El oscurantismo en los tiempos de la peste

La disponibilidad de la evidencia científica fue escasa para la toma de decisiones gubernamentales en el periodo inicial de la pandemia en el Perú, pero actualmente es ignorada, ocultada, mal utilizada y los investigadores son hostigados o despedidos.

Según el semanario Hildebrandt en sus 13, la Comisión de Protección Social (CPS) en el 2017 elaboró un documento, a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas, y recomendó reestructurar el sistema de salud e incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud. Sin embargo, al año siguiente, el gobierno recortó el presupuesto destinado a este sector. La reestructuración del sistema sanitario y el incremento del financiamiento no representan una discusión nueva, puesto que varias investigaciones a nivel nacional e internacional evidencian las deficiencias de nuestro sistema de salud y la necesidad de mejorarlo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las pruebas rápidas son poco confiables y recomienda cautela en la interpretación de los resultados; países como Chile y Argentina no usaron estas pruebas con fines diagnósticos. En el Perú se continúa con su utilización y la probabilidad de que personas realmente infectadas presenten resultados negativos sigue siendo un problema para la atención médica. Asimismo, es un problema para la medición del impacto de esta enfermedad en la población, ya que no se cuenta con mediciones confiables para saber cuántas personas infectadas y fallecidas existen.

Durante la cuarentena, recibimos mensajes que señalaban que todo estaba bajo control. En ese periodo, medios periodísticos, como The Financial Times e IDL-Reporteros, nos mostraron cuan lejos estaba el Estado de controlar la pandemia. Las cifras publicadas sobre exceso de muertes y las investigaciones en los cementerios no solo pusieron en evidencia las deficiencias de la capacidad de respuesta del gobierno frente al coronavirus, sino las falencias del sistema de salud para controlar otras patologías prevalentes en el país como el dengue, la tuberculosis, el cáncer, además de las muertes maternas. Poco después, el Perú registró la tristemente célebre marca de ser uno de los países con mayor tasa de mortalidad por covid-19 a nivel mundial.

Farid Matuk, durante su participación en el Comando de Operaciones Covid-19, que asesoraba al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia, sugirió –sin sustento científico alguno- que los hombres y mujeres salgan de sus casas para realizar las compras de alimentos en días intercalados. El resultado: desorden y aglomeraciones en los mercados; la distancia física fue pasada por alto y las probabilidades de contagio aumentaron.

La bancada de Unión por el Perú (UPP), a través del congresista Posemoscrowte Chagua, presentó una moción el 14 de agosto con la finalidad de investigar los posibles efectos positivos y negativos del dióxido de cloro, a pesar de que la Digemid, así como varios expertos a nivel nacional e internacional no recomendan su uso. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos de Norteamérica calificó a esta sustancia como fraudulenta.

El equipo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) publicó un estudio que indicó que aquellas personas infectadas por coronavirus que eran tratadas con azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina o sus combinaciones tenían mayor riesgo de morir o de entrar en unidad de cuidados intensivos, en comparación con las personas que recibían cuidados estándar, como hidratación, antipiréticos y soporte básico. Lejos de tomar en cuenta las recomendaciones basadas en evidencia científica, Fiorella Molinelli, directora de EsSalud, el 9 de octubre separó de sus funciones a Patricia Pimentel, directora del IETSI. Pero no fue suficiente: semanas después los investigadores Yamilee Hurtado y Roger Araujo, coautores del estudio mencionado, fueron retirados de sus funciones y el equipo de IETSI –prácticamente- está quedando desarticulado. La hidroxicloroquina dejó de ser recomendada en la guía de tratamiento, pero la ivermectina y azitromicina continuaron usándose para pacientes ambulatorios, a pesar de que no existe evidencia que recomiende su uso.

El 20 de noviembre, a través de la Resolución Ministerial N° 947-2020-MINSA, se aprobó el documento técnico sobre el manejo ambulatorio de personas infectadas por el covid-19 en el Perú. El comité de expertos persiste en recomendar a la ivermectina como tratamiento contra el covid-19.

Ya pasó un año desde que se diagnosticó el primer caso de infección por SARS-Cov-2 en el mundo. Desde entonces hemos aprendido muchas lecciones sobre la prevención, control y tratamiento del covid-19. Es cierto que aún nos encontramos en un escenario rápidamente cambiante y que la velocidad del conocimiento científico no alcanza la velocidad con que el coronavirus se propaga y mata a las personas; no obstante, algunas tendencias se definen y –según el principio bioético de «primero no hacer daño»- está claro que existen algunos medicamentos que ya no pueden ser prescritos, como la azitromicina, la ivermectina y la hidroxicloroquina. En estas circunstancias, la insistencia en la compra y uso de medicamentos sin sustento científico ya no puede interpretarse como ignorancia u obstinación. Por la salud de las peruanas y peruanos, es necesario investigar cuáles son los intereses del Ministerio de Salud y de EsSalud por comprar y recomendar estos medicamentos sin utilidad para enfrentar a un virus que ya infectó a más de 900 mil ciudadanos, causó la muerte de más de 30 mil y cambió la vida de muchos, muchos más.