En Ayacucho rechazan la controvertida liberación de Alberto Fujimori

En medio de cuestionamientos y desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la tarde del día miércoles 6 de diciembre, se puso en libertad a Alberto Kenya Fujimori Fuimori tras la orden del Tribunal Constitucional (TC). Se recuerda que el exmandatario purgaba condena por diversos delitos, tales como la usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro (matanza de Barrios Altos, la Cantuta) y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer), entre otros; por lo que, en 2009 fue condenado a 25 años de prisión. Sin embargo, ha sido liberado once años antes de cumplir con su penalidad gracias a los votos de Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Tics, miembros de la TC.

Ante la situación, profesionales ayacuchanos emitieron su opinión a Noticias Ser

Carmen Aroni Salazar, docente, artista y activista por los DDHH, mostró su indignación y precisó que la libertad de Fujimori responde a ciertos intereses de poder y lamentó que se le libere sin que se haya cumplido la condena estipulada, ni haber pagado la reparación civil que pesa en su contra. “Él ha sido sentenciado por temas de corrupción, por haber mandado a asesinar a muchas personas, vulnerando así los derechos humanos. Bajo su responsabilidad hay culpabilidades. Por qué él no cumple su condena, ni hace el pago y por qué a otros sí se les exige… Tenemos autoridades que solo viven el momento y se han olvidado del Perú. Estamos en un Perú donde la desigualdad, la inequidad priman, estamos en un país pobre en valores, en todo el sentido de la palabra; frente a esto los pocos peruanos que tenemos conciencia tenemos que seguir adelante”, mencionó.

Mientras que, el politólogo Lincoln Onofre Lagos, explicó que el escenario no beneficia al Estado peruano al desobedecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta decisión responde al lado político antes que el marco legal.

“Nosotros estamos sujetos a un convenio con la Corte IDH, que es un organismo supranacional que ayuda a garantizar nuestros derechos y, creo que, lo que ha sucedido no nos favorece en nada, dado que en el mismo argumento habría personas que también deberían de salir de prisión; por ejemplo, si estuviera en vida Abimael Guzmán, tranquilamente pudo haberse acogido a las mismas condiciones y no es la idea”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que es improbable que Alberto Fujimori retorne a prisión como sucedió en el año 2019, luego del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

“Yo veo improbable de que retorne a la cárcel, dadas las circunstancias políticas que nosotros atravesamos; también hay que ver cómo va a resolver la familia respecto del espacio donde se va a quedar; por ejemplo, yéndome al extremo, si ellos resuelven de que su padre se vaya a Japón, que ya lo hizo una vez, sería no extraditable y estaría en libertad allá, es una posibilidad bastante lejana dada la situación de su padre, pero sigue siendo una posibilidad. Lo otro es que el Estado asuma los pasivos, las sanciones que emita la Corte IDH o que, más bien, resuelva este caso y que disponga que retorne a prisión, pero cada vez que esto sucede, y bajo la crisis política que estamos viviendo, siempre está condicionado a estos pactos entre el congreso y ejecutivo y la fiscalía de la nación”, añadió.

Finalmente, el antropólogo y docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Jeffrey Gamarra Carrillo, explicó las razones a las que se ajustaron las condiciones de libertad del octogenario Alberto Fujimori.

“Yo creo que es como degradar el derecho humanitario, en otras circunstancias donde el poder no se dispone para un indulto, en otras circunstancias, el derecho humanitario hubiera permitido una liberación en base a cuestiones legales, en base a mandatos establecidos; pero esta liberación a las claras es un atentado, son presiones del poder para lograr esa liberación. Entonces la razón humanitaria acá, simplemente se ve disminuida, se ve destrozada, porque lo que se impone es la razón del poder, del manejo y finalmente el poder de imponer un indulto a la fuerza. Lo segundo es que es el Perú es país signatario de los acuerdos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde la comunidad de los derechos humanos lo que se ha hecho es un atentado a los mismos”, puntualizó.