El retorno de los movimientos sociales

Los dramáticos enfrentamientos que se están produciendo en la costa peruana por la huelga de trabajadores de las empresas agro exportadoras que exigen mejores condiciones laborales y salarios justos, y que el Estado legisle a favor de la población trabajadora, nos debe llevar a comprender que estamos frente al inicio de nuevos movimientos sociales en el Perú.

Considerar que ya no estamos frente a conflictos sociales sino a movimientos sociales con características particulares me parece más apropiado para el análisis de la profunda crisis que atraviesa el país. Los reportes de la Defensoría del Pueblo ya venían advirtiendo del incremento de los conflictos sociales aún en medio de la pandemia y de la (supuesta) inmovilidad social. Como se podrá apreciar en el gráfico adjunto, la cifra de conflictos se mantenía alta pero constante; lo que se explica porque su tratamiento estaba sujeto a largos procesos de negociación que mantenían activa la conflictividad.

Dos hechos nuevos potenciaron la ya crítica situación de conflictividad: la pandemia generada por el COVID 19 y la crisis política. El tremendo impacto del cierre de la mayor parte de la actividad productiva y comercial y la inmovilización social, que en un principio se pensó sería por pocos meses, generó despidos masivos de trabajadores, cierre de negocios, forzó a que cientos de pobladores retornen a sus pueblos, ante la desesperación de no contar con ingresos y el peligro de quedarse expuesto al contagio y la muerte.

De otro lado, se pensó que el cierre del Congreso el 30 de septiembre 2019 y la convocatoria a elecciones amenguaría la crisis política. No fue así. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso alcanzó los niveles más altos de conflictividad derivando en una crisis sin precedentes: el Congreso vacó al presidente Vizcarra por “incapacidad moral comprobada”, designó en su reemplazo a Manuel Merino; ante el rechazo espontáneo de la ciudadanía en la mayoría de las ciudades y la tremenda confrontación en las calles y plazas, éste renunció; renunció también la mesa directiva del Congreso que lo eligió; y se eligió a Francisco Sagasti como presidente del Congreso, y por ello debió asumir el mando de un gobierno de transición. No obstante, la crisis política se mantiene, al mismo tiempo que los conflictos sociales se incrementan.

La crisis política que vive el país no es un hecho de los últimos meses. El antecedente inmediato de la actual crisis se inicia con el cierre del Congreso el 30 de septiembre. Si se pensó que la decisión del presidente de Vizcarra de convocar a elecciones congresales resolvería la confrontación Ejecutivo – Legislativo, pues se equivocaron, no solo porque se intensificó este conflicto, sino porque su persistencia evidenció que en el Perú se arrastraba una larga crisis política cuyos picos más altos se alcanzaron durante el periodo de gobierno 2016 – 2020.

Es en este proceso que los innumerables conflictos sociales sentaron las condiciones para el resurgimiento de los movimientos sociales con las particularidades que a continuación detallamos.

La oportunidad de los movimientos sociales

Es necesario diferenciar un Conflicto Social de lo que es un Movimiento Social. Los conflictos sociales deben ser estudiados como parte de un proceso histórico y las tendencias y regularidades que se van formando, que pueden llevar a cambios significativos de la sociedad(1).

Los Conflictos Sociales, como lo define Charle Tilly, tienen como base las grandes y profundas desigualdades. La desigualdad, “es un producto histórico, resultado de la explotación, el acaparamiento de oportunidades…, está sujeto al accionar humano; consiste en la distribución dispareja de atributos entre un conjunto de unidades sociales tales como individuos, las categorías, los grupos o las regiones(2). “La desigualdad y exclusión existente son, a su vez, producto de un proceso histórico(3). No obstante, siendo los conflictos una interacción entre dos o más actores, pueden acotarse a una mesa de negociación entre las partes.

Un Movimiento Social, tal como lo define Sydney Tarrow, sólo debe ser considerado como tal “cuando las acciones colectivas se basan en redes compactas y estructuras de conexión y utilizan marcos culturales consensuados orientados a la acción, en donde podrán mantener su oposición en los conflictos(4). Los movimientos más que una expresión de violencia y privación, es una consideración de desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridades en una interacción mantenida con las elites, los oponentes o las autoridades.

La existencia de cierto número de acciones de protesta no constituye por sí misma un movimiento social, “a menos que estas acciones sean percibidas tanto por los simpatizantes como por los oponentes como parte de un movimiento mayor, por muy radicales que sean permanecerán aisladas y no se acumularán”(5).

¿Cuáles son los desafíos colectivos que afrontó la sociedad peruana desde los primeros años de la caída del fujimorismo a la fecha? De manera somera podemos destacar las que considero importantes:

1. Los cambios sustanciales a un modelo económico que en su manifestación superficial mostraba el crecimiento económico y el fortalecimiento de los grupos de poder económico controlando el poder político, pero que incrementaba las profundas desigualdades sociales y económicas existentes.

