El mayor crimen de Estado contra las mujeres campesinas

Existen denuncias sobre esterilizaciones forzadas desde 1996, es decir, desde el primer año en que comenzó a implementarse el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). Asimismo existen contundentes evidencias que dan cuenta de la sistematización y focalización (metas y cuotas) del programa desde 1996, el mismo año de la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) hoy conocido como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Sin embargo recién el lunes 12 de noviembre, luego de 22 años de denuncias, lucha, resistencia e incansable búsqueda por alcanzar la verdad, justicia y reparación de parte de las miles de afectadas y sus familiares, el Ministerio Público abrió denuncia fiscal contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud entre otros implicados en el crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Peruano en la segunda mitad de la década de los noventa del siglo pasado.

La extensa e incansable lucha por justicia, ha sido acompañada en los últimos años por activistas feministas, defensoras de los derechos humanos, artistas, académicas, sociedad civil e incluso por los esfuerzos realizados desde el propio Estado. Sobre este último, podemos resaltar que el Estado Peruano ha dado cuenta desde 1998 de la dimensión sistemática del programa a través de los reportes publicados por la Defensoría del Pueblo (1998, 1999, 2002 y 2005). Así, el Informe Defensorial 69 nos muestra la escalofriante cifra estimada en 300.000 personas: un total de 272.028 mujeres y 22.004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Sólo en el año 1997 se esterilizaron a más de 100.000 personas. En ese sentido, en el Congreso de la República se han producido diversos Informes (2002) que en los años siguientes han permitido que hagan denuncias por genocidio y por crímenes de lesa humanidad.

Aparte de ello, hay que destacar los acuerdos adoptados en el caso de la señora Mestanza Chávez (2001 y 2003) que falleció tras la operación quirúrgica. En los acuerdos suscritos entre el Estado Peruano y los representantes legales de la víctima, con intervención y aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano “admitió responsabilidad internacional y se comprometió a adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común, así como a adoptar medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.” Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, si bien el Estado ha cumplido con la reparación económica a los familiares, ha incumplido en lo que concierne a la reparación moral y en dar impulso a una exhaustiva investigación que llevé a la sanción de los responsables.

Asimismo, en el año 2014 la Biblioteca Nacional del Perú, creó una línea editorial contemporánea titulada “Las Palabras del Mudo” dedicada al pensamiento poscolonial, a los estudios de género, de antropología visual y memoria. Como fruto de ese esfuerzo, se publicó el primer libro de la colección titulado “Memorias del Caso Peruano de Esterilización Forzada” (2014), que cuenta con artículos de especialistas académicos provenientes de diversas disciplinas, testimonios de afectadas y familiares, así como entrevistas a diversas autoridades del campo de los derechos humanos y la salud pública, y en la actualidad es el único libro académico enteramente dedicado al estudio cabal del tema. Esperamos que la academia independiente pueda continuar con el estudio de esta práctica sistemática que afectó fuertemente a diversos estratos de la sociedad peruana.

Un año más tarde, el 5 de noviembre de 2015, el Estado Peruano (MINJUS y MIMP) dio inicio al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) que tan sólo en dos años ha logrado inscribir a más de 7.000 personas en su tercera etapa. Por tanto, hoy podemos hablar de un universo de por lo menos 7.000 víctimas de esterilizaciones forzadas; sin embargo, aún se desconoce el real número de personas afectadas. Los reportes de derechos humanos y estudios académicos indican que solo el 10% del universo total de esterilizaciones realizadas durante el PNSRPF fue realizado bajo la figura de consentimiento legítimo. Es decir, que si bien el universo oficial de víctimas sobrepasa la ya abultada cifra de 7.000, un estimado del universo real habría sido de 270.000 esterilizaciones realizadas sin un consentimiento legítimo.

Asimismo, como parte de los esfuerzos del Estado puede tomarse en cuenta la inclusión desde el año 2017 de un módulo del Proyecto Quipu dentro del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) del Ministerio de Cultura del Perú, el mismo que comprende un archivo de 150 testimonios orales que están al alcance del público a través de dicho módulo y/o a través de la página web del proyecto. Si bien, el LUM aún no incluye el tema como una parte central y permanente dentro del guion museográfico y curatorial, puede considerarse como un primer esfuerzo la inclusión del Proyecto Quipu. Queda claro que el LUM deberá afrontar el reto y realizar esfuerzos concluyentes para actualizar la historiografía de nuestra memoria, puesto que hoy las evidencias sobre las esterilizaciones forzadas son mucho mayores y arrojan nuevas luces sobre nuestra reciente historia tanto del conflicto armado como del llamado proceso de pacificación.

En este contexto, la denuncia penal que el Ministerio Público abre al expresidente Alberto Fujimori, sus ministros de Salud y demás implicados, es un hito en la permanente construcción de la memoria histórica del Perú contemporáneo y sobre todo en la búsqueda por justicia y reparación para las miles de personas afectadas quienes son en su mayoría mujeres de escasos recursos económicos, de procedencia rural y en buena parte de origen indígena. Este triple enfoque de género, económico y étnico en el que se orientó el programa constituye una forma de neo-eugenesia, que atenta permanentemente contra los derechos sexuales y reproductivos de las afectadas pero también contra la vida, la integridad, la igualdad y la cultura de los pueblos originarios.

Como sociedad civil, nos queda dar cara al negacionismo fujimorista que insiste en tildar de ‘mito’ a las miles de esterilizaciones forzadas; hay que vigilar activamente en la búsqueda por justicia y reparación de las afectadas. Luego de sendos archivamientos, con esta denuncia penal, los casos de 2.166 mujeres abren una investigación judicial que debería vincular a todas las afectadas y afectados por esta biopolítica. Este es el inicio de la real batalla de lo que hoy se reconoce –a la luz de las evidencias– como el crimen de Estado más grave y sistemático cometido contra las mujeres rurales desde los tiempos de la Colonia. No será una batalla fácil, puesto que hoy gracias a las investigaciones conocidas como LavaJuez, podemos tener una visión más realista sobre la corrupción instalada en el sistema judicial peruano, sistema que archivó el caso de esterilizaciones forzadas a costa de la vida de tantas mujeres campesinas.

• Foto: “Manuales”. Collage fotográfico digital a partir de imágenes tomadas de los diversos Manuales de Normas y Procedimientos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado miles de esterilizaciones forzadas sobre todo de mujeres campesinas. Alejandra Ballón, 2018