite construir una hegemonía que haga posible estabilizar al país y cerrar este segundo interregno.

Una larga y prolongada crisis

¿Por qué se llegó a esta situación de grave y profunda crisis del sistema político peruano?. Hay por lo menos tres factores que la explican:

La estrategia Banzai de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular

En verdad, el inicio de la crisis político tiene una fecha clave: 10 de junio de 2016. Ese día Keiko Fujimori aceptó el resultado de las urnas que daban un triunfo ajustado a PPK, pero que a su vez, mostraba que Fuerza Popular había alcanzado con una sorprendente mayoría absoluta en el Congreso. Pletórica de éxito pero también de venganza anunció : "Tenemos una agenda legislativa que propondremos para su aprobación, con los principales proyectos de nuestro plan de gobierno". "Estos cinco años se sentirá aún más la presencia política de nuestro partido"(4).

Este discurso fue el anuncio de una carga banzai, en el mejor estilo de los ataques suicidas del ejército japonés, que aplicado en el Perú, terminó destruyendo todo: interpelaron ministros, censuraron un gabinete, capturaron el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Poder Judicial (aliándose con los grupos más corruptos del sistema je justicia), impusieron al Fiscal de la Nación, designaron en la Contraloría de la República a un personaje corrupto, presionaron para vacar a PPK acusado de delito de recibir coimas de Odebrecht hasta que lograron su renuncia. Producido el cambio de presidente acosaron al nuevo presidente Vizcarra, se enfrentaron al nuevo gobierno cuando intervino el CNM, y todo terminó cuando intentaron de controlar al Tribunal Constitucional (en alianza con el APRA y Acción Popular), imponiendo a seis nuevos integrantes con el cual culminaban una jornada histórica de control político del Estado. Pillados en su ambición desmedida decidieron vacar a Vizcarra cuando éste contragolpeó con el pedido de confianza a fin de intentar detener esa maniobra. Sobrevaloraron sus fuerzas, se burlaron del pedido de confianza, y ante la respuesta del gobierno de disolver el Congreso, en una actitud suicida vacaron a Vizcarra e impusieron (por unas horas) a Mercedes Araoz como presidenta del Perú, que dio al presidente el argumento perfecto para legitimar la disolución constitucional del Congreso de la República, y convocar a elecciones para elegir al nuevo Congreso para completar el periodo 2020 – 2021.

En esa confrontación suicida, en ese grito de guerra banzai, se afirmaron cosas realmente absurdas: “Somos el primer poder del Estado”, declaraba Daniel Salaverry parlamentario de Fuerza Popular (que provenía del Apra), apenas a dos meses de instalado el Congreso y trabajaron afanosamente para imponerse al Ejecutivo y hacer ingobernable el país. Este planteamiento del Parlamento como primer poder del Estado hizo recordar el suicida enfrentamiento del Congreso de la República con el gobierno de Fernando Belaúnde en 1963, en el que la célula parlamentaria aprista clamaba a los vientos que ellos eran el primero poder del Estado, acorralaron a Belaúnde, generaron la crisis política hasta que el general Velasco Alvarado dio el golpe militar de 1968.

Keiko Fujimori y el fujimorismo jamás entendieron que la democracia es equilibrio de poderes, búsqueda del bien común, y defensa de derechos ciudadanos. Aprobaron leyes inconstitucionales hecho que valió una sentencia del Tribunal Constitucional en la que determinó que debería existir la colaboración de poderes en beneficio del bien común de todos los peruanos(5); dieron la espalda a las múltiples manifestaciones ciudadanas que se oponían a los intentos del fujimorismo de imponer su mayoría absoluta en contra de la voluntad popular y del sentido común.

La crisis política y la corrupción en las altas esferas del poder

El poder Ejecutivo -y la figura presidencial- ha sido uno de los más afectados en este largo periodo de crisis política. Se pensaba que con la caída del dictador Alberto Fujimori, se daría una revaloración de la democracia y sus instituciones, el Ejecutivo entre ellos.

No fue así. Por sorprendente que parezca, el mayor peligro para los presidentes no eran los interminables conflictos sociales que explotaban en distintas partes del país, sino el feroz enfrentamiento por el control del Estado por la mayoría congresal fujimorista. Esos enfrentamientos no eran amenazas al modelo económico ni para cambiar las reformas neoliberales que sustentaban a los Grupos de Poder Económico. Nada de eso. Esta cultura tanática de arriesgar su poder político tenía a la base los graves problemas de corrupción que ha hecho metástasis en todo el sistema político peruano, arrastrando a los partidos y líderes; a empresarios y grupos empresariales; al Ejecutivo y las bancadas parlamentarias. Las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht pronto fueron extendiéndose a otros proyectos de inversión, y todo hacía pensar que en el fondo del conflicto había un interés de lograr inmunidad ante los juicios inminentes. Indudablemente que en ese escenario el más débil era el Ejecutivo y sobre todo la figura presidencial.

Ahora se sabe que en verdad que todos los presidentes desde 1990 hasta el 2020 estaban involucrados en corrupción en el uso de los recursos del Estado, en coimas en las licitaciones, en asesorías a grupos empresariales siendo funcionarios públicos como lo apreciamos en el siguiente cuadro.

La quiebra de la republica empresarial

Una de las razones que explican por qué el modelo económico neoliberal aplicado en el Perú tuvo una larga hegemonía política y social, tiene que ver, en parte, con la estrategia que los Grupos de Poder Económico aplicaron, con mucho éxito, por más de treinta años. Ellos dominaron la economía y la política en la dictadura fujimorista; impusieron las reformas del Estado para imponer la economía de mercado y las exoneraciones tributarias que les garanticen sobreganancias; construyeron las alianzas políticas preferentemente con los Fujimori, pero no escatimaron esfuerzos (y recursos económicos en campañas electorales) para sumar a otros líderes y partidos del espectro político nacional cuyos líderes o representantes estaban involucrados en las decisiones de aprobación o promoción de los proyectos de inversión. Francisco Durand, con mucho criterio calificó esta hegemonía de los Grupos de Poder Económico como la República Empresarial. Lo explica de la siguiente manera:

“Lo Grupos de Poder Económico (GPE) desarrollan una estrategia de relación con los distintos stakeholders según sus prioridades para asegurar estabilidad de largo plazo, de modo que no ocurran problemas que afecten sus propiedades, limiten su expansión o amenacen sus niveles de ganancia. Esta estrategia es particularmente necesaria cuando realizan grandes inversiones que deben asegurar una tasa de retorno en el largo plazo. Se trata entonces de una estrategia de manejo del entorno, de modo que las corporaciones logren, en la medida de sus posibilidades, neutralizar toda fuente de incertidumbre.”(6)  (subrayado del autor)

Lo sorprendente es que los Grupos de Poder Económico (GPE) el 2016, lograron la hegemonía completa, plena e integral con la victoria obtenida por PPK al ganar la presidencia y con Fuerza Popular y sus aliados menores como partido dominante en el Congreso. Esta vez sus intereses estaban bien resguardados y defendidos en los dos poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo.

De pronto todo se derrumbó. Entiéndase que la quiebra de la hegemonía de los GPE no ha sido producto de los conflictos sociales que se extendieron en todo el país. Nada que ver. La causa de la derrota de esa hegemonía se encuentra en dos factores:

En primer lugar por la suicida estrategia banzai de Fuerza Popular, que, como hemos afirmado, terminó devorando todo: tres presidentes (PPK – Vizcarra – Merino), dos congresos (uno disuelto y otro sin legitimidad); intervención del Consejo Nacional de la Magistratura, ONPE; caída de mafias ligadas al fujimorismo al interior del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación; defenestración de un Contralor de la República; interpelación de un gabinete y censura de una decena de ministros. Todo ello no era producto de una lucha con fuerzas de oposición radical, sino contradicciones profundas al interior del bloque político en el poder. La inestabilidad política hizo insostenible la gobernabilidad del Estado peruano. Esa incomprensible y violentísima confrontación anuló todas las expectativas de culminar las reformas neoliberales que habían previsto para consolidar la hegemonía neoliberal en el Estado.

En segundo lugar, la corrupción que involucró a la mayoría de ese bloque hegemónico. Poco a poco se fue descubriendo algo que ya se intuía, que los GPE financiaban ilegalmente a líderes y partidos políticos principalmente Keiko, Alan García, Ollanta Humala, Lourdes Flores, Alejandro Toledo, vale decir todo el espectro político con opciones de gobierno. No era sólo la empresa ODEBRECHT la que corrompió a políticos, gobernadores y prensa. La metástasis de la corrupción ya se había extendido a otros espacios de poder del Estado, a los operadores políticos y medios de prensa.

La corrupción no era sólo de este período; tenía larga data; se había consolidado como una forma de hacer política y negocios en el Perú; se acentuó en la dictadura de Alberto Fujimori, y persistió en las dos décadas siguientes, básicamente porque los GPE mantuvieron esta estrategia para seguir controlando las riendas del poder político en el país.

Conclusión

Esta larga pero intensa crisis política ha terminado derrotando a dos actores protagónicos de la política peruana: el sistema político peruano de los partidos que sostuvieron la continuidad del modelo económico y a los Grupos de Poder Económico que mantuvieron su predominio por más de tres décadas. La crisis política les ha llevado a perder el control del gobierno y de instituciones claves del Estado; aunque el desenlace de la crisis aún no está definido.

El interregno peruano en sus dos momentos no tiene visos de solución. Las próximas elecciones de abril del 2021 no lo resuelven, porque en términos de lucha por el poder, lo que resuelve el periodo del interregno es la construcción de una nuevo bloque social en el poder; es decir, la construcción de alianza de intereses de partidos y grupos sociales y económicos que den sostenibilidad al gobierno y sus planes de gobierno.

La pérdida del manejo político por parte de los Grupos de Poder Económico y el cuestionamiento al modelo neoliberal impuesto, se produce no solo por la protesta ciudadana contra su poder hegemónico, sino, sobre todo por el enfrentamiento suicida que provocó Keiko Fujimori contra PPK y que terminó destruyendo todo a su paso. Keiko Fujimori jamás pensó que este afán de imponer sus condiciones al Ejecutivo y al país iba a traer las consecuencias de una mayor crisis.

Cierto que durante el periodo de hegemonía del modelo económico, el crecimiento económico fue sostenido, pero quedó en evidencia, por los continuos conflictos sociales, que este no benefició por igual a los principales creadores de la riqueza (los trabajadores) y a los habitantes donde se encontraban las riquezas explotadas por las industrias extractivas. No obstante, como hemos sostenido, no es este el conflicto principal que ha generado la crisis del modelo, sino sus contradicciones internas en el terreno de la política lo que los ha llevado al descrédito y a la pérdida de legitimidad.

El interregno, desde la perspectiva de la lucha por el poder, se resuelve con la asunción de un nuevo poder, o la conformación de nuevos alianzas políticas capaz de sostenerse en el poder del Estado. ¿Es posible que las distintas fuerzas políticas y sociales puedan construir alianzas políticas para tener viabilidad y legitimidad?. Difícil, por ahora, porque la confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría congresal continúa, y los conflictos sociales tienden a extenderse en el país. El gobierno de transición de Francisco Sagasti va a afrontar un periodo de mayor agudización de la pugna por el control del Estado tanto de las bancadas congresales como de la oposición conservadora que ve que está en peligro los privilegios económicos que sustentaban su dominación económica y política.

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(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Interregno. https://dle.rae.es/interregno

(2) E.H. Carr: “Historia de la Rusia Soviética “El Interregno 1923 – 1924. Alianza Editorial Segunda Edición, Madrid 1977, página 9).

(3) 21 DU en económica; 8 de educación; 7 de la PCM (integridad, reconstrucción, gobierno digital), 6 de transporte, 4 decretos para de protección a contra la violencia; 3 de temas laborales; 3 sector Justicia; 3 de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 2 sobre Cultura; 2 de Energía y Minas; 2 del Ambiente; y uno de cada uno de los sectores Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura.

(4) https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36504011

(5) https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Proyecto-de-Sentencia-0006-2019-CC.pdf. Principio de cooperación: Conforme a este principio, las competencias y funciones de los poderes y órganos constitucionales autónomos deben estar orientadas al cumplimiento de los fines del Estado, a la concreción del conjunto de bienes y valores constitucionales, y siempre teniendo como horizonte la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. De esta manera, entre los poderes públicos resulta de aplicación el principio de “lealtad constitucional”, el cual, además del respeto a las competencias y funciones ajenas, orienta el comportamiento de los actores estatales hacia la consecución del bien común, que debe ser el fin último de la política.

(6) Francisco Durand. “Los doce apóstoles de la economía peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos”. PUCP Fondo Editorial. Lima 2017. Página 76. Véase también: https://ojo-publico.com/481/francisco-durand-ahora-estamos-en-la-republica-empresarial