Ahora se reconoce que el crecimiento de las empresas agro exportadoras, con beneficios por más de veinte años, se sustentaba en el pago de jornales básicos, menos impuestos y un menor aporte a EsSalud (4%) para atender a los trabajadores; esto último generó que los costos de atención a la salud de los trabajadores de esas empresas se sostuviera con el subsidio de los otros aportantes al seguro de salud que pagaban el 9% del salario básico.

Quizá el rasgo más grave de este modelo es que se basó en la liquidación de los sindicatos y de los mecanismos de negociación colectiva. Cierto que el sindicalismo peruano vivía ya una larga crisis y que, para finales de la década del ochenta había perdido protagonismo. La nueva política económica impuesta durante el fujimorismo para proteger a la agro exportación se basó en la eliminación de la negociación colectiva de los jornales y el desconocimiento de los sindicatos. Esto se tornó más crítico con el protagonismo de las denominadas “services” como mecanismo de intermediación entre la empresa y el trabajador para evitar así asumir costos laborales que, por lo demás, no eran externos al modelo.

La factura de este modelo la estamos pagando hoy: este movimiento de los trabajadores no tiene a la base organizaciones sindicales con los cuales dialogar, y eso lo torna más explosivo y violento.

Eso ha pasado también con los conflictos de las comunidades nativas y organizaciones campesinas contra las inversiones de las industrias extractivas. Tarde el Estado reconoció que a la base de las protestas de las comunidades estaba la mejor redistribución de la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales. Un canon mal aplicado y peor distribuido fue la base de los reclamos que han tornado explosiva la relación de los pueblos con las empresas extractivas. Más aún, generó expectativas de dirigentes y pobladores por la distribución inmediata y directa de los recursos; mentalidad rentista que tornó insaciable y sin perspectivas la relación empresa - comunidad.

La pandemia evidenció los graves problemas de la salud pública, no solo por la falta de infraestructura y de profesionales de la salud. A la base de todo estaba la manera cómo los gobiernos desde Fujimori en adelante, descuidaron las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura sanitaria y la dotación de personal médico y de técnicos de la salud. Una muestra de ello es que antes que se declare la pandemia en el país había un déficit de más de 50 mil médicos en los hospitales y de más de 100 mil enfermeras y técnicos de la salud, La crisis de la pandemia desnudó esa horrible precariedad de la salud pública. A ello debemos añadir que en una situación de grave crisis el gobierno fue permisivo en el desempeño de las clínicas privadas y farmacias que expoliaron los escasos recursos de la población por las increíbles tarifas de las medicinas y la atención de clínicas privadas, el Estado no pudo aplicar los mecanismos de control necesario.

Los conflictos que se produjeron en torno a estos problemas ya no eran, ni se pueden resolver con las reglas del modelo creado por el fujimorismo y sustentado por los grupos de poder económico. Las actas de negociación y acuerdos de mesa de diálogos bordean más de mil; algunos de los acuerdos son imposibles de cumplir ya sea porque los firmaron sin tomar en cuenta los cambios políticos que ellas contenían, ya por la magnitud de los recursos que comprometen.

2. La demanda por una ciudadanía de pleno derecho. Quizá no se percataron que luego de la caída de la dictadura de Fujimori, la recuperación de la democracia no solo consistía en tener elecciones libres; lo que fue germinando en los desordenados procesos de conflictos y movilizaciones sociales fue una concepción democrática de los ciudadanos: ser consultados en las decisiones que afectaban su entorno social. El denominador común en algunas movilizaciones ciudadanas era su derecho a ser consultado de las decisiones del poder como por ejemplo el caso de la aprobación por el Congreso de la denominada “Ley Pulpín”. La consulta previa que demandaban las comunidades nativas respecto de la autorización de los proyectos de explotación de los recursos que se encontraban en sus territorios, tenía una relación directa con la exigencia ciudadana de que las leyes fundamentales que aprueba el Congreso o el Ejecutivo tomarán en cuenta sus opiniones y sus intereses.

Los nuevos movimientos sociales en el Perú

Respecto de las particularidades del movimiento social que fue configurándose en el periodo 2010 – 2020, podemos señalar dos:

En primer lugar, la desconfianza ciudadana en el poder político se incrementó cuando poco a poco se fue descubriendo la descomunal red de corrupción en la que estaban inmersos todos los presidentes de la República, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales. Más aún, comprobar que los grupos de poder económico sostenían esa relación corrupta entre la política y la economía, incrementó la exigencia de un mayor control del poder político y una mayor transparencia en la gestión pública.

