El lugar de Alberto Fujimori es la cárcel

La cuestionada decisión del Tribunal Constitucional de restituir el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori deja en evidencia una vez más el escaso valor que las altas autoridades del Estado y un importante sector de la sociedad, le da a los derechos humanos, al debido proceso y al manejo transparente de los recursos públicos.

Todo el país sabe que el indulto dispuesto por Pedro Pablo Kuszcynski se concedió de manera ilegal, festinando trámites y como parte de una negociación mafiosa con el entonces congresista Kenji Fujimori para evitar la vacancia presidencial. Por ello fue revocado en el Poder Judicial, ante la invocación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que demandó revisar este proceso irregular y garantizar el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

En buena medida, la sentencia emitida por los magistrados Blume, Ferrero y Sardón es un “homenaje” a todas aquellas malas artes de las que hizo gala Alberto Fujimori a lo largo de la década de los 90, y que fueron continuadas por el movimiento político liderado por su hija en el presente siglo. Bien podría resumirse la práctica recurrente del fujimorismo en dos palabras: impunidad y corrupción.

A pesar de ello, hay quienes señalan que es hora de “voltear la página” y dejar que Fujimori se vaya a su casa, obviando el hecho que el reo jamás ha pedido perdón por sus crímenes, no ha cumplido con pagar la reparación civil y además aún mantiene cuentas pendientes con la justicia.

En Noticias SER rechazamos la decisión del Tribunal Constitucional sobre el indulto a Alberto Fujimori porque pretende consagrar la impunidad de un personaje involucrado en graves violaciones a los derechos humanos y principal responsable del deterioro de nuestra democracia. Asimismo, estaremos atentos a que el gobierno acate en su integridad la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone abstenerse de ejecutar la liberación del ex presidente, quien debe seguir recluido por todos los crímenes que cometió.