En segundo lugar, la demanda de ser consultados por el poder político. Las reiteradas movilizaciones sociales que se produjeron en las dos últimas décadas han estado marcado por la exigencia de los ciudadanos de ser consultados por el Gobierno o por el Parlamento antes de aprobar leyes.

Hubo cuatro manifestaciones que evidenciaban que estábamos frente a un renacer de movimientos sociales, liderados por jóvenes indignados:

1. El 22 de julio del 2013 contra la decisión del Congreso de la República de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los directores de Banco Central de Reserva del Perú, mediante un escandaloso acuerdo de repartirse dichos cargos entre allegados a las distintas bancadas. Si bien los acuerdos en el Congreso para designar a sus titulares de instituciones clave son de su competencia, esta vez se hizo mediante un “oscuro acuerdo” en la que los partidos en el Congreso se repartieron estos cargos sin que los designados contaran con los méritos profesionales necesarios.

El escándalo estalló cuando se difundieron audios de la repartija que mostraban que a los congresistas les interesaban los méritos de los designados anteponiendo a ello sus intereses partidarios y de grupo. Las movilizaciones fueron inmediatas: el 22 de julio cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza San Martín, cantaron el Himno Nacional, y se dirigieron a protestar a las afueras del Congreso. Con los días la intensidad de la movilización fue creciendo, se realizaron movilizaciones el 27 y 28 de julio, hasta que el Congreso, finalmente dejó sin efecto esos nombramientos, o mejor “esa repartija”. La consecuencia de ese hecho es que no solo se desprestigió el Congreso sino también los partidos que participaban en él.

2. El 11 de diciembre de 2014 el Congreso aprobó la Ley N. 30288 con el título: “Ley que promueve el acceso a los jóvenes al mercado laboral y a la protección social”. Dicha Ley era una iniciativa del MEF que, a su vez, había recogido la propuesta que la Asociación de Exportadores (ADEX), Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y la CONFIEP habían hecho llegar al Gobierno. Esta ley contemplaba lo siguiente: los jóvenes de 18 a 24 años que ingresaban a laborar en las empresas no contarían con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), no eran beneficiados del pago de utilidades, no contaban con seguro de trabajo de riesgo y las vacaciones serían solo de 15 días.

La reacción de los jóvenes fue inmediata, se convocaron a movilizaciones; de manera espontánea el 22 de diciembre en la Plaza San Martín se concentraron cerca de veinte mil manifestantes, que luego se dirigieron al local de la CONFIEP; los días siguientes: 29 de diciembre y 15 de enero, se produjeron movilizaciones en otras ciudades del país. El 26 de enero centenares de jóvenes se concentraron en los alrededores del Congreso para exigir la derogatoria de la Ley Pulpín, lo que ocurrió ese mismo día.

Lo que dejó en evidencia esa movilización era que la iniciativa de la Ley había partido de los grupos de organizaciones empresariales, y que tanto el Ejecutivo como el Congreso solo la habían tramitado y convertido en Ley. No hubo consulta ni a los gremios de trabajadores ni a los jóvenes que ya contaban con redes de comunicación y organizaciones que los representaban.

3. En junio del 2017, el Congreso puso en agenda la discusión del Proyecto de Ley N. 1104 – 2016 – PE “Ley de Formalidades Laborales” dirigidas a promover la contratación de jóvenes de 18 a 29 años. La reacción de jóvenes y de los sindicatos fue inmediata. La denominaron “Ley Pulpín 2.0”. Lo que este Proyecto de Ley proponía era un subsidio por parte del Estado a las empresas para que puedan contratar personal sin pagar el 9% correspondiente al aporte a EsSalud; dicho pago sería asumido por el Estado.

Evidentemente, la iniciativa había surgido de las grandes empresas y era apoyada por la bancada de Fuerza Popular, debido a que las empresas estaban urgidas de contratar personal pero sin los costos que le significaban el pago a EsSalud. La movilización contra la aprobación de esta norma fue inmediata: se iniciaron el 27 de junio y se prolongaron hasta el 30 de agosto hasta que finalmente consiguieron que dicho proyecto de Ley se retirara.

4. Las movilizaciones convocada por los colectivos “No a Keiko”, ha sido otra de las manifestaciones de un movimiento social que buscaba impedir que el fujimorismo vuelva al Gobierno. Si bien sus inicios se remontaron a la campaña electoral del 2011, en los años siguientes estas manifestaciones se hicieron recurrentes no solo ante el proceso electoral sino frente a los intentos de la liberación de Alberto Fujimori. En la campaña presidencial del 2016 el movimiento “No a Keiko” se hizo más sólido y determinante: se produjeron movilizaciones multitudinarias en Lima el 12 de marzo, 5 de abril, y el 31 de mayo. Finalmente lograron que Keiko perdiera las elecciones en la segunda vuelta. Este movimiento, no obstante su constancia y capacidad de movilización nunca tuvo líderes visibles, tampoco avanzó hacia la consolidación de colectivos con propuestas o iniciativas políticas. Fue una simple manifestación de rechazo, fue un estado de ánimo que buscaba cerrar el paso al fujimorismo que encarnaba Keiko Fujimori.

Los nuevos protagonistas

Los hechos descritos deben ser interpretados como la manifestación de una insurgencia juvenil que clama ser protagonista de la construcción de un país más inclusivo, democrático y tolerante con las nuevas formas de hacer política en el Perú.

La insurgencia juvenil tenía a la base una realidad muy dramática: el desempleo, la inactividad y la falta de calidad del empleo. La falta de perspectivas para una juventud sin posibilidades de contar con una salud y educación que les permita competir en un mercado laboral ya de por sí estrecho, pero también de un hartazgo de los partidos y líderes políticos inmersos en procesos nada claros de designaciones de cargos públicos, aprobación de leyes y con procesos judiciales por delitos de corrupción, violencia familiar entre otras denuncias; algunos de ellos terminaron en la cárcel.

Pero, así como surgieron con la intensidad de movilizaciones masivas y violentas (algunas) para oponerse a una ley o a un “negociado”, así también desaparecieron del escenario para reaparecer luego ante hechos similares; después de todo, las oportunidades políticas para reactivarse se presentaban cada vez con más frecuencia. Estas movilizaciones pusieron de manifiesto el uso nuevas formas organizativas así como las redes sociales y sus aplicaciones como Tik tok, Instagram, Facebook, que fueron tremendamente efectivos a la hora de luchar contra objetivos muy concretos.

Estos nuevos movimientos apoyados por redes sociales cada vez más eficientes, no ha sido entendida ni comprendida, sobre todo por las autoridades políticas; éstas, lejos de ver la causa que originaban estas repetidas explosiones de movilización social, buscaron identificar a los que consideraban los “autores intelectuales”, a la vez que calificaban de “terrucos” a todos los que participaban en las movilizaciones. Vale decir, de inicio daban a estas protestas un tratamiento policial y militar, buscando judicializar a quienes consideraban autores intelectuales y materiales de los movimientos sociales.

No obstante, hay un hecho relevante en todos los procesos de movilizaciones producidas: los protagonistas, en su mayoría eran jóvenes. Su presencia tanto en las manifestaciones de protestas, en las acciones callejeras, como en las diferentes mesas de diálogo y negociación era cada vez más protagónica. Así lo pude apreciar en las mesas de diálogo en las que participé; y así se puede observar en los repetidos conflictos sociales.

Probablemente estemos frente a un cambio generacional de dirigentes sociales y populares; no son propiamente dirigentes políticos que representen a un partido o movimiento político; tampoco se puede apreciar una vinculación directa de estos dirigentes con las campañas electorales. No se vislumbra que haya una organización política o religiosa tras ellos; y si así lo fuera, lo mejor es asumir con ellos la tarea de construir una sociedad más democrática y tolerante, más inclusiva con la garantía de derechos ciudadanos.

A manera de conclusión

Los movimientos sociales están de vuelta. Qué duda cabe. No hay que temer al movimiento social que levanta banderas democráticas. Este ciclo de veinte años de una mala transición democrática tiene que concluir. Es hora de la renovación de la política, de los partidos, y de poner la política al mando para la construcción de una sociedad más democrática e inclusiva.

Considerar que la democracia está en riesgo por la presencia de los movimientos sociales es un grave error. “El futuro de la democracia – afirma Tilly – depende de las conexiones entre redes de confianza y los regímenes políticos; la retirada generalizada de esas redes de la política pública, cuando se produce daña a la democracia. La privatización de la seguridad social o de la atención de la salud, la retirada de las elites o de las minorías de las escuelas públicas y la sustitución del contacto directo por la comunicación electrónica entre los activistas políticos tiene el potencial de producir justamente esa retirada destructiva de las redes de confianza de la política pública en las democracias en nuestros días y, por tanto, de dañar la democracia misma” .

Recuperar la confianza es básico en estos tiempos, pero la confianza sin cambios, y sin incluir a las nuevas generaciones que buscan expresarse y ser protagonista de los cambios, no tiene viabilidad.

---

(1) Mills, Wright: “Los marxistas”. Ediciones Era S.A. 3ª Edición. México 1970, página 3.

(2) Tilly, Charles: “La desigualdad persistente”. Editorial Manantial SRL. Buenos Aires 2000, página 25.

(3) Dahrendorf, Ralf: “Oportunidades vitales. Notas para una teoría social y política”, página 82 Espasa Calpe S.A. Madrid 1983.

(4) Tarrow, Sidney: El Poder En Movimiento: Los Movimientos Sociales, la Acción Colectiva y la Política Segunda edición. Alianza Editorial, 2004

(5) Sydney Tarrow: “Teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales”